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América Latina

Crimen organizado dispara servicios de seguridad privada en Centroamérica

Operación contra las pandillas en El Salvador.

El crecimiento de las empresas de seguridad ronda el 8% anual en Centroamérica

Las múltiples actividades del crimen organizado en Centroamérica, una de las regiones más violentas del mundo, ha incrementado la contratación de la seguridad privada, sobre todo en el llamado triángulo norte, donde la fuerza pública se ha visto desbordada.

Según cifras recientes de la Federación Panamericana de Seguridad Privada, en Centroamérica hay más de 200.000 personas dedicadas a este negocio, la mayoría en condiciones de informalidad.

La agencias AFP dijo que en el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), la concentración de este tipo de servicios es mayor debido a la incidencia del crimen organizado y de las "maras" o pandillas.

"El triángulo norte es una zona que tiene grandes problemas de seguridad y obviamente tiene el mayor número de agentes privados", dijo a la AFP Omar Garrido, representante para Centroamérica de Asís, una organización internacional dedicada a la seguridad de las empresas privadas.

Garrido estima que la cifra real podría ser de unos 300.000 guardias privados en Centroamérica, de los cuales 200.000 operan en el triángulo norte.

Según datos del sector, el crecimiento de las empresas de seguridad ronda el 8% anual en Centroamérica, una región que posee las tasas de homicidio más altas del planeta, de acuerdo a estudios de la ONU.

Honduras, con una tasa de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes es el país sin guerra más peligroso del mundo. Le siguen El Salvador con una tasa de 69 y Guatemala con 39.

Según la ONU, la guerra desatada por México contra los cárteles del narcotráfico, ha obligado a estas organizaciones a desplazarse hacia los países del istmo, donde han encontrado un campo abonado por la pobreza, el desempleo juvenil y la corrupción gubernamental.

Rubén Fajardo, consultor en temas de seguridad, asegura que "las autoridades se están enfocando más al crimen organizado, la delincuencia común se nos desborda y ahí es donde la seguridad privada ha tenido un incremento".

Fajardo, quien participó esta semana en un foro de expertos que se reunió en Panamá para analizar diversos temas relacionados con lo servicios privados de seguridad, estima que éstos han tenido un "crecimiento enorme" en la región en los últimos 15 años.

En Guatemala, los guardias de seguridad cuadruplican en número los 24.000 miembros de la fuerza pública, mientras que en Honduras duplican a los 29.000 agentes de la Policía.

En Costa Rica, con índices más bajos de criminalidad, los guardias privados también duplican en número a los 13.000 efectivos estatales.

Secuestros, extorsiones y asaltos a contenedores que transportan mercancías en las carreteras son algunas de las actividades criminales que más preocupan a los empresarios centroamericanos, los grandes usuarios de los servicios de seguridad privada.

"Hay más clientes porque hay más movimiento de mercadería y las poblaciones y los riesgos aumentan. Así como se habla de globalización económica, también existe la globalización delictiva y toca a todos los estratos", dijo a la AFP un empresario con actividades en toda Centroamérica, quien prefirió mantener el anonimato.

Según dijo, semanalmente se pierden 14 contenedores en Honduras; 10 en Guatemala y ocho en El Salvador.

Sin embargo, la mayoría de guardias privados están mal pagados y carecen de preparación adecuada para enfrentar la delincuencia, lo que en ocasiones lleva a que terminen delinquiendo o sirviendo al narcotráfico.

"Si el narcotráfico ha sido capaz de comprar jefes de policía, por qué no va a poder comprar a personas que no tienen ese poder", se pregunta Ernesto Alvarado, presidente de Asís en Panamá.

"Siempre va a existir la tentación", dijo Garrido, para quien al guardia privado hay que pagarle una cantidad "lo suficientemente justa para que no se sienta motivado a cometer un delito".

Fajardo va más allá y asegura que "la industria de la seguridad privada ha sido utilizada por el crimen organizado para lavar dinero", aunque -matiza- "ésta no es una regla general".

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SIP califica de "incitación a la violencia" ataques de AMLO a la prensa

Andres Manuel Lopez Obrador, Presidente de México

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, calificó de "incitación a la violencia" los ataques que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vierte en forma periódica, constante y sistemática contra los medios de comunicación y periodistas.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, dijo que si bien el periodismo como cualquier otra actividad está abierta a la crítica, advirtió que el sesgo autoritario, ideológico y despectivo con el que López Obrador ataca a los medios, puede motivar a aquellos individuos que solo necesitan una excusa para incitar violencia y atacar físicamente a los periodistas y medios.

En forma sistemática y periódica el presidente López Obrador aprovecha sus conferencias de prensa matutinas para estigmatizar a los medios de comunicación, en especial a los diarios de referencia, El Universal y Reforma, a los que califica cotidianamente de amarillistas, corruptos, alarmistas, calumniosos y opositores.

Barnes, director de The Gleaner Company, en Kingston, Jamaica, agregó que "en un país con altos índices de violencia, la actitud presidencial es como tirar gasolina al fuego". El 13 de mayo, el diario Reforma recibió amenazas de que su sede sería bombardeada si persistían sus críticas contra AMLO.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, expresó que "las campañas sistemáticas de desprestigio de López Obrador también han apuntado contra medios internacionales como The Financial Times, The Washington Post o El País", entre otros.

"Lo que resulta extremadamente peligroso es la obstinación del presidente contra la prensa, incluso durante la crisis sanitaria del COVID-19 que afecta al país y requiere la mayor concentración del jefe de Estado", enfatizó Rock, director del sitio de noticias, La Silla Rota, Ciudad de México.

Almagro ante la OEA: Debemos normalizar la democracia en el hemisferio (VIDEO)

El secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, (OEA) Luis Almagro, asumió este miércoles su segundo período al frente de la institución hemisférica hasta mayo de 2025, durante una sesión virtual del Consejo Permanente.

Reelegido por la 54ª Asamblea General Extraordinaria de la Organización el 20 de marzo, Almagro anunció que durante su primera administración logró que la OEA se adaptara a los desafíos del siglo XXI, transformándola “nuevamente en el foro principal donde se debaten los temas de la región. Seguimos revolucionando acciones, mecanismos y prácticas en el multilateralismo”.

“En este segundo mandato, debemos normalizar a la democracia como sistema político ideal para el hemisferio sin excepciones y sin restricciones. En estos momentos de crisis por la pandemia del Covid-19, debemos de reafirmar nuestra vocación democrática”, agregó el Secretario General Almagro.

Por su parte, el Presidente del Consejo y Embajador de Haití, Leon Charles, expresó en nombre del cuerpo que preside su seguridad de que la OEA estará a la altura de los desafíos bajo la conducción de Luis Almagro.

“Señor Secretario General usted es uno de nuestros principales activos de la Organización, el éxito de su mandato será el éxito de la OEA y el de cada uno de los Estados Miembros que la integran. Deseamos que tenga una gestión exitosa y fructífera en estos tiempos de grandes dificultades”, manifestó el Embajador Charles.

CIDH denuncia bloqueo informativo de Nicaragua sobre COVID-19

Entierro de víctimas de COVID-19 en Nicaragua

El Comité Internacional de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) vuelve a mostrar su preocupación por el desentendimiento que el régimen de Daniel Ortega muestra respecto al desarrollo de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua.

Apoyándose en los reportes de organizaciones pertenecientes a la sociedad civil de país Centroamericano y también de la Organización Panamericana de la Salud (OPAS), el CIDH considera que la información aportada por Nicaragua hasta el momento es “confusa o inespecífica sobre el modo en que se han producido los contagios y elaborados e implementados los protocolos de seguimiento de casos sospechosos”.

[…] “La información oficial tampoco permite conocer la situación del personal de salud y la capacidad hospitalaria para enfrentar la emergencia, entre otros indicadores”, asegura el informe, que también afirma que, durante una conferencia de prensa ofrecida por la Ministra de Salud, informa “254 personas infectadas desde el comienzo de la pandemia, de las cuales, 199 se habrían recuperado”.

No obstante, el Observatorio Ciudadano COVID-19 de la sociedad civil, así como medios de prensa no parcializados reportan “una cantidad sustancialmente mayor de casos confirmados por medio de pruebas de laboratorio y personas que presentan los síntomas de haber contraído COVID-19 en Nicaragua”. A esta denuncia se une la carta firmada por nueve ex ministros de salud del país que dieron a conocer irregularidades en el tratamiento de la emergencia sanitaria.

Por su parte, medios de comunicación independientes hablan de unas 1300 personas contagiadas que no han sido reportadas oficialmente y aseguran que Nicaragua ingresó en una “fase de contagio comunitario, aún cuando el gobierno no ha reconocido esta situación”. Estos medios hablan también de entierros de personas fallecidas que habían mostrado síntomas de la enfermedad y que fueron efectuados de manera urgente y durante la noche, sin realizar las pertinentes pruebas de constatación.

A esto se une lo manifestado por la Organización Panamericana de la Salud, según las palabras de su director de Emergencias Sanitarias, Ciro Ugarte, quien ha dicho en conferencia de prensa que “Nicaragua es el único país de la región en el cual no se ha podido determinar la modalidad de transmisión del COVID-19”, y también, agrega, “existe preocupación por el posible aumento de casos no reportados oficialmente en Managua y Chinandega así como del incremento inusual de los fallecidos por neumonía atípica”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha insistido durante el transcurso de la emergencia en que “Los gobiernos están obligados, en virtud de las normas sobre derechos humanos, a proporcionar información fidedigna y desagregada sobre la pandemia, evitando promover la desinformación. También deben ser transparentes en relación con las medidas que las comunidades deben adoptar para protegerse, prestando especial atención a las personas con dificultades de acceso a los medios masivos y a internet".

América Latina es ahora el epicentro de la pandemia

Un entierro en Manaos, Brasil en mayo 26, 2020. REUTERS/Bruno Kelly

Washington D.C., 26 de mayo de 2020 (OPS) — La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, dijo hoy que la respuesta a la pandemia COVID-19 en la Región de las Américas debe incluir la atención de enfermedades crónicas, ya que 1 de cada 4 personas tiene un mayor riesgo de tener malos resultados debido a enfermedades no transmisibles (ENT) subyacentes.

Más de 2,4 millones de casos y más de 143.000 muertes han convertido a la Región de las Américas en el epicentro de la pandemia de COVID-19, afirmó la doctora Etienne durante una sesión informativa con los medios de comunicación. “A medida que los casos siguen aumentando en nuestra región, nuestros esfuerzos por proteger a las personas con condiciones subyacentes deben intensificarse”, subrayó.

En América del Sur, “nos preocupa especialmente que el número de nuevos casos notificados la semana pasada en Brasil haya sido el más alto en un período de siete días desde que comenzó el brote. Tanto Perú como Chile también están reportando una alta incidencia”, dijo. Para la mayoría de los países de las Américas, “ahora no es el momento de relajar las restricciones o reducir las estrategias preventivas. Ahora es el momento de mantenerse firme, permanecer vigilante y aplicar agresivamente medidas probadas de salud pública", dijo Etienne.

"Nunca hemos visto una relación tan letal entre una enfermedad infecciosa y las enfermedades no transmisibles. Algunos de los datos son realmente alarmantes. Especialmente para nuestra región, donde las ENT están extendidas ampliamente”, dijo.

Necesitamos medidas preventivas agresivas para proteger a las personas con diabetes, enfermedades respiratorias y cardiovasculares del nuevo coronavirus.

Las personas con diabetes tienen el doble de probabilidades de tener una enfermedad grave o morir, y el 28% de los pacientes con cáncer que se contagiaron con COVID-19 murieron, en comparación con el 2% de los pacientes en general, dijo, citando estudios recientes. Fumar también aumenta la probabilidad de enfermedad grave de COVID-19.

Las medidas de quedarse en casa, las interrupciones en la prestación de servicios de atención médica, así como el temor de asistir a los centros de atención han dado lugar a una reducción de las visitas electivas a las clínicas y a un menor acceso a la diálisis renal, la atención oncológica y retrasos en los tratamientos de alta prioridad para pacientes con ENT, dijo la doctora Etienne.

Muchos trabajadores de la salud que normalmente brindan atención a personas con enfermedades crónicas “han sido redirigidos a la respuesta COVID-19, lo que afectó negativamente el diagnóstico y tratamiento oportunos de las ENT", agregó la Directora de la OPS.

Un menor acceso a la atención por interrupciones en los servicios de salud "pone a los pacientes en mayor riesgo de complicaciones y muerte por enfermedades que sabemos tratar", y los sistemas de salud deben encontrar maneras de responder "o nos enfrentaremos a una epidemia paralela de muertes prevenibles de personas con ENT", explicó.

Antes de COVID-19, el 81 % de todas las muertes en la Región de las Américas se debían a las ENT y el 39 % de estas muertes eran prematuras ya que ocurrieron antes de los 70 años de edad. La doctora Etienne indicó que era importante encontrar métodos seguros para brindar atención clínica esencial a las personas con ENT durante la pandemia. "Por ejemplo, muchos países están ampliando rápidamente la telemedicina, priorizando las citas programadas para evitar salas de espera concurridas y prestando servicios de formas novedosas".

La Directora de la OPS dijo que los países deberían garantizar que las cadenas de suministro de los medicamentos esenciales para las ENT estén protegidas y sigan funcionando de manera eficiente, y que estos productos se distribuyan a las personas que los necesitan.

"También debemos garantizar el acceso oportuno a la atención de enfermedades crónicas para evitar que pongan en peligro la vida. La OPS está trabajando con los países de la región y proporcionando orientación para ayudar a planificar e implementar estas medidas. Mientras los casos siguen aumentando en nuestra región, nuestros esfuerzos para proteger a las personas con condiciones subyacentes deben intensificarse", subrayó.

Costa Rica, primer matrimonio gay legalizado y televisado (VIDEO)

La boda de Alexandra Quiros y Dunia Araya en Costa Rica. Ezequiel BECERRA / AFP

Dos mujeres contrajeron matrimonio la madrugada de este martes en Costa Rica, que se convirtió en el primer país centroamericano en aceptar el matrimonio igualitario, aunque la fecha no tuvo los festejos esperados por la pandemia.

La entrada en vigencia fue recibida con una transmisión en la televisión pública y redes sociales que repasó la historia de la lucha por los derechos de la población sexualmente diversa.

Instantes después de que entrara en vigor, Dunia Araya y Alexandra Quiros se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en Costa Rica.

Vestidas de blanco, las dos jóvenes se casaron en la localidad de San Isidro de Heredia, 14 km al noroeste de San José, ante una notaria protegida con cubrebocas, como parte de las medidas para evitar el covid-19.

Costa Rica es el octavo país del continente americano en aceptar el matrimonio igualitario, el primero en Centroamérica y el 29º en el mundo.

"Este cambio provocará una transformación social y cultural significativa que permitirá a miles de personas casarse ante un abogado", comentó el presidente Carlos Alvarado en la transmisión.

La aceptación de estos matrimonios fue el resultado de un fallo de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 2018, que declaró inconstitucional una disposición del Código de Familia que prohibía los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En el fallo, la sala constitucional dio a la Asamblea Legislativa (parlamento) un plazo de 18 meses para legislar al respecto y, en caso de no hacerlo, la disposición sería anulada el 26 de mayo, como ocurrió.

La decisión de la sala constitucional se dio en respuesta a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en enero de 2018 determinó que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos matrimoniales que las heterosexuales.

Pero mientras la comunidad LGBTI celebraba, la diputada evangélica Nidia Céspedes rechazó el cambio legal y aseguró que se trata de "un día triste para la familia tradicional costarricense".

"La entrada en vigencia del matrimonio igualitario golpea el alma de generaciones de costarricenses, que cimentaron las bases de un gran país apegado a la familia y la vida", expresó Céspedes en un video divulgado en sus redes sociales.

Los legisladores evangélicos hicieron varios intentos de frenar el cambio legal, pero no reunieron el apoyo requerido para que el parlamento pidiera a la Corte Suprema de Justicia un aplazamiento en la medida.

El presidente Alvarado comentó en una reciente entrevista que el momento es propicio para que la población se acepte sin importar las diferencias.

"Es tan importante la inclusión de las personas de la comunidad LGBTI como la validación de que podemos tener diferentes creencias religiosas, practicarlas libremente, y todos coexistir sin lastimarnos unos a otros", dijo Alvarado.

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