Enlaces de accesibilidad

América Latina

Álex Saab, testaferro de Maduro, contrata al ex juez Garzón para su defensa

En esta foto de archivo el juez español Baltasar Garzón junto a la vice presidenta de Argentina Cristina Fernández.

Álex Saab, empresario colombiano testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a Estados Unidos que afronta en Cabo Verde, confirmó este lunes a la agencia EFE el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.

Garzón integrará el equipo legal del empresario y lo defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde, tanto ante organismos judiciales internacionales como de ese país insular de África occidental.

En concreto, el ex juez, que ahora ejerce como abogado, va a “liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela”, explicó Pinto por teléfono en Praia, la capital de Cabo Verde.

En paralelo, Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago “un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que se trasladaba hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral, de la isla norteña de Sal.

Los casos de Garzón

El valor de la indemnización que la defensa del empresario colombiano planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.

Garzón dirige actualmente un bufete de abogados con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se encuentra preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.

En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990), lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.

Por otro lado, Saab, según la misma fuente, no está contento con las condiciones actuales de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.

El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación. “Bastante diferente de la dieta a la que está habituado”, precisó su representante.

Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.

Tras la detención del testaferro, el régimen de Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde y debía volver al país.

El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos “habeas corpus” (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su “encarcelamiento ilegal”, pero ambos fueron desestimados.

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares” entre otras operaciones de blanqueo de capitales en Venezuela y Colombia.

Vea todas las noticias de hoy

La justicia y los recursos de Venezuela centran otra ronda de diálogo en México (VIDEO)

Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, habla con los medios luego de continuar las negociaciones en Ciudad de México. Foto: REUTERS/Edgard Garrido.

La segunda sesión formal de negociaciones políticas sobre Venezuela comienza este viernes en Ciudad de México. La ronda está precedida por fricciones sobre el empresario colombiano Alex Saab y los activos nacionales en el extranjero.

MARACAIBO, VENEZUELA — La utilización de fondos en el extranjero para planes sociales y la modificación del sistema de justicia serán temas centrales de la nueva ronda de negociaciones que inicia este viernes en Ciudad de México en el marco del diálogo para lograr una solución a la crisis en Venezuela.

Las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y de la plataforma unitaria que lo confronta políticamente volverán a coincidir en México entre el viernes 24 y el lunes 27 de septiembre con la facilitación de Noruega y el acompañamiento de los gobiernos de Rusia y los Países Bajos.

Según se comunicó oficialmente tras la última ronda de diálogo, convinieron que el punto central de las próximas conversaciones serán el sistema de justicia y la institucionalidad venezolana, enmarcados en el tema del “respeto del estado constitucional de derecho”, que se incluyó en el memorando de entendimiento.

“Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias” para Venezuela
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:37 0:00

Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora para el diálogo de México, reivindicó ante la prensa tras la última ronda de negociaciones la relevancia de abordar el tema “profundo y complejo” de la reinstitucionalización del país mediante la consecución de un sistema judicial “independiente, soberano”.

Ese sistema, dijo, debe anidar en los venezolanos la certeza de que “la ley es igual para todos”. “Que acabe con la altísima impunidad que hay en Venezuela (…) nos permitirá confiar en que hay alguien a quien acudir cuando el Estado abusa de su poder. Es el sentido del equilibrio de un sistema judicial donde todos sintamos que la justicia puede ser conseguida”, manifestó.

Blyde, abogado experto en derecho constitucional, insistió en México en que ni siquiera el resurgimiento económico sería posible si no se lograran atacar “las causas” de la crisis integral de Venezuela, entre las que mencionó el desmoronamiento de la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes.

Se espera que el oficialismo haga énfasis en el debate en el “respeto del estado constitucional” que menciona el memorando de entendimiento, en el sentido de que la oposición no recurra a “golpes de Estado” o “magnicidios”, sino que retome la ruta electoral, como lo mencionó Maduro este miércoles durante su intervención pregrabada en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ambas delegaciones acordaron dos puntos en la última sesión: un acuerdo para ratificar la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba; y un entendimiento “parcial” para la protección social de los venezolanos mediante la creación de una mesa bipartita para gestar planes alimenticios y de salud.

| Tensiones del diálogo

Otro tema que copará las negociaciones será el de las medidas para beneficiar la economía nacional y garantizar lo que han denominado “protección social al pueblo”, es decir, planes sociales para paliar la crisis que viven los venezolanos.

Este asunto se centrará en la posibilidad de que Venezuela tenga acceso a la asignación especialísima de derechos especiales de giro que hizo el Fondo Monetario Internacional para la liquidez mundial durante la pandemia.

Las reuniones de este fin de semana en México vienen precedidas por fricciones entre las partes. El oficialismo anunció la semana pasada la inclusión como miembro pleno de su delegación para el diálogo de Alex Saab, empresario detenido en Cabo Verde y solicitado en extradición por Estados Unidos.

La oposición respondió dejando el asunto en manos de Noruega, el facilitador, y remarcando que la eventual extradición de Saab es un asunto político entre dos países con sistemas democráticos soberanos, que no le compete.

El gobierno de Maduro criticó duramente también las declaraciones de voceros opositores sobre activos de Venezuela en el extranjero, como la empresa Monómeros, recientemente intervenida por el gobierno colombiano, y acusó a sus detractores de querer provocar “el quiebre” de las negociaciones.

Jorge Rodríguez, máximo responsable de la delegación madurista, indicó en México hace tres semanas que la intervención de Monómeros era “un robo flagrante” del gobierno colombiano y, además, reveló que conversaban sobre “mecanismos audaces, novedosos y diversos” para obtener recursos.

Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor político venezolano, explica que existe una polémica, no solo desde las filas oficialistas, sino dentro de la misma oposición, por el manejo discrecional e irregular de los activos republicanos en el extranjero bajo la figura del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, a quien 50 países reconocen como presidente temporal desde 2019.

“Estas empresas tienen recursos venezolanos, deberían ser controladas por el gobierno venezolano, son activos venezolanos. La disputa es esa: hay un debate sobre si este dinero sigue siendo controlado, ni siquiera por un gobierno interino, realmente, sino por una facción política, Voluntad Popular, y si esto es correcto y constitucional, y qué tipo de beneficios tiene para los venezolanos”, detalla el docente universitario, en conversación con la Voz de América.

Casos como los de Monómeros y Citgo, a la cual el gobierno estadounidense renovó una licencia para proteger sus activos hasta enero de 2022, generan “escándalos” y minan la credibilidad de la oposición venezolana, opina.

“No tiene nada que ver el gobierno (de Maduro) con esto. ¿Quién vigila a los vigilantes de estos activos y qué es lo apegado a los principios de transparencia y responsabilidad al momento de administrar una empresa?”, se pregunta.

Quintero considera que esa polémica sobre los activos en el extranjero, si bien genera “tensión” en la oposición, no derrumbará la mesa de negociación.

Senado de EEUU busca apoyar a mujeres y niños venzolanos

Migrantes venezolanos en Arauquita, Colombia, entre ellos mujeres y menores de edad, acampan en una estación temporal tras enfrentamientos militares en Venezuela en el mes de abril de 2021.

La resolución pretende brindar apoyo, tanto dentro como fuera de Venezuela, a estos dos grupos demográficos que se han visto especialmente afectados por la crisis humanitaria que afecta al país latinoamericano.

Una resolución bipartidista del Senado de Estados Unidos busca aunar el apoyo a la crisis que viven mujeres y niños en Venezuela, una crisis que se ha agudizado con la pandemia del coronavirus, y la asistencia a los migrantes.

La resolución “expresa la alarma del Congreso ante las crecientes necesidades humanitarias de las mujeres y niños dentro de Venezuela y aquellos que buscan protección internacional en países vecinos”.

Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 5,4 millones de venezolanos se han visto obligados a salir del país, huyendo de la grave crisis humanitaria en la nación latinoamericana.

La resolución presentada apoya el trabajo de Estados Unidos y la comunidad internacional en defensa de los migrantes venezolanos, pero también enfatiza en cómo las venezolanas han tenido que hacer frente a la grave crisis.

El documento dado a conocer el miércoles está encabezado por el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y respaldado por sus correligionarios Tim Kaine, de Virginia, Ben Cardin, de Maryland y Dick Durbin, de Illinois, así como por los senadores republicanos Marco Rubio, de Florida y Bill Cassidy de Luisiana.

La criminalidad y el despotismo desenfrenados del régimen de Maduro han dado lugar a la crisis migratoria y de refugiados más severa en la historia moderna de nuestro hemisferio”, señaló el senador Menéndez, quien es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, citado en un comunicado.

En tanto el senador Rubio dijo que “el costo humano de la debacle humanitaria de la narcorregión de Maduro ha resultado en el desplazamiento de 6 millones de venezolanos en todo el mundo”.

Por su parte los demás senadores apoyaron la resolución y pidieron que el gobierno de EE. UU. respalde el proyecto para así proveer de alimentos, albergue y atención médica a los refugiados venezolanos en la región.

El martes el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, destacó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, cómo su país ha servido de refugio para más de 400.000 venezolanos, para quienes dijo, las autoridades han dispuesto los procesos legales a fin de ofrecerles documentos que les permitan trabajar y tener atención de salud.

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son señalados en la resolución encabezada por el senador Menéndez por haber coordinado labores de solidaridad y apoyo bajo en el Proceso de Quito.

Amnistía Internacional: Deficientes investigaciones de asesinatos de mujeres en México violan derechos a la vida

Una activista sostiene un cartel contra el feminicidio en una marcha por el Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de México. (Archivo/REUTERS/Luisa Gonzalez)

Las investigaciones sobre asesinatos de mujeres precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJEM, presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género, según estima Amnistía Internacional.

Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado este martes.

Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de asesinatos de mujeres precedidos de desaparición en el Estado de México establece que las falencias antes referidas coinciden con las de otras investigaciones que han sido puestas de manifiesto por organizaciones de la sociedad civil y por personas titulares de derechos, y con casos como los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos hace más de 20 años. Esto sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.

“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”, precisó Edith Olivares Ferreto.

Tan solo en 2020, se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

En el informe, Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Los casos fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos.

También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.

Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia. Para proteger los derechos de las víctimas, Amnistía Internacional recomienda:

A la FGJEM, que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.

Al Congreso del Estado de México, que la FGJEM, especialmente la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros para cumplir con su labor de manera adecuada.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.

A las autoridades federales, que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

Lanzan Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acción.

El lanzamiento del Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet fue anunciado este martes por el departamento que se ocupa de ese tema dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

El departamento nombrado Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dice que esta iniciativa, que tiene carácter abierto y multisectorial, surge con el fin de atender los desafíos que presentan actualmente las tecnologías digitales para el ejercicio de los derechos humanos en la región.

El 5 de febrero de 2021, la CIDH advirtió que la libertad de expresión en Internet se encuentra en un punto de inflexión en el hemisferio, caracterizado, entre otros aspectos, por el deterioro del debate público; los dilemas sobre la moderación de contenidos y su compatibilidad con los estándares democráticos y de derechos humanos; y la falta de esfuerzos por avanzar respecto de la alfabetización digital orientada al desarrollo de habilidades cívicas.

A partir de hoy y en las próximas ocho semanas, el Diálogo propondrá diversas actividades virtuales de carácter abierto a través de su sitio web www.americasdialogue.org.

Al finalizar este período, y en lo que será la última fase del proceso, se prevé conformar un grupo de trabajo ad-hoc que analizará y discutirá alrededor de los insumos recibidos, para luego desarrollar un plan de acción que pueda ser sugerido a la CIDH. Al cierre de dicho proceso, la Comisión evaluará dentro de los mecanismos a su disposición el que considere más idóneo para proponer estándares interamericanos que atiendan estos desafíos.

La Relatoría alienta a los distintos actores interesados a acompañar y participar activamente en las actividades iniciales que estarán abiertas desde este momento y a navegar en el link las distintas secciones y herramientas del Diálogo.

El “Cuba-Gate” investiga la acreditación de médicos cubanos contratados por México

Médicos cubanos llegan a México.

El descubrimiento hecho durante una investigación de más de seis meses por Julen Rementería, coordinador en el Senado del opositor Partido Acción Nacional (PAN) de México, sobre la imposibilidad de verificar la legitimidad de los miembros de la brigada médica cubana contratados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para combatir la pandemia durante 2020, se mantiene en la palestra del debate político mexicano, exacerbado por el posicionamiento de apoyo frontal al régimen caribeño demostrado por AMLO durante la celebración del Día de la Independencia de México.

Bajo el nombre de “Cuba-Gate”, el senador Rementería publicó el pasado lunes un largo hilo de tuits en los que acusa a ambos gobiernos de “haber orquestado un fraude” por valor de unos 12.692.940 millones de dólares contratando a 585 médicos cubanos de los cuales, según Rementería, nunca se ha podido ver los títulos.

En un artículo publicado por el portal digital independiente Cubanet se explica que Rementería solicitó las constancias de las copias de los títulos profesionales de los galenos, pero esta información no fue proporcionada: "Ni el gobierno de la ciudad, ni las autoridades migratorias, ni la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y ni la Secretaría de Salud Federal pudieron confirmar que las 585 personas que llegaron a México desde la Isla eran médicos”.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y encargada de la confección y la tramitación de dichos contratos alegó no contar “con la documentación que acredite a esas 585 personas como médicos porque esa no es responsabilidad de ellos, sino del Ministerio de Salud de Cuba” lo cual, asegura el senador es contrario a lo estipulado en los modelos de contratos.

Por otra parte y según un cable emitido este martes por la agencia de prensa EFE, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) aseguró que esos 585 médicos contratados para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus no eran “falsos”.

“Se incorporaron desde el 27 de abril de 2020 585 cooperantes, todos profesionales de la salud acreditados por el Ministerio de la Salud de Cuba, con perfiles en epidemiología, medicina general integral, medicina crítica, biomedicina, enfermería general y enfermería especializada”, detalló el informe de Sedesa.

Sedesa dijo también que todos los papeles que tienen que ver con estos médicos contratados “están debidamente integrados, bajo el resguardo de Sedesa y amparados por la Ley de Protección de Datos personales”, lo cual contrasta con lo declarado por el senador Rementería, quien afirma “haber pedido información a por lo menos seis dependencias públicas sobre estos especialistas y ninguna pudo darle una respuesta, por lo que concluyó que eran médicos “falsos”.

Desde 2017, importantes medios de prensa habían revelado aspectos del esquema cubano de tráfico de profesionales, como el despojo salarial, las presiones y amenazas, la retención de documentos de identidad y el uso de los médicos para hacer proselitismo político.

Publicaciones como The New York Times, The Guardian, Wall Street Journal, Miami Herald, Time y la BBC los expusieron después de hablar directamente con cooperantes que habían desertado o pidieron anonimato.

En 2020, las evidencias fueron reforzadas por más reportajes de la prensa internacional; el emplazamiento al gobierno de Cuba por parte de dos relatoras temáticas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; investigaciones de organizaciones dedicadas a los derechos humanos en Cuba; dos demandas judiciales bien argumentadas con los testimonios de exmiembros de las misiones; y la denuncia de una importante organización internacional especializada.

Cargar más

XS
SM
MD
LG