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Contra la censura

64 grupos y publicaciones respaldan derogación del Decreto Ley 370

Un joven se conecta a Internet desde su teléfono en La Habana. (YAMIL LAGE / AFP)

El pedido de derogación del Decreto Ley 370 ha ganado el respaldo de numerosos grupos de la sociedad civil, medios de prensa y reconocidas instituciones internacionales.

La normativa, que entre otras cosas vigila lo que se publica en redes sociales, ha dado rienda suelta a la Seguridad del Estado y a la policía para amenazar, multar, detener, interrogar y decomisar teléfonos y laptops a periodistas independientes, reporteros, comunicadores, youtubers y ciudadanos cubanos en general.

Un comunicado conjunto divulgado este lunes en respaldo a la petición presentada el pasado 8 de junio en Cuba ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el presidente de la República para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370 de 2019, indica que al menos 64 entidades suscribieron esa solicitud.

Los firmantes lo hicieron en representación de más de 500 residentes en Cuba y de 3 mil 100 de origen cubano y de otras 83 naciones, quienes firmaron la “Declaración contra el Decreto Ley 370: Ley Azote”, publicada en la plataforma Avaaz.

El mes pasado periodistas independientes y activistas de los derechos humanos en Cuba anunciaron la creación del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE) que agrupa a los principales activistas contra el Decreto Ley 370 y cualquier otra ley que intente coartar el derecho a la libre expresión en Cuba.

El comunicado conjunto publicado este lunes indica:

"El Decreto Ley 370 fue descrito como un medio efectivo para la consolidación de la ciberseguridad, la soberanía tecnológica, la seguridad y la defensa nacional. Sin embargo, supedita el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales implicados en su uso, como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación, entre las que destacan las siguientes:

Sanciona la difusión de información en redes sociales contrarias al “interés social”, “la moral” y “las buenas costumbres”, categorías que no definen la conducta ilícita e inhiben el debate en el ámbito público y político.

Autoriza el castigo y persecución de investigadores en seguridad informática que publican y alertan sobre la existencia de vulnerabilidades en sistemas informáticos.

Otorga facultades discrecionales al Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) para el otorgamiento licencias sobre programas y aplicaciones informáticas.

Impide la fabricación, instalación, comercialización de dispositivos asociados a las TIC, sin autorización, afectando el desarrollo de redes comunitarias que garantizan el acceso a internet y reducen la brecha digital.

Impide el hospedaje de sitios web ubicados en servidores extranjeros que no sean réplicas de los servidores nacionales, declarando ilegales los blogs personales y medios independientes a los que se les niega acceso al dominio “.cu”; permitiendo al Gobierno controlar y acceder a la información personal de los usuarios.

Esas restricciones contravienen lo dispuesto en los Artículos 8, 40, 41, 47, 54 y 228 de la Constitución de la República de Cuba y son contrarias a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del ordenamiento jurídico nacional y que protegen expresamente la libertad de expresión. Entre estos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En virtud de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, el Estado cubano está compelido a proteger la libertad de expresión. Dicho compromiso está reafirmado en el Artículo 47 de la Constitución cubana que reconoce el derecho de las personas al libre desarrollo de su personalidad, y en el Artículo 54 que impone al Estado la obligación de garantizar la libertad de expresión, imprescindible para el goce de otros derechos humanos, cuya restricción ilegítima supone una violación de los principios de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos reconocidos en el Artículo 41.

Desde la publicación de nuestro comunicado el pasado 6 de mayo ̶ cuando alertamos sobre las violaciones a la libertad de expresión y prensa que supone la aplicación del Decreto Ley 370 ̶ , la situación ha continuado agravándose. Otras nueve personas han sido penalizadas con multas de 3000 pesos (120 dólares), equivalente a tres veces el salario medio mensual vigente. Y al menos uno fue multado en dos ocasiones en un plazo menor a 40 días. En todos los casos, fueron sancionados por funcionarios del MINCOM, bajo órdenes directas de la Seguridad del Estado, debido a sus publicaciones críticas en redes sociales sobre la gestión del Gobierno cubano.

En el Informe de país de febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que el Decreto Ley 370 “podría generar restricciones indebidas al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y reunión a través de Internet, afectando la libre circulación de información”.

La CIDH ha advertido que las actividades de vigilancia en Internet son contrarias al derecho a la privacidad y protección de datos personales. Mostró preocupación porque este tipo de seguimiento en línea estaría siendo utilizado como un medio para la identificación de periodistas independientes y disidentes políticos, lo que llevaría al uso de patrones de hostigamiento contra estas personas.

El Estado cubano debe garantizar el derecho de acceso a la información a través de cualquier medio, en particular a través de internet. Insistimos en que penalizar y calificar como contravenciones legales el ejercicio de la libertad de expresión y restringir el acceso y la publicación de contenidos en Internet, esgrimiendo motivos de orden público o seguridad nacional, posee un efecto amedrentador en la dimensión colectiva de los derechos de libertad de expresión y de reunión.

Los abajo firmantes apoyamos la petición para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370. Reafirmamos en todos sus términos el comunicado publicado el 6 de mayo pasado. Exhortamos a actores de la comunidad internacional, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales de protección de derechos humanos a exigir al Gobierno cubano el fin inmediato de la vigilancia en línea contra personas que expresan sus opiniones en redes sociales u otros medios y el cese de la persecución a periodistas y activistas de derechos humanos.

Listado de firmantes

Access Now, ADN, Alas Tensas, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Árbol Invertido: Cuba, cultura y libertades, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, Asociación Pro Libertad de Prensa, CADAL, Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, CiberCuba, Ciudadanía y Desarrollo, CIVICUS, Civil Rigths Defenders, Club de Escritores y Artistas de Cuba, Convivencia, Cubalex, CubaNet, Cultura Democrática, Demo Amlat, Demongeles, Derechos Digitales de América Latina, Diario de Cuba, El Estornudo, Freedom House, Freemuse, Fundación Cubana para los Derechos Humanos, Fundación Internet Bolivia, Havana Times, Hiper Derecho, Huaira, Human Rights Foundation, Hypermedia, ICLEP, IFEX-ALC, Instituto de Artivismo Hannah Arendt, La Hora de Cuba, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, Movimiento San Isidro, No Somos Desertores, PEN Internacional, People In Need, People in Need Slovakia, Play-Off Magazine, Post Bellum, “Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda”, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Race and Equality, Red de Cultura Inclusiva, Red Femenina de Cuba, REDLAD, Rialta, Robert F. Kennedy Human Rights, Transparencia Electoral, Tremenda Nota, Usuarios Digitales y Yucabyte

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Imputan con cargos de “desórdenes públicos” a periodista independiente y su esposo

Claudia Montero, periodista de Cubanet.

La Seguridad del Estado inició un proceso de instrucción penal contra la periodista de Cubanet, Claudia Montero Lescaille, y su pareja, el opositor Fabio Corchado Borroto, imputados por “desórdenes públicos”.

“Yo me entero en ese momento, le digo ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y entonces él me dice ‘porque tus vídeos tienen contenido en contra del proceso revolucionario y eso es ‘desórdenes públicos’”, manifestó a Radio Televisión Martí, la comunicadora.

La notificación les fue dada en la Unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de Zapata y C, en La Habana, adonde fue citada la pareja el pasado sábado.

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Oficiales de la policía política les comunicaron a ambos que como medida cautelar se les impuso la reclusión domiciliaria y concurre, además, una “regulación migratoria”.

“Me entero por otra acta que me presentó que se me imponía una medida cautelar de prisión domiciliar. Le pregunto ¿hasta cuándo esta medida cautelar? ‘Hasta que se acabe el proceso’, me respondió. Yo supongo que se refería al proceso de Camila en el que yo estoy implicada y él me dice que cuando termine el proceso, ellos decidirán si se me abre un expediente a mí y a Fabio, de acuerdo a lo que determine la investigación a Camila”, señaló la periodista.

La disposición contra Montero y Corchado se debe a que los órganos represivos los consideran como personas de interés en el proceso contra la también periodista Camila Acosta.

“¿Por qué Fabio y yo somos parte del proceso de Camila? Porque mi esposo y yo la acogimos en nuestra casa. Entonces a mi cuñado, Víctor Manuel González lo detuvieron el 26 de julio, lo tuvieron una semana en Villa Marista [Cuartel General de la Seguridad del Estado] y lo presionaron tanto que él reconoció que me editaba videos”, indicó Montero y agregó que su esposo Fabio Corchado se acogió a su derecho de no declarar ni firmar ningún documento.

Camila Acosta se encuentra bajo prisión domiciliaria a la espera de un juicio, acusada de “instigación a delinquir” después que fuera detenida durante cinco días por reportar las protestas del 11 de julio.

Montero refirió que incluso el agente de la policía política que la interrogó fue el teniente Ernesto, “el mismo que atiende a Camila”.

“Yo estaba preparada psicológicamente porque yo, desde que escogí ser periodista independiente, sabía lo que venía, que, en algún momento, iban a pasar las entrevistas, los interrogatorios y yo siempre mantuve un bajo perfil: no soy activista”, dijo.

“Me mantuve escribiendo nada más para Cubanet y nosotros pensábamos que esta entrevista sería para amenazarme, advertirme que si no dejo la prensa independiente me van a meter no sé cuántos años de cárcel; pero ya desde mi primera citación que me estén acusando, me pongan una medida cautelar y que me regulen, que no puedo salir del país, no nos lo esperábamos; pero bueno, ellos son los dueños de las leyes y hacen y deshacen a su antojo”, lamentó.

El abogado Julio Ferrer explicó a Radio Martí que “desórdenes públicos” es un delito común, no “contra la Seguridad del Estado”, por lo que no debe ser este órgano el que acusa.

Allanan vivienda de directora del medio comunitario “El Majadero de Artemisa”

Portada del último número de "El Majadero de Artemisa".

Agentes de la policía política y regular practicaron el domingo un allanamiento a la vivienda de Mabel Páez, directora de “El majadero de Artemisa” boletín comunitario que pertenece al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

“En la mañana, dos efectivos de la Seguridad del Estado y dos de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) penetraron en mi casa por la fuerza con el pretexto de que yo escondía al director ejecutivo del ICLEP, Alberto Corzo, lo que no era cierto”, dijo la comunicadora a Radio Televisión Martí.

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“Cuando llegaron a mi casa lo primero que les pedí fue la orden de registro y no traían. Entonces yo puse un poco de resistencia, me paré en la puerta con los brazos extendidos, pero fue inútil, me empujaron, entraron y efectuaron el registro. Al ver que no estaba la persona que buscaban se retiraron sin incautar nada, verdaderamente no había nada que pudieran confiscar”, indicó la reportera de ICLEP, organización que tiene su sede en Miami.

Páez y su hijo de 19 años estuvieron en detención domiciliaria hasta horas de la noche del mismo día, en su casa ubicada en la capital artemiseña.

Recientemente, El Majadero de Artemisa hizo pública la muerte de un recluta cubano a escasos seis días de su ingreso en el Servicio Militar General, aplastado por tubos de acero cuando chapeaba en los alrededores de la unidad a la que fue asignado.

Al respecto el medio comunitario acotaba que “miles de jóvenes, casi niños, son reclutados cada año en todo el país para el servicio militar obligatorio en contra de su voluntad y de la familia”.

Cerca de 30 periodistas cubanos se han visto obligados al exilio, denuncia comunicadora en Madrid

La periodista cubana Mónica Baró ,en una entrevista con la agencia AFP. (Yamil Lage / AFP)

Cerca de 30 periodistas independientes cubanos se han visto obligados al exilio en los últimos tiempos para protegerse de la represión, denunció este jueves Mónica Baró, colaboradora de la revista “El Estornudo”.

“Diría que hay unos 30 periodistas independientes exiliados de esta nueva generación. A mí me gusta reconocer la generación de periodistas de los 80 y a los 90, que trabajaban en condiciones mucho peores que las nuestras, y que sufrieron una represión muy cruda”, indicó la comunicadora en Madrid, en el III Encuentro de Periodismo Iberoamericano.

Baró intervino en un segmento sobre el acoso de los gobiernos latinoamericanos a la prensa, junto a otros periodistas de Colombia, El Salvador y Nicaragua.

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“Camila Acosta, colaboradora del [diario español] ABC, tiene guardia permanente en su casa desde el 11 de julio, y no puede salir a la calle por haber salido a reportar las protestas del 11 de julio”, ejemplificó la periodista al denunciar el estado de sitio contra reporteros independientes en la isla.

Para Baró, las arbitrariedades del régimen cubano se han incrementado tras la pandemia, ya que “antes del 11 de julio había cerca de 152 presos políticos”.

“Después del 11 de julio, que fue un estallido social que abarcó más de 250 puntos del país, totalmente espontáneo, la lista aumentó. Dentro de esa lista de más de 800 presos políticos, hay 14 menores de edad detenidos, 11 acusados de sedición”, afirmó la periodista.

El III Encuentro de Periodismo Iberoamericano, organizado por Casa de América y la publicación elDiario.es, de tendencia izquierdista, abordó además los retos para el periodismo en idioma español y otros asuntos políticos, financieros y tecnológicos.

Freemuse lanza campaña para exigir libertad del rapero cubano Didier Almagro

Campaña #trapped de Freemuse que pide la libertad de Didier Almagro, rapero condenado en Cuba a tres años de privación de libertad.

La organización no gubernamental Freemuse, la cual se dedica a defender la libertad artística en el mundo, lanzó una campaña para exigir la libertad del rapero y preso político cubano Didier Almagro.

Freemuse, con sede en Copenhague, declaró en un comunicado de la campaña titulada "#Atrapados", que Almagro, de 23 años, fue condenado a tres años de prisión por haber protestado en Cuba por un corte de luz.

Durante su arresto, el rapero fue agredido por los agentes de la policía y luego se le negó el permiso a hablar con su familia, denunció la organización. "Durante el juicio, a Didier le negaron el acceso a servicios legales y documentos oficiales del tribunal".

Freemuse recordó que en estos momentos Almagro está recluido en una prisión de máxima seguridad, donde ha sido amenazado por las ideas políticas que ha expresado a través de su música y por pedir mejores condiciones de vida en la cárcel.

"A pesar de las agresiones propinadas por los guardias de la prisión, a Didier se le ha negado atención médica", añade la denuncia.

"Y desde enero de 2021, las autoridades le impiden hablar con su familia y abogado. ¡Todo esto debido a sus expresiones políticas y artísticas!", subrayó Freemuse.

La campaña pide a los lectores: Firme esta petición para exigir la libertad inmediata de Didier y la anulación de todos los cargos en su contra.

El pasado 4 de noviembre, Diana Arévalo, oficial de Campañas y Abogacía para América Latina de Freemuse, declaró a Radio Martí que “Cuba es uno de los países donde hemos identificado una profundización de la represión por parte de las autoridades gubernamentales contra los artistas. Sólo en el 2020, por nombrar cifras que son públicas, reportamos al menos 60 ataques a la libertad de expresión artística contra creativos y grupos de artistas, entre ellos varios raperos que se encuentran en diferentes provincias del país”.

Freemuse es una organización no gubernamental independiente que cuenta con acreditación ante dos agencias de las Naciones Unidas (UNESCO y UN-ECOSOC).

Periodista cubana Camila Acosta acusada de "instigación a delinquir" (VIDEO)

Camila Acosta. (Foto: Facebook)

La Seguridad del Estado interrogó este martes a la periodista independiente Camila Acosta durante una citación oficial para hablar sobre el proceso de investigación penal al que está sujeta por su cobertura de los sucesos del 11 de julio.

“Fue para notificarme que van a proceder a registrar los equipos que me confiscaron en julio, el mismo día de mi detención, que me realizaron un registro en el apartamento que yo estaba rentando. En ese momento me quitaron laptop, teléfono, grabadora, memoria flash, disco duro. Entonces ahora, a más de cuatro meses, dicen que van a acceder a mis equipos. Así, como si uno no supiera que ya lo hicieron”, dijo la comunicadora en conversación con Radio Televisión Martí.

Acosta fue arrestada el 12 de julio, como parte de la ola represiva desatada por el régimen tras el estallido social. Fue sometida a intensos interrogatorios, en la unidad policial de la calle Acosta, en el municipio habanero de Diez de Octubre, y liberada el 16 de julio bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria.

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“Yo supongo que esto lo hicieron, un poco, para medir mi estado psicológico después de cuatro meses presa dentro de mi casa, además de para intimidarme con que puedan encontrar algo en esos equipos. Por supuesto, no van a encontrar nada, porque lo único que yo tengo ahí son cosas de trabajo y fotos de familia”.

La reportera había sido acusada de “desórdenes públicos” e “instigación a delinquir”, una situación que, aparentemente, ha cambiado.

“Ahora resulta que no estoy acusada por desorden público, sino sólo por Instigación a delinquir. Ya sabemos que ellos hacen y deshacen a su antojo”, se burló Acosta, y añadió:

“Tuvimos unas palabras, porque a veces ellos intentan hacerse los amiguitos de uno, y con esa prepotencia, ese cinismo de que ellos son la autoridad y nosotros tenemos que bajar la cabeza ante ellos. Por eso, les contestaba tajante. El interrogatorio duró menos de media hora y me negué a firmar ese documento que ellos me presentaron, en el que me decían lo que podía o no hacer en prisión domiciliaria, como leyéndome la cartilla. También me dijo: ‘ten cuidado con lo que publicas en redes sociales’”, relató.

“Por el tema de la corresponsalía que yo tengo de ABC me dijo que es mentira, porque yo no estoy acreditada. Yo le contesté que ya estoy en ese proceso, pero que, en última instancia, eso no es un delito. Me aseguró que sí lo es: ‘usurpación de funciones públicas’. Le manifesté ‘entonces acúsame de ‘usurpación de funciones públicas’, mientras tanto, vamos a hablar de ‘instigación a delinquir’, que es de lo que estoy inculpada ahora mismo”.

Camila Acosta, corresponsal en Cuba del diario español ABC, lleva casi 140 días cautiva en su casa, bajo vigilancia permanente de agentes de la policía política.

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