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Derechos Humanos

Activistas asediados en sus viviendas por la Seguridad del Estado en día de derechos humanos

Vehículos de Seguridad del Estado vigilan sede de CCIR. Al frente, "mítin de reafirmación política"

La activista Marthadela Tamayo, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CCIR), dijo a Radio Martí que desde horas de la madrugada de este jueves, tanto su vivienda como la sede del CCIR, donde habita su presidente, Juan Antonio Madrazo Luna, amanecieron sitiadas por las fuerzas represoras del régimen.

“En el día de hoy, 10 de diciembre, amanece sitiada la sede del Comité Ciudadano por la Integración Racial, en calle 23 entre C y D, que es la casa de Juan Antonio Madrazo Luna y también está sitiada la casa nuestra”, explica Tamayo.

Marhadela Tamayo denuncia acoso del régimen al CCIR
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Mientras el mundo celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, Tamayo afirma tener “conocimiento de que otros activistas en diversas provincias de Cuba (también se encuentran en la misma situación)”.

Carro policial custodiando la casa de acticvista Marthadela Tamayo.
Carro policial custodiando la casa de acticvista Marthadela Tamayo.

Según cuenta Tamayo, tanto en el día de ayer, como hoy, en el parque Mariana Grajales, ubicado frente a la casa de Madrazo Luna, se están celebrando “actos de reafirmación política” organizados por el régimen con la participación de grupos de ciudadanos, lo cual, de acuerdo con la activista, “son sólo actos de repudio”.

También desde La Habana, el periodista independiente Boris González Arena ha escrito en las redes sociales un post sobre el asedio al que lo tienen sometidos las fuerzas represoras en Cuba.

" Por la ventana de mi casa", dice Arena, "entra la vociferación con la que en un parque cercano celebran el día de los derechos humanos. A unos metros de mi puerta el oficialito del MININT me impide salir de la casa".

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

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Informe: 16 acciones represivas “con uso grave de violencia” contra la sociedad civil en Cuba en febrero

Operativo policial en la sede de UNPACU, en Santiago de Cuba. (Foto: Facebook)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 373 acciones represivas contra activistas y periodistas independientes en febrero en la isla.

El informe de la organización no gubernamental, con sede en Madrid, España, señala que 120 de los incidentes fueron arrestos arbitrarios, incluyendo 16 “con uso grave de violencia”.

Añade el documento que mantener bajo cerco policial las residencias de activistas volvió a ser la matriz represiva predominante, con 98 casos.

“El Gobierno mantiene el clima represivo en contra de la oposición pacífica y de los miembros de la sociedad civil. Se han destacado, además de las detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos, multas, agresiones, allanamientos de morada y citaciones”, confirmó en entrevista con Radio Televisión Martí, el director de Estrategia de la organización, Yaxis Cires.

OCDH: Gobierno mantiene el clima represivo contra la oposición pacífica
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“Hemos documentado cuatro actos de repudio, uno de ellos de especial trascendencia, porque habían menores de edad en el interior del lugar donde se realizó”.

Se trata del acto de repudio que hicieran contra la familia de Anyell Valdés Cruz, un grupo de simpatizantes del régimen convocados por la Seguridad del Estado.

Según los datos recopilados en Cuba por la red de activistas del Observatorio, las provincias con mayor índice de represión fueron La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara.

La recopilación del OCDH resalta que continúa la persecución brutal contra el líder opositor José Daniel Ferrer, quien fue víctima de varios incidentes. “En uno de ellos, la policía allanó su casa, sede de la Unión Patriótica de Cuba, y desarticuló su red de ayuda alimentaria a personas en grave situación socioeconómica”.

Apunta el informe que, entre muchos otros hechos graves, el activista LGBTI Raúl Soublett, fundador de la Alianza Afrocubana, se autolesionó durante un interrogatorio en el que fue amenazado por ser pareja de un periodista independiente.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que exija al gobierno cubano que cese la represión y que tome las medidas que el país necesita, que son medidas para resolver los problemas de los cubanos que están viviendo en el hambre la miseria y la falta de medicamentos”, concluyó Cires.

Cubano que publicó video de disturbios en Santiago de Cuba tras violación de una niña, condenado a 5 años de cárcel

Yoennis Domínguez de la Rosa. (Foto: Cortesía del entrevistado)

Yoennis Domínguez de la Rosa fue condenado a cinco años de prisión por difundir en las redes sociales un video grabado durante un enfrentamiento entre vecinos y militares en Santiago de Cuba tras la violación de una niña de ocho años, en febrero de 2020.

La sentencia le fue entregada el pasado miércoles, según dijo a Radio Martí.

“Cinco años de trabajo correccional con internamiento”, explica Domínguez de la Rosa, “cinco años por atentado y dos años por desorden público; sanción conjunta, cinco años”.

Tras los hechos, el joven fue llevado a prisión, donde permaneció por cinco meses y veinte días, y salió bajo fianza en agosto, sin que se le hubieran presentado cargos, hasta que en septiembre le fue entregada una petición fiscal de nueve años de cárcel.

Según Domínguez de la Rosa, la petición fiscal “estaba llena de agravantes”, entre ellos, el de haber cumplido ocho meses de privación de libertad en 2014, cosa que, explica, nunca ocurrió.

Condenado por subir un vídeo a las redes sociales
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Al ser llevado a juicio, en noviembre pasado, donde tampoco fueron presentadas pruebas en su contra, añadió.

No hay una prueba que puedan mostrar, porque, en 93 videos que subieron, no aparezco ni en un video ni en una foto. Entonces, el perito de audio, el que podía hacerme el reconocimiento de voz -porque me acusan de que yo estoy incitando a las masas a que tiren piedras-, declaró en el juicio que él no puede asegurar, ni confirmar, que yo soy el que estoy gritando”, explicó el acusado.

La única evidencia que tiene la policía, señaló, es la encontrada en su teléfono celular, en el cual pudieron comprobar que había realizado la grabación en el lugar de los hechos.

“El fiscal se refirió a mí como que yo era el joven que había publicado un video en mis redes sociales, el cual avergonzó al país”.

Domínguez de la Rosa, con dos hijos menores de edad y la esposa con cinco meses de embarazo, dijo haber iniciado este jueves los trámites de apelación de la condena porque, de no hacerlo, tendría que ingresar en prisión el próximo 25 de marzo.

(Con reportaje de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Freedom House: Cuba sigue entre países no libres

Operativo policial en Lawton, La Habana, frente a la sede de las Damas de Blanco. (Foto: @jangelmoya)

El informe de Libertad en el Mundo 2021 de la organización defensora de los derechos humanos, Freedom House, mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres, donde ha retrocedido un punto con respecto al año anterior.

El informe señala que “el estado comunista de partido único de Cuba proscribe el pluralismo político, prohíbe los medios independientes, reprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas”.

El documento dice además que el gobierno cubano sigue dominando la economía a pesar de las recientes reformas que permiten cierta actividad del sector privado. El carácter antidemocrático del régimen no ha cambiado a pesar de una transición generacional en el liderazgo político entre 2018 y 2019 que incluyó la introducción de una nueva constitución, indica Freedom House.

El informe menciona que en ocasiones, el gobierno citó la pandemia para justificar la represión de las concentraciones de disidentes. Da como ejemplo cuando miembros del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas disidentes, se reunieron y se declararon en huelga de hambre en noviembre para protestar por la detención del rapero Denis Solís.

La policía los detuvo violentamente con el pretexto de controlar la propagación del coronavirus. Esto dio lugar a una sentada de numerosos artistas e intelectuales en el Ministerio de Cultura. Freedom House opina que, si bien el gobierno inicialmente acordó negociar con el grupo, los participantes de la protesta luego denunciaron acoso policial, intimidación y cargos por violar las restricciones de salud.

La puntuación de Cuba en el informe de Freedom House.
La puntuación de Cuba en el informe de Freedom House.

En las secciones sobre procesos electorales, pluralismo político y derechos de asociación, Freedom House le da a Cuba 0 puntos de un máximo de 4.

El informe apunta a que “ninguno de los funcionarios electos nominalmente de Cuba se elige mediante contiendas libres y justas, y las decisiones políticas importantes están reservadas en la práctica para el liderazgo del Partido Comunista”.

Señala además que la corrupción sigue siendo un problema grave en Cuba, y la ilegalidad generalizada impregna la vida cotidiana.

En libertad religiosa, Freedom House dió 3 puntos de un total de 4, señalando que “la libertad religiosa ha mejorado durante la última década, pero los obstáculos oficiales aún dificultan que las iglesias funcionen sin interferencias”.

El informe menciona además que aunque “los cubanos a menudo se involucran en discusiones privadas sólidas sobre temas cotidianos como la economía, o las dificultades para acceder a Internet, tienden a evitar discutir temas políticos más sensibles como los derechos humanos y las libertades civiles ya que los Comités de Defensa de la Revolución ayudan a las agencias de seguridad monitoreando, informando y reprimiendo la disidencia.

“Las restricciones a la libertad de reunión siguen siendo una forma clave de control político”, expresa el documento, añadiendo que “las fuerzas de seguridad y los asaltantes respaldados por el gobierno disuelven habitualmente reuniones pacíficas o protestas de disidentes políticos y activistas cívicos”.

Sobre el sistema judicial , Freedom House menciona que “la violación sistemática del debido proceso por parte del régimen se ilustra regularmente con casos criminales inventados contra disidentes y periodistas independientes, muchos de los cuales fueron denunciados durante o continuaron hasta 2020.

Incluyeron casos contra el líder de UNPACU José Daniel Ferrer, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero Denis Solís, el periodista Roberto Quiñones y Silverio Portal, un activista que cumplió una condena de cuatro años de prisión por “desacato” y “desorden público” en diciembre.

Según el grupo de derechos humanos, si bien muchos detenidos políticos permanecen recluidos durante breves períodos o, finalmente, son liberados de la prisión, siguen sujetos a nuevos cargos y a reclusión extralegal o acoso por parte de las autoridades.

Represión policial provocó un incremento en las protestas públicas en Cuba

Un policía pide documentos a los residentes en un barrio en cuarentena por coronavirus en La Habana. REUTERS/Stringer

El Observatorio Cubano de Conflictos indica que en el mes de febrero se produjeron 159 manifestaciones públicas en la isla motivadas por la represión y brutalidad policial, que lejos de amilanar a los reprimidos, provocó más protestas.

Declaraciones de Juan Antonio Blanco, presidente del Observatorio Cubano de Conflictos
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“Se sigue incrementando el número de manifestaciones públicas a todo lo largo y ancho de la isla. De esas 159, el 70 por ciento está, directamente, relacionado con derechos políticos y civiles, dijo Juan Antonio Blanco, presidente del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

Responsable directa de 99 de estas manifestaciones fue la que califica el Observatorio, como “nueva, emergente y multifacética sociedad civil” en la que incluyen el Movimiento San Isidro, el 27N, los defensores de animales y los periodistas independientes.

A pesar de que hay una gigantesca crisis socioeconómica de país, sólo el 30 por ciento de las muestras de descontento estuvo vinculado a los temas económicos y sociales.

Las demostraciones públicas pueden ser pintadas, carteles, gritar consignas, negarse a cumplir órdenes policiales o administrativas, marchas, sentadas, distribución de volantes, memes y chistes satíricos de las políticas gubernamentales y muchas más.

“Febrero comenzó con la divulgación en las redes sociales del mensaje del sacerdote camagüeyano Alberto Reyes a perder el miedo”, dice el informe del OCC y añade: “Tal parece que Dios oyó su plegaria porque lo que se ha demostrado este mes es que las protestas públicas forman parte de una nueva cultura en la isla y que la represión y los actos de repudio lo que hacen es multiplicarlas”.

“El problema es que la represión está teniendo un efecto contrario al que ellos buscan. La represión está trayendo más visibilidad, más solidaridad entre los diferentes movimientos y está politizando la protesta económica y social y transformándola en política”, aseguró Blanco.

Para probar su afirmación, el reporte del Observatorio apela a numerosos ejemplos entre ellos el rechazo público de cientos de cubanos a los actos de repudio, los reclamos de madres solteras’ por viviendas o alimentos y la decisión de campesinos de no vender sus cosechas al Estado.

“Se le ha acabado no solamente el capital financiero al gobierno, se le ha acabado lo que la gente llama el capital simbólico o sea, la legitimidad, la credibilidad, el prestigio”, acotó el directivo de la entidad.

Según la institución, las expresiones de disconformidades económicas y sociales fueron originadas fundamentalmente por el incremento del costo de vida a partir de la “tarea de reordenamiento de precios”, las prohibiciones de trabajo privado a varios sectores, especialmente profesionales y los problemas de vivienda, agua, alimentación, transporte.

Por otro lado, el informe denuncia que el régimen continúa impidiendo la producción cultural y la prensa libre a través de la exclusión, para ejercer de forma privada, de 124 actividades, que abarcan el periodismo, el cine, la edición de libros y la educación, entre otros rubros, lo que llevó a nuevas demandas.

Las autoridades “hacen ocasionalmente concesiones puntuales no esenciales y se repliegan. Así lo hicieron con los animalistas y los arquitectos”, señaló el dossier.

Sin embargo, cualquier tipo de desaprobación ciudadana es marcada por la policía política que entonces comienza una labor individualizada de presiones laborales, en los centros de estudio, en los barrios de residencia para vigilar e influir sobre el manifestante, indicó el Observatorio.

Asimismo controlan sus movimientos, comunicaciones telefónicas, y participación en redes sociales y pueden llegar a los asesinatos de reputación y linchamiento mediático, tal como ha ocurrido en los meses recientes.

El informe subraya la entrada en la palestra de un grupo de altos ex oficiales de las FAR y el MININT que publicaron una proclama en la que autodefinen como objetores de conciencia a cualquier orden de agredir al pueblo.

“Según la conversación que yo he tenido con los cinco que hicieron el manifiesto que se ha dado a conocer esta semana, ellos hicieron esa declaración porque le pidieron sus colegas, tanto en activo como retirados en la isla y algunos de ellos altos oficiales, que se pronunciaran porque conocen de planes de represión mucho más brutal y no están dispuestos a implementarlos y por lo tanto quieren alertar de que una cosa de esta naturaleza provocaría una guerra civil y hasta una intervención extranjera en el país”, relató Blanco.

Este 28 de febrero, cientos de residentes de Caibarién, Villa Clara, se dirigieron a la sede del Poder Popular municipal para exigir se anulara una multa de dos mil pesos impuesta a un trabajador privado. Los demandantes consiguieron que las autoridades retiraran la sanción.

Abordan en foro virtual discriminación racial y de la mujer en Cuba

Los afrodescendientes en Cuba no cuentan con capital, remesas ni redes de solidaridad para involucrarse en la economía emergente.

El Movimiento San Isidro y el Monitor Legislativo Cubano celebraron la conferencia virtual “La discriminación en Cuba: la realidad desde sus artistas y activistas”, que tuvo como invitada especial a Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial y comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Activistas, periodistas independientes, afrodescendientes, mujeres y personas de la comunidad LGBTI, y otros grupos que históricamente han sido víctimas de discriminación, siguen siendo discriminados”, afirmó en referencia a Cuba, MaCaulay.

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“En torno a la libertad de expresión, hay discriminación muy seria contra personas que piensan de forma diferente en cuanto a los derechos humanos”, manifestó la relatora.

Desde la Isla participaron Juan Antonio Madrazo Luna del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Aimara Peña González de Somos Nueva Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro y Madelín Rodríguez por la Corporación Jurídica Cubana.

En su ponencia, el activista Madrazo Luna indicó que “las estrategias implementadas por la Revolución” desde sus inicios no bastaron para desarmar “el ensamblaje de racismo y la discriminación racial”, debido a que “al trazar las fronteras de la igualdad” no logró incidir en las representaciones sociales negativas que perviven en el imaginario cubano hacia los afrodescendientes.

“Desde la frontera de la igualdad se construyeron barreras imaginarias y pactos de silencio en torno a la problemática racial y el racismo como fórmula ideológica continua siendo la materia prima que fabrica la diferencia en la sociedad cubana”, apuntó.

Madrazo aludió, además, a la criminalización del activismo de las mujeres, en especial las afro feministas vinculadas a procesos organizativos dentro de la sociedad civil cubana, sobre las cuales recae, en mayor medida, la represión, el acoso, la persecución, el chantaje emocional y psíquico y hasta el encarcelamiento.

“Dicha violencia que es ejercida emocionalmente tiene un efecto acumulativo que provoca degradación en tanto afecta a la dignidad individual y colectiva”, puntualizó.

“Es una realidad sobre la que pesa el silencio en la esfera pública cubana y donde hay una responsabilidad de prácticas violentas por parte de agentes del Estado”, dijo.

La defensora de los derechos de la mujer, Aymara Peña, abordó la discriminación que sufren por pobreza las campesinas cubanas, fundamentalmente en las áreas laborales.

“Las mujeres de este sector están mucho más sometidas a diferentes tipos de violencia y de discriminación, no solamente por ser pobres o por vivir en zonas rurales, sino por ser mujeres”, señaló Peña y añadió que las tareas del hogar y el cuidado de los hijos abarcan casi todo el tiempo de las campesinas.

Muy pocas de ellas obtienen un trabajo profesional. Abandonan los estudios por la lejanía, el transporte, la penuria y por tanto, no acceden al sistema de enseñanza superior, alertó Peña, residente en una comunidad rural de la provincia de Sancti Spiritus.

Más adelante, el coordinador principal del Movimiento San isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, destacó que los negros cubanos cada día tienen menos oportunidades dentro del mundo de la cultura porque no están creadas, actualmente, estructuras que lleguen a ellos.

“Entrar a una academia, una escuela de arte, de música o danza conlleva un estudio previo de clases privadas que hay que pagar”, denunció Otero Alcántara.

“No existe un proyecto, ahora mismo, no hay una voluntad del régimen racista, de insertar a los negros, a los más desválidos, a ese proyecto económico, a ese proyecto social y cívico que se están construyendo dentro de este Capitalismo de Estado”.

En ese sentido recalcó que insertar a los marginados, en su mayoría negros, en el panorama cultural es el trabajo primordial que desarrolla el Movimiento San Isidro.

Desde el punto de vista judicial, la abogada Madelín Rodríguez subrayó que la sociedad cubana está muy distante de convertirse en una sociedad justa, igualitaria si damos una mirada jurídica al actuar del Estado, pues son, precisamente, las autoridades las que utilizan las legislaciones para criminalizar a todas aquellas personas que decidan dar sus opiniones en contra de gobierno.

Por grupos poblacionales los más afectados por la discriminación, desde el Estado, son las personas LGBT, las afrodescendientes, las mujeres y los periodistas independientes, dijo Rodríguez.

“Una vía visible en la que el Estado discrimina a sus ciudadanos es con la utilización de sus propias legislaciones y se está viendo más frecuente con la violación al debido proceso”, resaltó.

Como moderadora del panel estuvo Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba.

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