Los participantes en la Conferencia Ministerial para Promover la Libertad Religiosa que se desarrolló en Washington entre los días 25 y 26 de julio, denunciaron en una declaración el uso del antiterrorismo como un falso pretexto para la represión de la libertad religiosa, y los casos de regímenes como China e Irán.

Representantes de la comunidad internacional procedentes de unos 80 países condenaron en el texto “la justificación de las violaciones de la libertad religiosa, la persecución de grupos religiosos y la represión de la disidencia política pacífica por parte de actores de la sociedad civil, incluidos miembros de comunidades religiosas, bajo la apariencia de antiterrorismo u otros imperativos de seguridad".

Los firmantes de la declaración subrayaron la necesidad de políticas antiterroristas efectivas y respetuosas de los derechos religiosos, y deploraron "el uso indebido y el abuso de las leyes y prácticas para imponer el poder del Estado a expensas del respeto por la libertad religiosa y otros derechos civiles y políticos".

La declaración señaló la violación de los derechos humanos, los procedimientos utilizados para alistar y radicalizar a las personas para cometer crímenes amparados en la religión como amenazas cada vez más habituales a la libertad de religión en el mundo.

Ante estas amenazas, los participantes en la conferencia ministerial se comprometieron a "seguir apoyando a las personas y comunidades que han sido objeto de violencia terrorista, y responsabilizar a los perpetradores del terrorismo mediante el uso de políticas, prácticas y leyes que cumplan con las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias".

Preocupante situación en China

Sobre China, los representantes dijeron estar muy preocupados por las restricciones significativas a la libertad religiosa en ese país, e instaron “al Gobierno chino a respetar los derechos humanos de todas las personas".

"Numerosos miembros de minorías religiosas en China, incluidos musulmanes uigures, hui y kazajos; budistas tibetanos; católicos; protestantes y Falun Gong, son blanco de grave represión y discriminación debido a sus creencias. Estas comunidades informan periódicamente sobre incidentes en los cuales se cometen presuntas torturas, abusos físicos, arrestos arbitrarios, detenciones, imposición de penas de prisión u hostigamiento por parte de autoridades contra fieles que pertenecen a grupos religiosos que están o no registrados, debido a actividades vinculadas con sus creencias religiosas y prácticas pacíficas", indica el texto.

La declaración subraya que el régimen comunista chino "restringe la oportunidad de elegir el tipo de educación religiosa y el seguimiento o veneración a los líderes de los diferentes grupos de fe". También omite, agrega el texto, “la identidad religiosa, lingüística y cultural de los musulmanes uigures y los budistas tibetanos”.

Por esa razón, los representantes exhortaron “enérgicamente al Gobierno de China a proteger la libertad religiosa de todas las personas, y respetar los derechos humanos de todos los miembros de organizaciones religiosas, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por China de respetar la libertad de religión.

El caso de Irán

El texto también condenó las "violaciones sistemáticas, constantes y atroces de la libertad religiosa que tienen lugar en Irán", y pidió a las autoridades de ese país que garanticen la libertad religiosa para todos.

"Muchos miembros de las minorías religiosas iraníes, incluyendo bahá’ís, cristianos, judíos, zoroastrianos y musulmanes sufíes y sunitas enfrentan discriminación, acoso y encarcelamiento injusto debido a sus creencias. Cientos de personas permanecen injustamente detenidas, y se han producido varias muertes a manos de las brutales fuerzas de seguridad iraníes", denuncia la declaración.

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Los representantes de la comunidad internacional reunidos en la conferencia en Washington señalaron que "bajo el amparo del poder, el gobierno de Irán asesina a disidentes, reformadores políticos y manifestantes pacíficos por cargos presentados debido a sus creencias o actividades religiosas pacíficas".

”La blasfemia, la apostasía en el Islam y los esfuerzos para hacer proselitismo a los musulmanes son punibles con la muerte, en contra de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Irán”, subrayó.

Los rubricantes de la declaración concluyeron que "los países que respetan y garantizan la libertad religiosa y otros derechos humanos son más seguros, más estables y más pacíficos que aquellos que no lo hacen, por lo que instaron al Gobierno de Irán a que "cese sus violaciones de la libertad religiosa y garantice que todas las personas, independientemente de sus creencias, reciban el mismo trato y puedan vivir sus vidas y ejercer su fe en paz y seguridad”.

(A partir de informes de la Conferencia Ministerial para Promover la Libertad Religiosa y el Departamento de Estado)

Los congresistas cubanoamericanos Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart señalaron este martes que es un "error" la eliminación del TPS para nicaragüenses e instaron al Gobierno federal a hacer "más" para acabar con el "cáncer" que representa no sólo el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, sino a los de Miguel Díaz-Canel, en Cuba, y Nicolás Maduro, en Venezuela.

Tras una reunión en Miami con líderes de la comunidad nicaragüense, los congresistas instaron al Gobierno y al Congreso y a la comunidad internacional a movilizarse ante las "alarmantes" cifras de muertos y otras víctimas de la represión contra los opositores que protestan en Nicaragua desde abril pasado.

Entre 295 y 448 personas han muerto en el marco de las protestas contra el gobierno, según organizaciones humanitarias, que hablan también de miles de heridos y de más de un millar de secuestrados o desaparecidos.

"Ustedes son los héroes, las víctimas que nos pueden decir lo que está pasando; es increíble lo que está pasando a solo una horas de Miami", aseguró Ros-Lehtinen a los nicaragüenses que acudieron a la cita, entre ellos, víctimas y familiares de víctimas.

Ambos congresistas se hicieron eco de una lista de prioridades que presentaron estos líderes y activistas nicaragüenses, entre ellas la liberación de presos políticos y la clasificación oficial como "grupo terrorista" de los paramilitares en Nicaragua.

De igual forma urgieron a la aprobación en el Congresos de EEUU de la denominada ley "Nica", destinada a frenar los desembolsos internacionales a Nicaragua hasta que ese país celebre unas elecciones "libres, justas y transparentes".

En ese sentido, Ros-Lehtinen recordó que la "Ley Nica" ya fue aprobada en la cámara baja, pero el Senado por problemas de "calendario" no la ha tramitado, aunque cuenta con "mucho apoyo" bipartidista, de senadores como Marco Rubio y Bob Menendez.

Precisó que no busca negar fondos al pueblo de Nicaragua, sino al "régimen de Ortega. No perjudica al pueblo de Nicaragua".

Por otro lado, el ex cónsul Armando Arana, otro de los asistentes, señaló a Efe que se deben incluir a más funcionarios de Ortega en la llamada "Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos".

En ese sentido Lehtinen dijo que esa ley, que entre otras autoriza a revocar o bloquear visados, "se debe "aplicar a muchísimos más que son parte del grupo mafioso de Ortega".

Ambos congresistas hicieron un llamado al Gobierno del presidente Donald Trump a "reconsiderar" la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Nicaragua.

"Enviarlos a Nicaragua a sufrir es algo que para nosotros no es aceptable", manifestó Díaz-Balart.

"Como es que vamos a decir un lunes que hay atropellos, violencia asesinatos en Nicaragua y el martes vamos a deportar a los nicaragüenses a su país natal", se lamentó por su parte la congresista cubanoamericanos.

"No es posible, no tiene sentido", agregó.

Lehtinen, quien criticó el "silencio" de la comunidad internacional, indicó que ella y Díaz-Balart se unen al clamor del pueblo de Nicaragua que pide la "salida" de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Sobre el "nexo Cuba, Venezuela y Nicaragua" que denunciaron los nicaragüenses durante la reunión, la congresista dijo que no hay la menor duda.

"Son del mismo grupo, lo que quieren es control absoluto y no les importa nada del diálogo con la Iglesia, todo eso son maniobras para comprar tiempo y mantenerse en el poder", precisó Lehtinen.

La crisis política en Nicaragua comenzó el pasado 18 de abril con protestas contra una anunciada reforma de la seguridad social, que posteriormente el Gobierno nicaragüense retiró, pero las movilizaciones continuaron con la exigencia de la renuncia de Ortega y Murillo.

(EFE)

El presidente electo de Paraguay Mario Abdo Benítez visitó hoy la sede del Comando Sur de EE.UU., en Miami, donde se reunió con su comandante, el almirante Kurt Tidd, informó hoy esa institución de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Benítez habló con Tidd y otros altos mandos de los lazos en materia de defensa que unen a Paraguay con Estados Unidos, señalaron las fuentes sin dar detalles. "Son muchas décadas de una fuerte cooperación en materia de
seguridad basada en intereses comunes, objetivos compartidos y respeto muto", agregaron.

Benítez, del Partido Colorado, recibió información de primera mano acerca de la misión que cumple el Comando Sur y su compromiso para trabajar estrechamente con socios en la región como Paraguay para apoyar una paz y una estabilidad duraderas en el Hemisferio Occidental, señalaron las fuentes.

Miami es la primera escala de una visita de Benítez a Estados Unidos antes de tomar posesión el 15 de agosto próximo.

Según su agenda, antes de viajar a Washington se reunirá con el alcalde de Miami, Francis Suárez. Benítez, del Partido Colorado, recibió información de primera mano acerca de la misión que cumple el Comando Sur y su compromiso para trabajar estrechamente con socios en la región como Paraguay para apoyar una paz y una estabilidad duraderas en el Hemisferio
Occidental, señalaron las fuentes.

Este martes, Mario Abdo Benítez estará en Washington, donde se reunirá con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, entre otras autoridades económicas.

Aunque en las redes sociales Abdo Benítez destacó que la agenda de su visita a EE.UU. tiene un marcado carácter económico, en Washington tiene programado un encuentro con el senador republicano Marcos Rubio, uno de los miembros de la Cámara alta más preocupado por cuestiones latinoamericanas.

El jueves y el viernes el presidente electo estará en Nueva York, donde será recibido por las autoridades locales y mantendrá encuentros con representantes de las agencias de calificación Moody's y Fitch, así como de bancos y fondos de inversión. Antes de visitar EE.UU, Mario Abdo Benítez estuvo en Guatemala, donde se reunió con el mandatario guatemalteco, Jimmy Morales.

EFE

La Casa Blanca exigió este lunes "unas elecciones justas, libres y transparentes" para la restauración de la democracia en Nicaragua, han reportado este lunes desde Washington varias agencias de prensa.

La agencia Efe dijo que con este llamado EEUU abrió la puerta a más sanciones a funcionarios del régimen del presidente Daniel Ortega si no detiene la "indiscriminada" violencia que ha dejado ya más de 350 muertos.

"Unas elecciones libres, justas y transparentes son el único camino hacia la restauración de la democracia en Nicaragua", afirmó la Casa Blanca en un comunicado sobre la crisis política en el país centroamericano.

Por su parte Reuters citó del comunicado los abusos que ha cometido el régimen de Ortega contra sus ciudadanos inconformes.

"Estados Unidos condena fuertemente la actual violencia en Nicaragua y los abusos a los derechos humanos por el r‚gimen de Ortega en respuesta a las protestas", expresa el comunicado.

En concreto, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, responsabilizó Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por la "violencia indiscriminada" y la "brutalidad policial" contra los manifestantes que piden "reformas democráticas".

Desde que iniciaron las protestas en mayo, más de 300 nicaragüense han muerto en los enfrentamientos entre las distintas fuerzas.

Este lunes el diario El País, de España, informó que el posible diólogo entre opositores y el gobierno se habría congelado, debido a que Ortega llamó "golpistas" a los obispos católicos incluidos en la mesa de negociaciones.

El primer intento fallido de negociar la paz data del 18 de mayo cuando ambas partes no se pusieron de acuerdo ante la petición de que el viejo comandante sandinista adelante las elecciones para marzo de 2018.

(Con información de EFE, Reuters y El País)

Congresistas republicanos y demócratas solicitaron en una carta al presidente Donald Trump que reconsidere su decisión de dar por terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos nicaragüenses que residen en Estados Unidos.

El congresista Mario Díaz-Balart (FL-25) se unió a los representantes Ileana Ros-Lehtinen (FL-27), Albio Sires (NJ-08), Debbie Wasserman Schultz (FL-23), Carlos Curbelo (FL-26), Norma Torres (CA-35), y Adam Schiff (CA-28) para enviar una carta bipartidista al presidente Trump en la que explican la grave situación que atraviesa el pueblo de Nicaragua, inmerso en una profunda crisis política.

“La situación en Nicaragua sigue deteriorándose a manos del régimen de Ortega. Los paramilitares han reprimido brutalmente a estudiantes inocentes por exigir elecciones libres, justas y democráticas. Se informa que más de 350 personas han muerto y muchas más han resultado heridas", señaló Díaz-Balart en un comunicado.

"Vuelvo a pedir a la administración de Trump que reconsidere su decisión de retirar la designación de TPS para los nicaragüenses. En este momento tan peligroso, es necesario que continuemos ofreciendo refugio a los nicaragüenses que ya viven en Estados Unidos, ante la escalada de violencia en Nicaragua y el gran peligro que correrían al volver”, concluyó el congresista.

Las cifras de fallecidos en Nicaragua a manos de las fuerzas represivas ha ido en aumento en las últimas semanas. Organizaciones de derechos humanos reportan más de 400 muertos en las protestas que ya duran más de 100 días.

(Con información de la oficina del congresista Mario Díaz-Balart y archivo Martí Noticias)