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Derechos Humanos

Abogada opositora critica por igual políticas de Trump y postura de Europa hacia Cuba

La abogada Laritza Diversent en la cumbre de UNWatch. Tomado de @GenevaSummit

Ginebra, 19 feb (EFE).- La Unión Europea está cometiendo un gran error al excluir a las organizaciones de la sociedad civil de su diálogo con Cuba, sostiene la activista cubana Laritza Diversent, perseguida por el gobierno por la asesoría legal gratuita que ofrecía a todo el que la solicitará, incluyendo pleitos con el Estado.

"Ni la Unión Europea ni Estados Unidos pueden entrar a Cuba y verificar cuál es la situación de derechos humanos o documentar violaciones. Esto solo lo pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil que el Gobierno cubano insiste en hostigar y hacer desaparecer", denuncia Diversent en una entrevista con Efe.

Diversent está en Ginebra como invitada de una gran conferencia de disidentes de todo el mundo que organiza la oenegé UN Watch.

Aquí compartirá su historia, que empezó cuando fundó CUBALEX, el único
centro que brindaba asistencia legal a quien la necesitase, incluidos reclusos olvidados por la justicia cubana.

Su actividad disgustó al gobierno, que en 2016 ordenó el registro de sus oficinas y formuló graves cargos en su contra forzándola a huir a Estados Unidos al año siguiente.

Desde Lancaster (Pensilvania, este de EEUU), Diversent continúa con su lucha y observa con pesimismo tanto la política de confrontación de la Administración de Donald Trump, como la vía del diálogo político por la que ha optado la Unión Europea, porque considera que ambas estrategias están equivocadas.

El efecto que está teniendo el reforzamiento de las sanciones de EEUU contra Cuba en el envío de remesas es preocupante, según la activista, ya que "ha puesto en situación más crítica a las organizaciones de la sociedad civil" al dificultar su acceso a fondos de cooperación internacional.

"Si Western Union empieza a poner obstáculos para que en Cuba se reciba dinero de remesas, muchas organizaciones no tendrán recursos para cumplir con sus actividades, ni para presionar desde dentro al gobierno", asegura.

La firma de envío de dinero ha indicado que evalúa suspender las transferencias a Cuba desde otros países, con excepción de EEUU.

Diversent conoce bien los obstáculos que afrontan las oenegés para obtener financiación que les permita funcionar y que van desde complejos trámites burocráticos hasta la barrera del idioma y procedimientos repletos de tecnicismos desconocidos para una abogada cubana, que ella descubrió al llegar a Estados Unidos.

Todo lo superó y pudo encontrar pequeños fondos que le permiten documentar para las instancias internacionales las violaciones de los derechos humanos que sufren activistas, periodistas y escritores cubanos, acompañada de un equipo de cinco personas repartidas entre Lancaster y La Habana.

"Pienso que la política de Estados Unidos está mal, pero también la de la Unión Europea porque ésta se enfoca en un dialogo con el Gobierno y no con quienes realmente tienen la posibilidad de promover un cambio dentro de la isla, que son los activistas reprimidos", explica la letrada.

Asegura que Bruselas no dice la verdad cuando afirma que el diálogo con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel es sin condiciones: "Si el gobierno le dice que no hable con tal persona u organización, la Unión Europea no lo hace. Los reyes de España y otras personalidades europeas no se han reunido con organizaciones opositoras en sus visitas a Cuba".

Diversent habla con franqueza y consciente de que sus comentarios
pueden atraerle la enemistad de otros opositores cubanos, principalmente cuando critica la política de sanciones de Trump por considerarla ineficaz.

"Llevamos 60 años con la misma política y nada ha cambiado, sólo ha servido para que el gobierno se atrinchere", afirma, y agrega que finalmente el pueblo es el más perjudicado porque esas medidas no tocan a la clase dirigente ni a los estamentos militares.

Mientras tanto no hay ninguna señal de que el Gobierno de Díaz-Canel tenga la intención de cambiar la política de represión contra la disidencia.

"La sociedad civil sigue forzada a exiliarse y la mayoría de veces los disidentes no pueden realizar su trabajo. Díaz-Canel ha asumido en este sentido una política de continuidad".

Diversent comenta que el presidente utiliza las redes sociales para "fomentar la discriminación contra los cubanos que piensan diferente y hacer escarnio de la oposición", y ha ordenado a ministros y funcionarios que hagan lo mismo.

La consecuencia es el aislamiento social que sufren los opositores dentro de Cuba, que "se quedan solos" porque amigos y vecinos temen que se les identifique con ellos.

A pesar de todos estos obstáculos, la activista piensa seguir en esta lucha que ha asumido como suya, como la que hace seis décadas llevó a su padre a luchar en Sierra Maestra por una revolución en la que sigue creyendo.

Padre e hija piensan de modo distinto, pero se respetan, y Diversent está decidida a seguir poniendo al servicio de disidentes como ella los instrumentos jurídicos que adquirió en las mejores escuelas y universidades de Cuba, de donde salió con la amenaza de una fiscal de que si volvía iría directamente a prisión.

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Comisión Justicia Cuba podría juzgar a funcionarios castristas de la salud

Médicos cubanos en Bolivia en una foto tomada en 2007. REUTERS/David Mercado

René Bolio, jurista mexicano que preside la Comisión Justicia Cuba, organismo comprometido con procesar a los castristas responsables de crímenes de lesa humanidad, dijo este miércoles que los funcionarios de la dictadura que participan en la contratación internacional de profesionales de la salud son objetivo de la organización que dirige.

Bolio dijo al periodista Pedro Corzo, de Radio TV Martí, que la Comisión persigue violaciones de derechos humanos que se hagan de manera persistente y sistemática, y que sean utilizadas para mantenerse en el poder.

Son requisitos que cumplen los contratadores al servicio del régimen cubano, puesto que violan el derecho al trabajo de los profesionales de la salud, les roban su dinero, los utilizan para el mantenimiento de la dictadura en el poder, y todo eso ha sucedido de manera sistemática por los últimos años, apunto el jurista.

Justicia Cuba reacciona ante la trata de cubanos profesionales de la salud
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Los profesionales que ellos contratan ni siquiera cumplen con el cometido por el que son enviados a otros países, ya que no están a la altura de los estándares requeridos en la mayoría de esos países para poder ejercer como médicos, dijo Bolio.

La Comisión Justicia Cuba fue creada por abogados, activistas de derechos humanos y políticos de diez naciones de Europa, América y Asia en marzo de 2017 ante el aumento de la represión en la isla.

Suspenden visitas a presos en Cuba y limitan alimentos que se les pueden enviar

Prisión Combinado del Este, en La Habana. (Adalberto Roque/AFP/Archivo)

La Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior de Cuba decidió suspender las visitas familiares y limitar los alimentos que reciben mensualmente los reclusos en medio de la crisis de coronavirus que afecta a la isla.

Los productos alimenticios enviados a los reos ahora tienen que estar sellados en sus envases originales y quedó prohibido hacerles llegar comidas preelaboradas.

Declaraciones sobre cancelación de visitas a presos en Cuba
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Familiares de presos y activistas de derechos humanos explicaron a Radio Televisión Martí las consecuencias que traerán para los encarcelados estas restricciones.

Desde Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien estuvo hasta febrero en la prisión de Aguadores, afirmó que la medida será devastadora para los prisioneros, quienes dependen de la “jaba” (envío) familiar con comida.

"Los presos sobreviven con lo que les llevan los familiares porque la alimentación que provee la prisión es mínima y de pésima calidad", comentó.

Yamilka Abascal, esposa del preso político José Rolando Cásares Soto, miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, quien cumple una condena de cinco años por el "delito de desacato" en la prisión del kilómetro cuatro y medio de la carretera de San Juan y Martínez, en Pinar del Río, indicó que desde hace 10 días no habla con su esposo porque la pandemia complica las comunicaciones desde el penal.

Según Abascal, las autoridades "permiten nada más entrar confituras y productos en conserva. En realidad, no hay nada como para que uno pueda llevarle todas las cosas que necesita".

En enero, el Tribunal Municipal de San Juan y Martínez, en Pinar del Río, violando lo que expresa la propia ley, negó la libertad condicional a Cásares, a pesar de haber cumplido ya, más de la mitad de la condena.

En Holguín, Ramón Zamora, quien recibe denuncias desde las prisiones, agregó que ahora los familiares tendrán que ir a las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) para comprar alimentos y, subrayó, la mayoría de ellos no cuentan con ese dinero.

"Va a ser dificilísimo que muchos puedan abastecer a su familiar dentro de la prisión para que se pueda alimentar", indicó.

Graciela Suárez, madre del preso político Humberto Real Suárez, de 51 años, quien está recluido en la prisión provincial de Agüica, donde ya cumplió 24 años de una condena de 30, dijo: "Puede ir un familiar y llevarle los alimentos en un saco con el nombre de él y dejarlo allí a los oficiales. Lo que va a ser muy difícil es conseguir qué llevarle. Lo que dejan (entrar) son las cuatro cosas que no hay en el país. Qué le voy a llevar yo a mi hijo".

En Sibanicú, Camagüey, Jiordan Marrero Huerta, quien atiende a los reclusos del territorio agramontino, se unió al reclamo a las autoridades para que liberen a los presos políticos.

"Hoy más que nunca debemos exigirle a la dictadura comunista que ponga en libertad a los prisioneros políticos cubanos", concluyó.

Denuncian que Dama de Blanco continúa en celda de castigo y sin acceso a sus pertenencias

La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, junto a sus hijas.

La Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz continúa en una celda de castigo, y sin tener acceso a sus pertenencias, en la cárcel de mujeres de Manatí, en la oriental provincia de Las Tunas, declaró a Radio Televisión Martí su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.

Declaraciones de Ismael Boris Reñí, miembro de la UNPACU
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Nieto Muñoz fue traslada en marzo a ese centro penitenciario, a más de 600 kilómetros de su casa, tras un motín ocurrido en la prisión del Guatao, en La Habana, donde cumplía una sentencia de cuatro años por los delitos de "atentado, daño y desacato".

Según Reñí, quien es miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y fue liberado recientemente, "Aymara se ha comunicado conmigo. Cuando a ella la detuvieron, la dejaron sin sus pertenencias, sin nada. Imagínate cómo debe estar ella en este momento..."

Comentó que ha coordinado para ver cómo le puede hacer llegar a la prisionera política lo que es necesario en la prisión.

Sobre la conversación con su esposa, Reñí amplió que "no pude hablar mucho con ella. Le pregunté sobre qué cosas le hacían falta. Ella no tiene nada, ni blúmers, ni ajustadores, ni un jarro y una cuchara..., pero no hay manera de llevarle nada porque no hay transporte".

Tras salir de la prisión el pasado 27 de marzo, Reñí comentó que tenía por delante la gran tarea de abogar por la libertad de su esposa y de todos los presos políticos que cumplen injustas condenas en las cárceles de Cuba.

Aymara Nieto Muñoz e Ismael Boris Reñí, en una foto de julio del 2016.
Aymara Nieto Muñoz e Ismael Boris Reñí, en una foto de julio del 2016.

Reñí se encontraba en una cárcel de Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, cumpliendo una sanción de dos años de prisión por un cargo de "desacato a la autoridad".

Su esposa, quien es también activista de la UNPACU, fue sentenciada en abril del 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a cuatro años de cárcel.

(Esta nota fue elaborada con una entrevista de la reportera de Radio Televisión Martí Ivette Pacheco)

CIDH registra violaciones graves, masivas y sistemáticas en Cuba y pide el fin del embargo

La policía cubana arrestó a algunos manifestantes que participaban en la marcha LGTBI en La Habana, el 11 de mayo de 2019.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2019 critica las violaciones, graves y sistemáticas de los derechos humanos en Cuba y pide el fin del embargo.

En el país no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa, no hay independencia judicial, existen limitaciones a la separación de poderes y se registran constantes restricciones al ejercicio de los derechos políticos y a la libertad de expresión, además de violaciones graves, masivas y sistemáticas a derechos enunciados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.​

Una integrante de la CIDH en una de las visitas a países de la región.
CIDH Informe sobre la situación de derechos humanos en Cuba 2019

La CIDH mostró "preocupación por las graves afectaciones a los derechos políticos al sufragio y a la participación en el gobierno, a la libertad de opinión, expresión y difusión, al derecho de residencia y tránsito y a la protección contra la detención arbitraria".

Además denuncia que los defensores de derechos humanos en Cuba son víctimas de constantes restricciones de viajes, detenciones arbitrarias de corta duración, procesos de criminalización y persecución judicial.

Los activistas pro derechos humanos en la isla son acusados a menudo de delitos como desacato, peligrosidad y peligrosidad social pre delictiva, impago de multas, desorden público y resistencia o rebelión, con el fin de desincentivar la labor defensa y promoción de los derechos humanos.

"Las acciones para restringir los derechos de los activistas políticos, se extenderían a sus familiares, incluidos niños y niñas", afirma el reporte.

Sobre el controversial tema del embargo económico impuesto por Washington a la isla, del cual opositores y activistas de la sociedad civil tienen posturas divididas, la CIDH asegura que "reitera la importancia de poner fin al bloqueo económico de Estados Unidos sobre Cuba para garantizar derechos humanos que se ven afectados como consecuencia del mismo".

Por otra parte, el informe remarca que persisten restricciones para que todos los cubanos puedan acceder a cargos de representatividad política: "La supremacía del Partido Comunista que nuevamente es identificado en la Constitución como un partido único, constituiría una restricción a la participación de las personas con convicción política diferente para participar en los asuntos públicos y cargos representativos. Además, autoridades como la Asamblea Nacional del Poder Popular siguen reuniendo amplias facultades para la toma de decisiones públicas que desdibujan los elementos característicos de un sistema de separación de poderes".

La CIDH tampoco observa un cambio de condiciones que brinden garantías para la independencia judicial.

"La nueva Constitución incluyó en su texto las garantías de habeas corpus, presunción de inocencia y el derecho de acceso a la justicia. Sobre estos dos últimos, la CIDH había llamado la atención de que estuvieran en el texto constitucional, por lo que saluda su inclusión, sin embargo, hace un llamado para que la legislación disponga las condiciones para el efectivo funcionamiento del habeas corpus como mecanismo protector del derecho a la libertad personal. Los testimonios recabados fueron enfáticos en señalar que a pesar de su constitucionalización, dicha garantía no es efectiva. La Comisión expresa su preocupación por el alto número de testimonios e información pública que denuncia detenciones arbitrarias contra activistas y opositores como una práctica en la isla".

La Comisión manifestó su preocupación por los testimonios que denunciaron la imparcialidad en la administración de justicia, en especial en casos de activistas y opositores.

En el capítulo sobre libertad de expresión, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión destacan que Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Permanece un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

El informe hable da la persecución selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes que por periodos incluso se recrudece.

En materia de Internet, se observa que las disposiciones legales serían sumamente restrictivas y ambiguas, y habría una limitada conectividad de la población cubana. Además, el bloqueo y censura de medios críticos, impiden seriamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, privacidad e intimidad en la red. En general, en materia de libertad de expresión, se observa una grave discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos humanos a todo aquel que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista.

Portavoz de UNPACU y su familia se exilian en EE.UU

Carlos Amel Oliva y la esposa Katerine Mojena

El joven Carlos Amel Oliva Torres, portavoz del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, llegó a Estados Unidos tras solicitar asilo político el pasado miércoles, dos días antes de que el régimen de la isla sacara de la cárcel al líder de esa organización, José Daniel Ferrer, y pusiera a cumplir prisión domiciliaria, informa la agencia EFE.

Durante los últimos años, Oliva fue el portavoz de la organización opositora que tiene su sede principal en Santiago de Cuba y es la más perseguida por el régimen comunista.

En 2018, Oliva fue galardonado con el Premio Joven Cubano Influyente, que otorga el Instituto Político para la Libertad, con sede en Lima, Perú.

"Oliva se encuentra en Miami junto a su esposa, Katerine Mojena, sus dos hijos menores y su hermano, Ernesto Oliva Torres", confirmó este martes a Efe Luis Enrique Ferrer, representante de UNPACU en el exterior y hermano de José Daniel.

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