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Piden a la ONU pronunciarse sobre violencia postelectoral en Venezuela


José Miguel Vivanco, director de la División de Las Américas de Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW) solicitó a la ONU que exija al gobierno de Venezuela "que investigue de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos estos incidentes y juzgue a los responsables en los casos en que se hayan cometido abusos"

La organización Human Rights Watch (HRW) solicitó a la ONU que se pronuncie sobre las denuncias por hechos de violencia en Venezuela que dejaron 11 muertos tras las elecciones presidenciales de abril y exija al gobierno investigarlas, según una carta publicada este jueves.

"A la luz de las graves denuncias sobre abusos documentadas por organizaciones locales de derechos humanos, le instamos respetuosamente a que exija al gobierno de Venezuela que investigue de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos estos incidentes y juzgue a los responsables en los casos en que se hayan cometido abusos", señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en la misiva.

El documento de la organización de derechos humanos está dirigido a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naventhem Pillay, y los relatores de la organización sobre libertad de reunión, libertad de expresión, torturas, detención arbitraria, independencia de magistrados y abogados, y la situación de los defensores de derechos humanos.

Una serie de protestas se desataron en los días posteriores a la elección presidencial del 14 de abril en rechazo al resultado, que dio como ganador al actual mandatario Nicolás Maduro sobre el opositor Henrique Capriles por una diferencia de 1,49% de los votos.

La oposición ha impugnado los comicios y demanda su anulación total o parcial.

La fiscalía venezolana anunció la imputación de ocho personas por estos hechos, que dejaron 11 muertos, según cifras oficiales.

Y en junio, el canciller venezolano, Elías Jaua, expusó los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde se reunió con Pillay.

Pero HRW denunció que el informe venezolano presentado "atribuye la responsabilidad por estos incidentes a Capriles" y omite las denuncias de organizaciones venezolanas defensoras de derechos humanos.

"Nos preocupa profundamente que las autoridades venezolanas estén utilizando investigaciones penales como una herramienta política para acusar a opositores, sin la debida justificación, de haber participado en delitos, y que a la vez no investiguen adecuadamente denuncias creíbles que se han formulado sobre graves violaciones de derechos humanos", cuestionó la organización.

Entre las denuncias, algunas señalan que las autoridades policiales se excedieron en el uso de la fuerza para dispersar a los seguidores de Capriles, y que éstos habrían sufrido detenciones arbitrarias, tortura y amenazas de violencia sexual.
Según la información recabada por las ONG locales, "las autoridades no han investigado adecuadamente los casos documentados en los informes", expresó HRW.

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