Cuba
Abogado que recibió golpiza durante arresto presenta queja fiscal contra Seguridad del Estado
El abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces presentó una queja formal contra miembros de la Seguridad del Estado ante la Fiscalía Militar de Guantánamo, confirmó el demandante a Radio Martí.
"Les narro lo que ocurrió el día 22 (día de su detención), y en la última parte del documento (...) les pido que ordenen a la Seguridad del Estado que cesen los registros arbitrarios, las detenciones arbitrarias, estas interrupciones de mis viajes", explicó Quiñones Haces.
El letrado presentó el documento "con el objetivo de cesen las arbitraria violaciones a mis derechos constitucionales", y además les recuerda que presentó una carta similar el 31 de julio de 2018 y "violaron el Artículo 63 de la Constitución anterior porque nunca me dieron respuesta".
Quiñones Haces subrayó que los funcionarios públicos están obligados por ley a darle respuesta a los reclamos y defender los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Según el abogado, Fiscalía Militar tiene 90 días para responderle según la práctica, porque la nueva Constitución no establece el tiempo. Esta Carta Magna, señaló, "necesita una ley complementaria de derecho de queja, entre otros muchos derechos".
Quiñones Haces está a la espera de ser citado por la Fiscalía Provincial de Guantánamo para ser instruido de cargos por los delitos de desobediencia y resistencia. La instancia tiene hasta 60 días para presentar los cargos, un término que puede prorrogarse previa autorización de la Fiscalía General de la República.
Carta a la Fiscalía Militar de Guantánamo
Guantánamo, 29 de abril del 2019
A: Fiscalía Militar de Guantánamo
ROBERTO DE JESÚS QUIÑONES HACES, mayor de edad, natural de Cienfuegos, cubano, de estado civil casado, Licenciado en Derecho, escritor ex miembro de la UNEAC por mi propia voluntad, periodista independiente, vecino de la calle 7 Oeste, número 1263, entre 2 y 3 Norte, Reparto Pastorita, Guantánamo, ante esta instancia de la Fiscalía General de la República comparezco y digo:
Que haciendo uso del derecho de queja reconocido en el artículo 61 de la Constitución de la República, recientemente proclamada, vengo mediante este escrito a solicitar de esta institución que cumpla su rol tutelar de la legalidad, establecido en el artículo 156 de la Carta Magna, y adopte de inmediato las medidas necesarias para que cesen definitivamente las acciones ilegales que la Seguridad del Estado de esta provincia viene ejecutando de forma reiterada contra mi persona desde hace varios años.
Baso esta solicitud en los siguientes:
HECHOS y RAZONAMIENTOS:
PRIMERO: Que el martes 31 de julio del 2018, ante un Fiscal Militar de esta institución que se encontraba de guardia, presenté escrito de queja denunciando que mi vivienda fue registrada por la Seguridad del Estado el 5 de octubre del 2015 y el 3 de julio del 2018, fechas en que me ocuparon numerosos bienes personales, fotografías de mi familia y dinero.
Esta Fiscalía Militar, violando su función en cuanto al control y defensa de la legalidad del país, y lo establecido en el artículo 63 de la anterior Constitución, jamás me respondió, lo que interpreto como una discriminación por mis ideas políticas.
Han transcurrido 3 años, 6 meses y 24 días del registro que efectuó la Seguridad del Estado en mi vivienda el 5 de octubre del 2015 y nunca he sido citado para declarar, ni me han devuelto los bienes, algo absolutamente ilegal.
Lo mismo puedo decir con respecto al registro efectuado en mi domicilio el 3 de julio pasado.
SEGUNDO: Después del registro del 3 de julio del 2018 he continuado hostigado por la Seguridad del Estado.
El 23 de enero del año en curso fui citado para comparecer en la Unidad Provincial de Operaciones de Delitos Contra la Seguridad del Estado. Allí fui entrevistado por los oficiales que se presentaron como “Víctor Víctor” y “teniente Torres”, quienes me amenazaron por mi labor como periodista independiente y me acusaron de ser autor de los delitos de Difusión de Noticias Falsas contra la Paz Internacional y otro de Usurpación de Funciones.
TERCERO: El día 10 de febrero de este año, cuando me dirigía al aeropuerto Mariana Grajales de esta ciudad, con el objetivo de viajar a La Habana para participar en la Feria Internacional del Libro, fui detenido cerca de esta Fiscalía Militar por el oficial “Víctor Víctor” y el “capitán Liobis”, quienes me condujeron a la Unidad Municipal de la PNR de Guantánamo, donde estuve detenido ilegalmente dos horas y media. Por esta acción también sufrí un perjuicio económico.
El pasado jueves 18 de abril, siendo alrededor de las 9:15 p.m., cuando viajaba rumbo a Cienfuegos con mi amigo el Dr. Regino Gaudencio Rodríguez Boti, con el objetivo de visitar a mis ancianos padres, enfermos ambos, el ómnibus en que viajaba fue detenido y en presencia de los pasajeros fui obligado a bajar de él. Esta vez el operativo de la Seguridad del Estado fue dirigido por “Víctor Víctor” y “Modesto”, también conocido como “Michael Jordan”.
La razón de ambas detenciones ilegales-según me han explicado estos oficiales y el que se presenta como “Kevin”- es que yo no puedo salir de esta provincia sin autorización de la Seguridad del Estado, que tengo que pedirles permiso para hacerlo, lo cual es una violación del artículo 52 de la nueva Constitución, y constituye presuntos delitos de Coacción y Abuso de Autoridad, previstos y sancionados en los artículos 286 y 133 del Código Penal, porque yo no estoy sujeto a libertad condicional y en este país no existe ninguna ley que me obligue a hacer eso.
Siendo un hombre libre no voy a aceptar jamás esa humillación que quiere imponerme la Seguridad del Estado.
CUARTO: La escalada represiva en contra de mi persona alcanzó su clímax el pasado lunes 22 de abril, cuando hallándome en el portal del Tribunal Municipal Popular de Guantánamo, sin estar cometiendo ningún delito y sin hallarme en ninguno de los supuestos legales establecidos en los artículos 242 y 243 de la Ley de Procedimiento Penal, el oficial “Víctor Víctor” ordenó a un agente de la PNR que me detuviera, el cual no sólo me detuvo ilegalmente, violando esos artículos y el artículo 46 de la nueva Constitución, sino que ejerció contra de mi persona una violencia desmedida e injustificada, incongruente con la ética que predica el MININT, ocasionándome lesiones.
Aprovecho para informar a esta Fiscalía Militar que en horas de la mañana de hoy pude ser examinado por un médico especialista en Otorrinolaringología y el tímpano de mi oído derecho fue perforado, lo cual no consta en los certificados médicos que entregaron en el hospital pues la especialista de guardia, el día de los hechos, se negó a atenderme.
QUINTO: Basándome en lo antes expuesto solicito a esta Fiscalía Militar lo siguiente:
Que ordene a la Seguridad del Estado que me reintegre el dinero ocupado en el registro efectuado en mi domicilio el 5 de octubre del 2015, así como todos los demás bienes ocupados, pues he sido desprovisto de ellos ilegalmente.
Que ordene a la Seguridad del Estado que me reintegre todos los bienes que me ocupó el 3 de julio del 2018.
Que ordene a la Seguridad del Estado que me indemnice por la afectación económica que tuve en las dos ocasiones en que, de forma ilegal, me impidió viajar.
Que ordene a la Seguridad del Estado que cese en la violación de mis derechos humanos y ciudadanos, reconocidos por la nueva Constitución, específicamente los referidos a la libertad de movimiento, el disfrute de mis bienes y a la libertad de expresión de mi pensamiento.
Que ordene a la Seguridad del Estado que deje de escuchar ilegalmente las llamadas telefónicas que se realizan desde mi teléfono fijo y celular y que deje de llamar a mi casa para intimidarme.
SEXTO: Dejo bien claro que responsabilizo a la Seguridad del Estado de Guantánamo, al Ministerio del Interior de esta provincia y al Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba con lo que pueda ocurrir en caso de que vuelva a ser amenazado o detenido ilegalmente.
Espero que ahora esta Fiscalía Militar responda esta carta, sobre todo ahora que la nueva Constitución y los principales dirigentes de este país afirman que Cuba es un Estado de derecho.
Atentamente,
Roberto de Jesús Quiñones Haces
Con copia a:
Excmo. Monseñor Giorgio Lingua, Nuncio Apostólico del Estado Vaticano en La Habana, Cuba.
Excmo. Embajador de la Unión Europea en La Habana, Cuba.
Excma. Sra. Mara Tekach, Encargada de Negocios de la Embajada de los EE.UU. en La Habana, Cuba.
Excma. Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU.
Excmo. Monseñor Silvano Pedroso Montalvo, Obispo de la Diócesis Guantánamo Baracoa.
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Dr. René Gómez Manzano, Presidente de la Corriente Agramontista de Abogados Independientes de Cuba.
Consejo de Dirección de Cubanet.
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Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)
Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.
Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.
La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.
La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.
La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.
Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano
Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.
Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.
Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.
En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.
Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.
Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.
Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.
El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.
Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.
Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.
Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.
"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.
La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.
Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.
"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
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