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Crisis de medicamentos en Venezuela; Maduro confía en que Cuba los suplirá

Cada día más vacías las farmacias de Venezuela
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Cada día más vacías las farmacias de Venezuela.

La Federación Médica de Venezuela aseguró que los médicos del país tratan de asistir a los pacientes con un 5% de materiales, incluyendo medicamentos.

La escasez de medicamentos en Venezuela sigue siendo una tragedia visible en farmacias y hospitales, semanas después de que el Parlamento declarara una "crisis humanitaria de salud" que, entre otras cosas, se manifiesta en la falta de 872 fármacos esenciales.

Enfermos de cáncer, portadores del VIH, hipertensos y diabéticos, entre otros, deben peregrinar por las farmacias de todo el país en busca del tratamiento farmacológico que requieren para sobrevivir, conseguir que se lo envíen desde otro país o caer en el mercado ilegal.

La Federación Farmacéutica de Venezuela respalda al Parlamento al asegurar que el país vive una "crisis humanitaria" debido al desabastecimiento de medicamentos, que estima en un 80%.

Efrén Freay, de 37 años, sufre de aplasia medular, enfermedad que afecta la médula ósea y puede degenerar en leucemia. Después que recibiera un trasplante de médula ósea hace más de un año, requiere de un tratamiento que incluye medicamentos que debe consumir de por vida, que cada día se le hace más difícil conseguir y que, cuando los obtiene, es a un costo exorbitante.

"Yo soy un paciente trasplantado, yo tengo un control, el monstruo está ahí, está dormido, pero no puedo dejarlo despertar, y la falta de medicamentos ha hecho una descompensación que cada día se va acelerando más", indicó a Efe Freay, quien en los últimos días consiguió parte del tratamiento a través de las redes sociales.

Necesita tomar un fármaco para evitar la inflación celular que cuesta unos $48 (480 bolívares al cambio oficial de 10 bolívares por dólar que se destina para los medicamentos en el marco del control de cambio).

Pero el asunto es que no se consigue en ninguna farmacia. Por ello, recurre al mercado ilegal, donde se lo venden sin caja y sin conocer su procedencia o fecha de vencimiento a 30.000 bolívares (más del salario mínimo, situado en 24.720 bolívares o cerca de 100 dólares al cambio oficial más alto).

En enero pasado, cuando el Parlamento declaró la emergencia humanitaria en salud, el ciudadano Richard Medina tuvo un derecho de palabra en la sesión ordinaria y aseguró que su hijo de tres años había muerto recientemente "por falta de un medicamento" contra el cáncer.

"Dejen de lado los partidos políticos, porque mi hijo de tres años nunca eligió a nadie, no tuvo la oportunidad por falta de un medicamento", dijo Medina entonces.

En el Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela (HUC-UCV) reciben a muchas personas que no fueron aceptadas en otras instituciones públicas de salud y que rechazaron, según los pacientes, porque no tienen materiales ni medicamentos para atenderlos.

Aún así en el HUC, muchos pacientes y sus familiares dijeron a Efe que deben salir a rebuscar por todos lados buena parte del tratamiento indicado para sus dolencias, porque en el hospital no hay, y tampoco se consigue en las farmacias.

A las puertas del hospital, los familiares se intercambian ansiosos información entre ellos para recabar pistas sobre la forma de conseguir el deseado remedio.

La Federación Médica de Venezuela aseguró este miércoles que los médicos del país tratan de asistir a los pacientes con un 5% de materiales médicos, incluyendo medicamentos.

La Red Venezolana de Gente Positiva RVG+, en la que se encuentran inscritas 61.686 personas que portan el virus del sida, denunció a principios de mes que las vidas de estos ciudadanos están amenazadas porque "los 30 tipos de medicamentos antirretrovirales disponibles en Venezuela se agotarán" en junio.

El diputado opositor José Manuel Olivares aseguró la semana pasada que en el país "no hay" medicamentos para tratar el cáncer, la diabetes, la tensión, las convulsiones o el Parkinson, así como tampoco pastillas anticonceptivas, analgésicos y antipiréticos, entre otros.

Un día antes de la declaración de Olivares, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la firma de un convenio con Cuba por el que La Habana se compromete a suministrar medicamentos a Venezuela "para resolver el grave problema" de la escasez de fármacos que sufre el país.

"Cuba se suma con este plan al motor farmacéutico de la agenda económica bolivariana para unirnos en calidad, con buenos precios, con seguridad", dijo Maduro entonces.

La bancada parlamentaria chavista asumió en el pleno de la Cámara que existe un grave problema de falta de medicamentos, pero se negó a respaldar un proyecto de "Ley especial para atender la crisis humanitaria en salud" al señalar que la frase "crisis humanitaria" invita a una "posible intervención extranjera".

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La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa se realizará en Madrid

Acciones represivas en Venezuela contra la prensa (Reuters).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció en un comunicado "que realizará su 77ª Asamblea General del 28 al 31 de octubre en Madrid, España, lo que marcaría el retorno a las actividades presenciales de la organización tras dos años de reuniones virtuales a consecuencia de la pandemia".

"Aún tenemos por delante un largo camino hacia la recuperación, particularmente en los países de América Latina", aseguró el presidente de la SIP, Jorge Canahuati Larach.

Agregó, sin embargo, que "estamos complacidos de volver al formato de reuniones presenciales ya que son nuestra fortaleza, parte de nuestra cultura, y necesarias para seguir trabajando con eficiencia por la libertad de prensa y el futuro de nuestra industria".

La reunión de la SIP se celebrará en el Hotel Meliá-Castilla de Madrid. Una caída en las tasas de infección en España, así como el avance en la aplicación de vacunas ha permitido el levantamiento de los toques de queda en esa nación que inició la reactivación de su infraestructura turística, incluyendo la organización de conferencias internacionales.

"Confiamos en que, en los próximos cinco meses, hasta fines de octubre, nuestro hemisferio seguirá logrando avances importantes en la erradicación del Covid-19 lo cual nos permitirá llegar más fortalecidos a nuestro encuentro en Madrid", aseguró Canahuati, presidente del Grupo Opsa, de Honduras. Canahuati destacó la flexibilidad y el apoyo logístico del Hotel Meliá-Castilla para la realización del evento.

La última reunión presencial de la SIP antes de la pandemia tuvo lugar en octubre de 2019 con la celebración de su 75 asamblea general en Coral Gables, Florida. Durante la emergencia sanitaria, la SIP realizó virtualmente una asamblea anual, dos reuniones semestrales y tres conferencias sobre temas digitales, SIPConnect.

El comunicado añadió que la SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Blinken elogia resolución OEA que condena al régimen de Ortega en Nicaragua

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blonken, durante una conferencia de prensa. Saul Loeb/Pool via REUTERS

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo en un comunicado que una abrumadora mayoría de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos enviaron el martes “un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y su lucha por elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas”.

El secretario de Estado señaló que la resolución aprobada condena la represión del régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo en Nicaragua y pide la liberación inmediata de los cuatro candidatos presidenciales detenidos recientemente, junto con más de 130 presos políticos más.

También concluye que, “a raíz de la reciente represión del régimen y la falta de una reforma electoral significativa, no existen las condiciones para unas elecciones libres y justas en noviembre”.

Blinken reiteró que Estados Unidos apoya firmemente el llamado del Consejo Permanente de la OEA para que el presidente Ortega “tome medidas urgentes para restaurar el pleno respeto de los derechos humanos y crear las condiciones para elecciones libres y justas”.

Asimismo opinó que “es hora de que el régimen Ortega-Murillo cambie de rumbo, respete tanto su propia constitución como sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana, y permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos, incluido el derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas”.

El jefe de la diplomacia estadounidense declaró además que Estados Unidos espera continuar trabajando con los estados miembros de la OEA, así como con otros gobiernos democráticos de todo el mundo, incluidos los socios en la Unión Europea, para presionar por una mayor libertad para el pueblo nicaragüense.

Blinken expresó que a través de la votación, los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio, dado los compromisos compartidos con la democracia y los derechos humanos.

El martes, en una votación de 26 países a favor, tres en contra y cinco abstenciones, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución expresando su preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no ha implementado medidas de reforma electoral consistentes con los estándares internacionales aplicables para asegurar que las elecciones programadas para noviembre de 2021 sean libres y justas.

La resolución también condena inequívocamente el arresto, el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a posibles candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes y pedir la liberación inmediata de los posibles candidatos y de todos los presos políticos.

Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó la resolución que, según dijo, “se pretende imponer al Estado soberano de Nicaragua” y la declaró “inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua”.

Coche bomba deja 36 heridos en unidad militar de Colombia; hipótesis apuntan al ELN y disidencias FARC

El área donde ocurrió la explosión en Cúcuta, Colombia.

La explosión de un carro bomba en una brigada del Ejército de Colombia en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, dejó el martes 36 personas heridas.

El presidente Iván Duque dijo que fue un ataque “demencial” y mencionó una recompensa de 500 millones de pesos y la participación directa de Estados Unidos en la investigación.

Duque declaró que están en investigación dos hipótesis: una apunta al frente 33 de las disidencias de las FARC y otra a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá señaló que "un reducido número de militares estadounidenses se encontraba en la base militar colombiana de Cúcuta" y aclaró que no presentan heridas de consideración.

"Rechazamos y repudiamos este acto terrorista y vil que buscó atentar contra los soldados de Colombia en la Brigada", dijo Diego Molano, Ministro de Defensa de Colombia.

"Treinta y seis personas resultaron heridas. Tres de ellas presentaron algún nivel de gravedad, una de ellas ya fue intervenida quirúrgicamente", aseguró Molano al revelar que 29 de los heridos están hospitalizados.

Molano explicó que dos hombres condujeron una camioneta Toyota blanca al interior de la brigada militar después de hacerse pasar por funcionarios públicos y que se registraron dos explosiones del mismo vehículo.

"La hipótesis inicial es que el ELN está detrás de este acto demencial y vil. También es materia de investigación la involucración de las disidencias de las FARC", aseguró Molano.

El Gobierno acusó a finales de marzo a las disidencias de las FARC de un ataque con un carro bomba que dejó 43 personas heridas y ocho casas destruidas en el departamento del Cauca, en el suroeste del país.

En enero de 2019 un carro bomba explotó al interior de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Bogotá, en un ataque de la guerrilla del ELN que dejó 22 muertos y que frustró las posibilidades de un diálogo de paz con ese grupo rebelde.

En febrero de este año Cuba alertó a Colombia acerca de un posible atentado fraguado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), en una movida que expertos entrevistados por el diario El Tiempo interpretan como "un desmarque" de La Habana con las guerrillas que le valieron la vuelta a la lista de países patrocinadores del terrorismo.

​En el documento, entregado por el embajador cubano José Luis Ponce Caraballo a la Cancillería colombiana, se asegura que la acción armada la ejecutaría el Frente de Guerra Oriental cuyos cabecillas se encuentran en Venezuela.

"Nuestra embajada en Colombia recibió una información, cuya verosimilitud, no podemos evaluar, acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de Guerra del ELN para los próximos días en Bogotá", aseguraba la carta del embajador cubano.

Aunque la Dirección Nacional del grupo guerrillero ELN precisó en un comunicado que “después de verificar con todas las estructuras guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional, clarificamos que la información que recibió la Embajada de Cuba en Bogotá no hace parte de los planes militares del Eln, y es posible que se trate de un falso positivo montado por la inteligencia militar del Estado”, Colombia ratificó la responsabilidad de los guerrilleros que están en La Habana.

Los miembros del Comando Central del ELN, en Cuba, "son responsables de la ejecución de directrices emitidas por la Dirección Nacional del ELN y de las conclusiones del Quinto Congreso de esa organización que incluyen acciones de alto impacto y de terrorismo en centros urbanos" dijo entonces la cancillería.

Bogotá reiteró en ese momento "la urgente necesidad de una respuesta favorable de parte del Gobierno de Cuba en relación con las extradiciones de miembros del ELN que son requeridos por la Justicia colombiana conforme al derecho internacional".

La OEA aprueba resolución sobre Nicaragua

Un manifestante de Nicaragua, residente en Costa Rica, protestando contra Daniel Ortega (Ezequiel Becerra / AFP).

En una votación de 26 países a favor, tres en contra y cinco abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución expresando su “preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no ha implementado, a mayo de 2021, medidas de reforma electoral consistentes con los estándares internacionales aplicables para asegurar que las elecciones programadas para noviembre de 2021 sean libres y justas”.

La resolución “condena inequívocamente el arresto, el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a posibles candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes y pide la liberación inmediata de los posibles candidatos y de todos los presos políticos”.

Asimismo, insta al gobierno de Nicaragua a que implemente sin demora “medidas legislativas y de otra índole compatibles con los estándares internacionales aplicables para promover elecciones libres y justas en noviembre, incluida la bienvenida a la OEA y otros observadores electorales internacionales confinables”.

La resolución solicita a la Secretaría General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “presenten al menos dos informes al Consejo Permanente sobre el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación a la Asamblea General”.

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó la convocatoria y la resolución calificándola de inadmissible y sin efecto vinculante.

Después de la votación, el representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Freden, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a que pusiera en libertad a los candidatos presidenciales detenidos.

“El presidente (Daniel) Ortega no ha cumplido con los pacientes llamados a que establezca igualdad de condiciones, y ha aumentado la represión. Es claro que elecciones sin derechos y ahora sin candidatos no son elecciones que la OEA puede considerar creíbles”, dijo Freden en su intervención.

La sesión extraordinaria, realizada de forma virtual, fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú, después de que régimen de Ortega detuviera en los últimos días a 13 dirigentes opositores, entre ellos cuatro que aspiran a la presidencia en las próximas elecciones.

Corte Penal Internacional indaga sobre Venezuela: ¿Qué es y cuál es su rol ante crímenes “graves”?

Sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. ​Foto: REUTERS/Jerry Lampen.

¿Cómo opera la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles son sus roles y su alcance en el tablero judicial mundial?

MARACAIBO, VENEZUELA - Los focos de atención recaen sobre la Corte Penal Internacional en las últimas horas debido a la expectativa de una posible decisión esta semana sobre si abre una investigación formal por presuntos delitos de lesa humanidad contra funcionarios del gobierno de Venezuela.

¿Cómo opera esa instancia? ¿Cuáles son sus roles y su alcance en el tablero judicial mundial? ¿Deben respetar su opinión las partes involucradas o interesadas?

La Voz de América examina la misión de esta corte desde 2002.

Tribunal de última instancia

La Corte Penal Internacional puede definirse como un tribunal “de última instancia” para el enjuiciamiento de crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y agresión, según explica Lisset Romay, especialista en Derecho Internacional Público y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Zulia, una de las más antiguas de Venezuela.

Sus orígenes datan de 1992, cuando la Asamblea General de la ONU priorizó una jurisdicción penal general que, finalmente, vio luz entre 1994 y 1995.

No fue sino hasta 1998 cuando se fundó, gracias al llamado Estatuto de Roma, con 120 votos a favor, siete en contra (Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia, Catar y Yemen) y 21 abstenciones. Después de cuatro años de ratificaciones, la Corte Penal entró en vigor en 2002.

Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. Es una institución vinculada a las Naciones Unidas, mas no pertenece a ella ni depende de sus “Estados Partes”.

Investiga, enjuicia y previene

La Corte Penal Internacional “investiga y, donde se justifique, enjuicia a individuos acusados de los más graves crímenes”, “ayuda a prevenir que esos crímenes ocurran de nuevo” y participa en una “lucha global para poner fin a la impunidad”, según declara la misma institución en su página web.

Busca “complementar, no reemplazar, a las cortes nacionales”. Sus postulados son que “los juicios son justos”, sus fiscales son independientes y los derechos de los acusados son garantizados.

¿Qué crímenes investiga?

Su jurisdicción se circunscribe a cuatro delitos:

Genocidio, caracterizado por el intento específico de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, “serias violaciones cometidas como parte de un ataque a larga escala contra poblaciones civiles”, y crímenes de agresión.

Los crímenes de guerra incluyen el uso de niños soldado, el asesinato o tortura de civiles o prisioneros en un contexto de conflicto armado, y desde 2018 el uso de la fuerza armada de un Estado contra la soberanía, integridad o independencia de otra nación. Este último caso puede ser notificado por el Consejo de Seguridad, investigado por iniciativa de los fiscales de la Corte Penal o por solicitud de uno de sus Estados Partes.

Jurisdicción y cooperación

La Corte Penal Internacional “podría ejercer su jurisdicción” en una situación donde genocidios, crímenes de lesa humanidad o de guerra se cometieron a partir del primero de julio de 2002, según sus postulados.

Otro punto clave para que la CPI investigue y lleve a juicio a presuntos criminales es que estos individuos hayan nacido en Estados Partes, o en naciones que acepten esa jurisdicción, o que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya referido el caso a los fiscales de la Corte.

Como no cuenta con una fuerza policial, la CPI depende de la cooperación de países en todo el mundo para materializar arrestos, transferir a las personas aprehendidas a su centro de detención y congelar bienes de los sospechosos.

Romay, experta en derecho internacional público, señala que la Corte Penal Internacional no ha aceptado las exigencias de algunos países, como Estados Unidos, de que limite su jurisdicción modificando su estatuto.

“También, se concede al Consejo de Seguridad la facultad de que, mediante resolución, se le pida a la Corte Penal Internacional que suspenda por un plazo máximo de 12 meses una investigación o enjuiciamiento. Ya ha sido utilizada (esa opción) de manera abusiva”, apunta. Rusia y China, principales aliados geopolíticos del gobierno venezolano, son dos de los cinco miembros permanentes de esa instancia de las Naciones Unidas.

Tiene 18 jueces

La presidencia de la CPI la eligen sus 18 jueces. El polaco Piotr Hofmański la lidera desde marzo, en compañía de la peruana Luz del Carmen Ibáñez, en la primera vicepresidencia, y el congolés Antoine Kesia-Mbe Mindua, en la segunda vicepresidencia.

Los 18 magistrados de sus divisiones judiciales son elegidos por la Asamblea de los Estados Partes por sus calificaciones, imparcialidad e integridad, y sirven durante nueve años, un período que no es renovable. Entre sus competencias, destacan la garantía de juicios justos, el ordenamiento de arrestos y citaciones ante la Corte, las autorizaciones de participación de víctimas, y el otorgamiento de protección a testigos de sus casos.

La Corte Penal Internacional tiene otros dos órganos clave para su funcionamiento: la Oficina del Fiscal, que examina las situaciones donde crímenes graves pueden haber sido cometidos y de adelantar investigaciones y acusaciones contra los individuos presuntamente responsables; y su Secretaría, que brinda servicios de apoyo judicial y administrativo, como llevar registro de expedientes, brindar asesoría legal y facilitar las traducciones de la Corte.

El personal de la CPI tiene al menos 900 miembros, oriundos de 100 países, que manejan hasta seis idiomas, y operan desde la sede en La Haya, Naciones Unidas en Nueva York y otras siete naciones. Tiene un presupuesto de 180.855.241,08 dólares, según la detallada información en su web.

Treinta casos en su haber

En 19 años, la Corte Penal Internacional ha administrado justicia en 30 casos, algunos de los cuales incluyeron acusaciones contra más de un sospechoso.

Sus jueces han emitido 35 órdenes de arresto y, gracias a la cooperación de los Estados que respetan sus decisiones, 17 acusados han sido detenidos en su centro para esos fines. Trece personas permanecen prófugas y sus fiscales han abandonado cargos contra otras tres debido a sus fallecimientos.

También, han enviado nueve citaciones a aparecer ante la Corte Penal y han declarado culpables a 10 acusados y decidido la absolución de cuatro.

Entre sus casos más notorios, se encuentra el del exgobernante de Sudán durante 30 años Omar Al Bashir, prófugo desde 2010. Los fiscales de la Corte lo acusan de 10 delitos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

“Hasta que sea arrestado y transferido al asiento de la corte en La Haya, el caso permanecerá en la fase de pre-juicio. La CPE no enjuicia a individuos a menos que estén presentes en su sala”, advierte la institución.

La profesora venezolana Romay subraya que la CPI acumula una historia de “pocos presos” a su disposición y “muchas órdenes de arresto incumplidas”.

Procesos “diferentes”

Los procesos legales de la Corte Penal Internacional “podrían funcionar diferentemente de las jurisdicciones nacionales”, explica la propia institución.

Después que los crímenes ocurren, los casos que conoce pasan por una serie de fases: primero una evaluación preliminar, luego las investigaciones, entonces la etapa de prejuicio y finalmente el juicio. Posteriormente, las apelaciones y el cumplimiento de las sentencias que se deriven de los fallos de los jueces.

Las evaluaciones preliminares, la etapa donde se encuentra la acusación contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno en Venezuela, supone la determinación de la Oficina de la Fiscalía de “si existe suficiente evidencia de crímenes de suficiente gravedad en la jurisdicción de la Corte Penal”.

También, en esa fase preliminar se precisa si existen procedimientos nacionales “genuinos” sobre el caso en cuestión, y si abrir una investigación “servirá a los intereses de la justicia y de las víctimas”, como remarca en su página web.

Tras reunir pruebas e identificar a sospechosos, la etapa de investigaciones incluye la potestad de la Fiscalía de emitir órdenes de arresto (la CPI confía en que los Estados concreten esas detenciones y transfieran a los acusados ante ella) o citaciones a declarar ante ella.

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