Vencer el ventajismo electoral de un movimiento populista con vastos recursos como sucedió en Venezuela con Hugo Chávez y continua ocurriendo con su sucesor Nicolás Maduro, es un reto muy difícil de superar, porque junto al control sobre las instituciones del estado que ejerce el ejecutivo, hay que sumar su capacidad de intimidación sobre la clase empresarial y las posibilidades de comprar voluntades con los recursos públicos.
Estos regímenes a pesar del despotismo, abuso de poder y el permanente descredito de todos los que se le oponen, no descuidan la legalidad y procuran controlar cada uno de los órganos del estado.
El control de los poderes públicos les asegura las reformas constitucionales que sean pertinentes para seguir gobernando en un marco de legalidad, lo que les concede de parte de la comunidad internacional una especie de impunidad para continuar violando los derechos ciudadanos como en cualquier régimen dictatorial impuesto por la fuerza.
El autoritarismo competitivo, como identificaran esta fórmula Steven Levitsky y Lucan Way, en apariencia cumple los requisitos de la democracia occidental y electoralista, es una eficiente herramienta que permite al Gobernante promover elecciones plurales y multipartidista, con garantías de conservar el poder, porque entre otros factores, cuenta con el respaldo de los supuestos árbitros electorales.
Estos autócratas no decretan la censura de la prensa, sino que procuran incrementar la presencia del estado en los medios, y facilitan a sus partidarios el acceso a estos, mientras limitan con recursos legales la independencia de los medios de comunicación hostiles. Eliminan las licencias de trasmisión, imponen multas millonarias y realizan otras gestiones que llevan casi al punto cero a la prensa opositora, sin anularla por completo.
Los partidos políticos no desaparecen, pero el ejecutivo recurre a todas las estrategias legales posibles para limitar su capacidad de gestión y en particular la de sus líderes. Como señalan Levitky y Way, hay competencia, pero las reglas establecidas son contrarias a quienes reten al ejecutivo.
No obstante hay aspectos que este tipo de régimen no atiende como debería, al menos los implantados en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y es que no han impulsado y prestado el apoyo necesario a los movimientos de masa, tal y como hizo el socialismo real, un aspecto que copió fielmente la dictadura carismática de Fidel Castro.
El chavismo a pesar del populismo que promueve, no ha impulsado la creación de poderosas organizaciones de masa que por su gran capacidad de movilización, siempre contarían con el respaldo económico y logístico del ejecutivo, podrían en un momento de crisis ser la primera línea de confrontación contra los descontentos.
Las organizaciones de masa afines al poder no tienen gran relevancia y el propio Partido Socialista Unificado de Venezuela, es en realidad una cúpula que congrega a un grupo de individuos, mas por intereses que por ideales, aunque estos están presentes en algún que otro cacique.
El no haber trabajado en el desarrollo de organizaciones no gubernamentales que se identifiquen con el proyecto es parte de la debilidad del chavismo. El régimen no ha construido un entramado sindical fuerte, capaz de movilizar a sus partidarios. Tampoco lo ha hecho con los colegios profesionales.
Los centros universitarios a pesar de las presiones, conservan una relativa independencia y los estudiantes todavía actúan por propias iniciativas.
El régimen centra su estrategia hacia la masa en faraónicos proyectos sociales en los que por falta de un control adecuado se despilfarran los bienes del estado, lo que genera una burocracia con un alto índice de corrupción y una clientela entre la ciudadanía que cada día es más dependiente de la voluntad de los que están al frente del gobierno.
Lo fundamental para la continuidad de este tipo de gobierno es el control de las instituciones del estado como se apuntó con anterioridad. También el acceso sin restricciones a los bienes públicos y los recursos legales suficientes para proceder con a la expropiación o confiscación de bienes privados, pero sin promover la lucha de clases, porque no son contrarios al enriquecimiento lícito o ilícito de sus partidarios.
La economía independiente no supone un riego para este tipo de gobernante salvo que el empresario actué como opositor. La lealtad al régimen hace posible que un empresario fracasado, de la noche a la mañana, posea una cuantiosa fortuna.
Las Fuerzas Armadas están supeditadas al orden constitucional que representa el Ejecutivo. La promoción de los oficiales permite controlar la institución, a la vez que los requerimientos de este estamento son satisfechos con celeridad. Se politizan los institutos armados y se promueve su corrupción.
El autoritarismo competitivo es difícil de vencer, sin violentar la legalidad impuesta por los déspotas. La mesa ha sido servida por estos dictadores de nuevo cuño.
Estos regímenes a pesar del despotismo, abuso de poder y el permanente descredito de todos los que se le oponen, no descuidan la legalidad y procuran controlar cada uno de los órganos del estado.
El control de los poderes públicos les asegura las reformas constitucionales que sean pertinentes para seguir gobernando en un marco de legalidad, lo que les concede de parte de la comunidad internacional una especie de impunidad para continuar violando los derechos ciudadanos como en cualquier régimen dictatorial impuesto por la fuerza.
El autoritarismo competitivo, como identificaran esta fórmula Steven Levitsky y Lucan Way, en apariencia cumple los requisitos de la democracia occidental y electoralista, es una eficiente herramienta que permite al Gobernante promover elecciones plurales y multipartidista, con garantías de conservar el poder, porque entre otros factores, cuenta con el respaldo de los supuestos árbitros electorales.
Estos autócratas no decretan la censura de la prensa, sino que procuran incrementar la presencia del estado en los medios, y facilitan a sus partidarios el acceso a estos, mientras limitan con recursos legales la independencia de los medios de comunicación hostiles. Eliminan las licencias de trasmisión, imponen multas millonarias y realizan otras gestiones que llevan casi al punto cero a la prensa opositora, sin anularla por completo.
Los partidos políticos no desaparecen, pero el ejecutivo recurre a todas las estrategias legales posibles para limitar su capacidad de gestión y en particular la de sus líderes. Como señalan Levitky y Way, hay competencia, pero las reglas establecidas son contrarias a quienes reten al ejecutivo.
No obstante hay aspectos que este tipo de régimen no atiende como debería, al menos los implantados en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y es que no han impulsado y prestado el apoyo necesario a los movimientos de masa, tal y como hizo el socialismo real, un aspecto que copió fielmente la dictadura carismática de Fidel Castro.
El chavismo a pesar del populismo que promueve, no ha impulsado la creación de poderosas organizaciones de masa que por su gran capacidad de movilización, siempre contarían con el respaldo económico y logístico del ejecutivo, podrían en un momento de crisis ser la primera línea de confrontación contra los descontentos.
Las organizaciones de masa afines al poder no tienen gran relevancia y el propio Partido Socialista Unificado de Venezuela, es en realidad una cúpula que congrega a un grupo de individuos, mas por intereses que por ideales, aunque estos están presentes en algún que otro cacique.
El no haber trabajado en el desarrollo de organizaciones no gubernamentales que se identifiquen con el proyecto es parte de la debilidad del chavismo. El régimen no ha construido un entramado sindical fuerte, capaz de movilizar a sus partidarios. Tampoco lo ha hecho con los colegios profesionales.
Los centros universitarios a pesar de las presiones, conservan una relativa independencia y los estudiantes todavía actúan por propias iniciativas.
El régimen centra su estrategia hacia la masa en faraónicos proyectos sociales en los que por falta de un control adecuado se despilfarran los bienes del estado, lo que genera una burocracia con un alto índice de corrupción y una clientela entre la ciudadanía que cada día es más dependiente de la voluntad de los que están al frente del gobierno.
Lo fundamental para la continuidad de este tipo de gobierno es el control de las instituciones del estado como se apuntó con anterioridad. También el acceso sin restricciones a los bienes públicos y los recursos legales suficientes para proceder con a la expropiación o confiscación de bienes privados, pero sin promover la lucha de clases, porque no son contrarios al enriquecimiento lícito o ilícito de sus partidarios.
La economía independiente no supone un riego para este tipo de gobernante salvo que el empresario actué como opositor. La lealtad al régimen hace posible que un empresario fracasado, de la noche a la mañana, posea una cuantiosa fortuna.
Las Fuerzas Armadas están supeditadas al orden constitucional que representa el Ejecutivo. La promoción de los oficiales permite controlar la institución, a la vez que los requerimientos de este estamento son satisfechos con celeridad. Se politizan los institutos armados y se promueve su corrupción.
El autoritarismo competitivo es difícil de vencer, sin violentar la legalidad impuesta por los déspotas. La mesa ha sido servida por estos dictadores de nuevo cuño.
