La denuncia está incluída en el informe anual que el Departamento de Estado presenta al Congreso sobre la producción y el tráfico de estupefacientes en todo el mundo, y el cual certifica los esfuerzos de países extranjeros en la lucha anti-narcóticos.
El informe señala que la flota actual de patrulleras y aviones cubanos deteriorados no constituyen una fuerza de interdicción creíble, por lo que el espacio áreo y marítimo de Cuba es un corredor favorable para los cargamentos de estupefacientes de Sudamérica y el Caribe con destino a Estados Unidos, México, Haití y las Islas Bahamas.
Asimismo, no ha destinado recursos adecuados a las unidades que combaten el tráfico de drogas, los cuales sí que van al Directorio General de Seguridad Estatal, la policía política de Cuba.
El informe, que contiene severas críticas al régimen de Fidel Castro, reconoce que La Habana emprendió una campaña a principios del 2003 contra el narcotráfico, la que utilizó para reprimir actividades económicas ilegales que serían permitidas en la mayoría de las sociedades normales, y que luego la amplió contra actividades políticas disidentes.
El único aspecto positivo del informe es la descripción del Gobierno estadounidense y el cubano en algunos casos específicos en 2003.