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América Latina

Acusan a Lula de comandar la red de corrupción en Petrobras

Luiz Inacio Lula da Silva (i), con su esposa Maritza Leticia Lula da Silva. Foto ARCHIVO

La esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, también fue denunciada.

La fiscalía Brasil acusó el miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser el "comandante máximo" de la red de corrupción en Petrobras, una denuncia que cayó como una bomba en un país sacudido por las crisis políticas.

El jefe de los fiscales que investiga el caso, Deltan Dallagnol, afirmó en una rueda de prensa en Paraná (sur) que el exmandatario (2003-2010) estaba en la cima del esquema que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal, revelado por la Operación Lava Jato (lavadero de autos).

"Sin el poder de decisión de Lula, ese esquema sería imposible", afirmó, al definir el caso también conocido como "Petrolao" como "el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil".

Ahora el juez Sergio Moro, devenido en símbolo de la lucha contra la corrupción, deberá decidir si acepta la denuncia contra el exdirigente sindical, de 70 años, que encarnó la irrupción de la izquierda latinoamericana a inicios de la década pasada.

Según Dallagnol, en esta causa -una de las múltiples del expediente que ya se tradujo en más de un centenar de sentencias- Lula recibió unos 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares al cambio actual) "en sobornos pagados disimuladamente".

Afirmó además que se había constatado que la constructora OAS, una de las principales involucradas en la trama político-empresarial de sobornos en Petrobras, transfirió recursos al expresidente mediante la reforma de un apartamento tríplex y de un contrato falso de almacenamiento de bienes personales.

La esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, también fue denunciada, en particular como presunta copropietaria del tríplex.

El fiscal que conduce el equipo de investigadores definió como "sobornocracia" el sistema masivo de desvío de fondos diseñado, según dijo, con el objetivo de "perpetuarse criminalmente en el poder, enriquecerse ilícitamente y corromper la gobernabilidad".

En Sao Paulo, el abogado de Lula calificó esas denuncias de "farsescas" y dijo que la Fiscalía "se perdió en un deplorable espectáculo de verborragia" para encubrir el hecho de que no existía "ninguna prueba" contra Lula ni contra su esposa.

El expresidente y fundador del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) enfrenta otra acusación, por presunto intento de obstrucción de las investigaciones de la Operación Lava Jato.

En su presentación, Dallagnol citó un estudio de la Policía Federal que indicó que el "perjuicio total" ocasionado por el fraude podría ascender hasta 42.000 millones de reales (unos 12.700 millones de dólares).

Consultado acerca de si solicitaría la detención del exmandatario, respondió que no se manifestaría sobre eventuales medidas cautelares.

Para el profesor de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas, Thiago Bottino, la acusación contra Lula "no es un motivo para mandar preso a alguien (...). El hecho de acusar a alguien no significa que haya cometido esos delitos", dijo a la AFP.

El "Petrolao" fue un sistema que operó durante una década en la estatal Petrobras, por el cual las mayores constructoras de Brasil sobornaban a ejecutivos de la compañía, que a su vez eran designados por partidos políticos, a cambio de contratos.

Las empresas sobrefacturaban las obras y el excedente generado era luego distribuido entre las agrupaciones políticas para financiar sus campañas y entre los participantes para su enriquecimiento personal.

El escándalo fue el gran motor de las protestas contra el PT y el gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, que fue destituida el mes pasado acusada de maquillar las cuentas públicas, en un juicio político sin conexión con Petrobras, pero plagado de menciones a la confabulación que le costó más de 2.000 millones de dólares en pérdidas a la petrolera.

Lula también está acusado, en otro expediente, de intentar obstruir las investigaciones luego de que un exsenador de su partido, Delcidio do Amaral, dijera que había sido uno de los ideólogos de un intento por comprar el silencio de un directivo de Petrobras que negociaba un acuerdo con las autoridades a cambio de una reducción de su condena.

También fueron detenidos por la trama de sobornos en la estatal Joao Santana, publicista del PT, Joao Vaccari, extesorero, y José Dirceu, exjefe de Gabinete y mano derecha de Lula.

Dirceu fue condenado en mayo a 23 años de prisión por este caso. Hombre fuerte del PT, ya había estado detenido por un escándalo previo conocido como "mensalao", por el cual el PT pagó sobornos a legisladores aliados a cambio de apoyo político durante el primer mandato de Lula.
Dallagnol vinculó ambas causas y las consideró "dos caras de la misma moneda".

El monumental esquema de desvíos en Petrobras, que supo ser sinónimo de futuro en Brasil, puso a decenas de legisladores bajo investigación del Supremo Tribunal Federal (STF), entre ellos algunos del PMDB de centro-derecha en el que milita el actual presidente Michel Temer.

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Nicaragua vive "una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones" alerta CIDH

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, durante un acto público en agosto del 2018.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, denunció la "intensificación" del estado de excepción de facto en Nicaragua, de cara a los comicios de noviembre próximo.

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Urrejola destacó que en Nicaragua se está produciendo un "cierre de los espacios democráticos bajo la estrategia que busca impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al gobierno" del presidente Daniel Ortega.

La responsable de la CIDH apuntó que recientemente se ha recrudecido la persecución penal de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas en ese país.

Recordó que en los últimos 20 días 5 precandidatos opositores a la Presidencia han sido "detenidos y criminalizados": Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora. Entre otros.

En ese mismo lapso, la CIDH ha tenido conocimiento del arresto de al menos 20 dirigentes opositores y empresariales, así como de activistas de derechos humanos y periodistas.

Urrejola detalló que algunas de esas detenciones fueron llevadas a cabo con un "uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional", y que en la mayoría de los casos se allanaron domicilios sin órdenes judiciales.

Puntualizó, además, que gran parte de los detenidos, salvo Cristiana Chamorro, están siendo investigados bajo "la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz", que sanciona actos como traición a la patria, pero que no establece tipos penales en concreto.

Asimismo, denunció que el Estado nicaragüense no está garantizando a los detenidos el derecho a una defensa legal adecuada, ya que restringe el acceso a abogados y les está asignando uno de oficio.

La mayoría de los arrestados se encuentran incomunicados y la CIDH ha recibido información de la celebración de "audiencias secretas sin representación legal" desarrolladas en instalaciones que no son juzgados ni sedes de tribunales en Managua.

Según Urrejola, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el paradero de los detenidos y su estado de salud.

"Actualmente, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria", advirtió Urrejola.

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó el informe, que calificó de "falaz y malintencionado". "Condenamos la manipulación e instrumentalización de este organismo (la CIDH), que está siendo utilizado como punta de lanza del Gobierno de EE.UU. en su guerra de agresión contra Nicaragua y su descarada injerencia en elecciones", subrayó Alvarado.

Alvarado también criticó a los Gobiernos de Chile, Costa Rica, Canadá y Uruguay después de que sus representantes criticaran al régimen de Ortega.

[Con información de la agencia EFE y reporte radial de Jorge Orellana para Radio Martí]

El deterioro de los derechos humanos dificulta la celebración de comicios libres en Nicaragua, alerta Michelle Bachelet

Vista de Managua, la capital de Nicaragua. Foto: FAO/Saúl Palma.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre el “preocupante y acelerado deterioro” de la situación de las garantías fundamentales en Nicaragua en el periodo transcurrido de febrero a la fecha.

En una actualización oral sobre la situación en el país centroamericano al Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet afirmó que dicho deterioro “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.

Bachelet recordó que el máximo órgano de derechos humanos de la ONU ha analizado en profundidad la crisis que afecta a Nicaragua y que su Oficina ha emitido recomendaciones al respecto, pero que éstas no se han cumplido.

“Esta crisis no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, afirmó.

Frente a este panorama, Bachelet emplazó al gobierno nicaragüense a adoptar un cambio urgente en su curso de acción de cara a las elecciones de noviembre.

Precisó que eso implica, por lo menos “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

También se pronunció por la rendición de cuentas de los responsables de los abusos cometidos desde abril de 2018, fecha que empezaron las manifestaciones de protesta contra el gobierno.

Deploró, asimismo, que el país siga sin contestar las comunicaciones que le ha enviado su Oficina y urgió al Consejo de Derechos Humanos a tomar “todas las medidas a su alcance” para proteger las garantías fundamentales en Nicaragua.

Detenciones sin pruebas

Este mes, la Policía Nacional y el Ministerio Público, detuvieron a cinco precandidatos a la presidencia, al igual que cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales.

Bachelet explicó que esas detenciones violaron las garantías procesales puesto que se hicieron sin pruebas suficientes y bajo conceptos penales ambiguos planteado en dos leyes, sobre los que su Oficina ya había alertado. Una de las legislaciones se refiere al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y la otra a la defensa de la soberanía.

Además de esas detenciones, la Alta Comisionada listó varias transgresiones de los derechos humanos y políticos, como la disolución de la personalidad jurídica de dos partidos políticos por el consejo Supremo Electoral, sin que fueran oídos sus representantes; y la adopción de una ley de reforma electoral que hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil, no establece salvaguardias para la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita las libertades de expresión, asociación pacífica y participación política.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Archivo.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Archivo.

Transgresión de la legalidad

“Estas son decisiones que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dijo.

Agregó que su Oficina continúa documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional y dio cuenta de un aumento de la persecución selectiva de activistas de derechos humanos, periodistas y opositores en general.

De acuerdo con datos de la sociedad civil, hasta el 14 de junio, 9 mujeres y 115 hombres permanecían privados de su libertad en el contexto de la actual crisis.

Estigmatización y amenazas

Bachelet informó que las autoridades y algunos medios progubernamentales han hecho declaraciones públicas en las que estigmatizaron a los opositores. Este hostigamiento se extendió a amenazas en las redes sociales.

El clima de terror propiciado por estas acciones inhibe el ejercicio de los derechos fundamentales cruciales para que haya un proceso electoral libre, creíble y equitativo, subrayó.

Otras transgresiones reportadas por la Alta Comisionada fueron los feminicidios y los ataques armados contra comunidades indígenas en la costa norte del Caribe.

Antes de concluir, Bachelet solicitó que se autorice el regreso de su Oficina a Nicaragua para monitorear la situación y contribuir a la solución de la crisis que atraviesa el país.

La SIP condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua

Miguel Mora, periodista y candidato presidencial.

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre próximo.

La organización hemisférica dijo en un comunicado que hace un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo indicio de oposición y de crítica independiente.

Mora, periodista y ex director del canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas, destaca la nota.

La SIP precisó que el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha marginado del espectro político y social a un total de 18 personas utilizando una ley que criminaliza a la oposición.

Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

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