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Contra la censura

Concluso para sentencia juicio contra rapero contestatario "El Osokbo"

"El Osokbo". (Archivo)

El juicio contra el rapero cubano Maykel Castillo "El Osokbo" celebrado en el Tribunal de La Habana Vieja quedó este miércoles concluso para sentencia, confirmó a Radio Martí su esposa Rosmelis Hernández.

"La Fiscalía determinó un año de privación de libertad. Ahora hay que esperar al día 4 de abril, cuando le bajen la sentencia", dijo Hernández.

"El Osokbo" fue arrestado en su vivienda tres días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saíz, en el que junto a otros artistas se pronunció contra el Decreto 349.

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Eliécer Márquez, "El Ponqui", que sirvió como testigo a "El Osokbo", dijo que tras el concierto, las autoridades revocaron una causa por la que el rapero recibiría solo una multa y abrieron un nuevo proceso por el que ahora le piden un año de prisión.

Al concluir la vista oral la abogada defensora informó a familiares y amigos del preso político que ha pedido al tribunal un cambio de medida cautelar, por lo que el artista podría salir en libertad condicional próximamente.

En el juicio abierto, pero anunciado con menos de 24 horas de antelación, estaban presentes pocos amigos del acusado y un discreto operativo de la Seguridad del Estado, señaló Márquez.

Muchos artistas y activistas cubanos y extranjeros, además de organizaciones internacionales, han señalado que "El Osokbo" fue encarcelado por oponerse al Decreto 349, que tipifica una larga y amplia serie de ofensas que permitirían al Ministerio de Cultura impedir cualquier tipo de expresión artística no acorde con sus intereses e ideología.

(Con reporte de Yolanda Huerga para Radio Martí)

Rapero cubano "El Osokbo" podría ser condenado a tres años de cárcel

Rapero cubano Mayquel Castillo Pérez, "El Osokbo". (Archivo)

El Tribunal Municipal de La Habana Vieja fijó para este miércoles la celebración del juicio contra el rapero Maykel Castillo "El Osokbo", para quien la fiscalía pide hasta tres años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado.

Maykel Castillo, conocido como El Osokbo, fue arrestado en su casa de La Habana Vieja tres días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saíz.

En ese evento, varios raperos se pronunciaron contra el Decreto 349, denunciado por artistas e intelectuales como una mordaza a la libertad de expresión y de creación en isla.

La periodista independiente Yania Suárez, explicó a Radio Martí que el juicio le fue notificado súbitamente, y se celebrará en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja.

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Cuba, único país de América sin ninguna garantía para la libertad de expresión

Detención violenta de Luis Manuel Otero Alcántara, promotor de la campaña contra el Decreto 349 que censura la libertad de creación.

Informe sobre Cuba de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe especial sobre situación de la libertad de expresión en Cuba.

El reporte se divide en seis secciones principales, que abordan sobre el marco normativo vigente en Cuba en el cual se encuentra la raíz de la violación de los derechos humanos, así como un breve análisis de los aspectos de la reforma constitucional presentada por el propio régimen, que refieren al derecho a la libertad de expresión.

Lanza sobre informe CIDH: Cuba mantiene monopolio sobre medios de comunicación
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Asimismo, aborda el periodismo libre e independiente en Cuba, refiriéndose en particular a los medios públicos, la imposibilidad de fundar medios privados y las prácticas de persecución contra periodistas independientes.

Dado que los periodistas no son los únicos que han sufrido persecución por expresar sus ideas en Cuba, igualmente analiza la situación de la criminalización de la crítica y discriminación por motivos políticos a distintos grupos de la población, como defensores y defensoras de derechos humanos, artistas, disidentes políticos, entre otros.

También, el informe aborda las protestas y manifestaciones sociales.

La última parte del informe refiere a limitaciones al derecho a la libertad de expresión en Internet y aborda obstáculos en la regulación del uso de redes y comunicación en la web, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido, y vigilancias.

"Desde hace más de medio siglo, Cuba es un Estado gobernado por un partido único que impide las vías de disenso político. El Estado restringe en forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso.Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinariainstitucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como a artistas o a ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social. Conforme han podido constatar la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se ha suprimido, de este modo, el debate abierto de ideas y sobre aspectos centrales de la vida del país.

Ello se presenta en un contexto, como ha señalado la Comisión Interamericana, de grave inobservancia de los elementos esenciales de la democracia representativa y sus instituciones. Históricamente, la CIDH ha sido crítica ante la ausencia de condiciones que permitan una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento en Cuba; en particular, la celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia, con insuperables obstáculos que impiden el acceso libre a diversas fuentes de información. La voz adversa al gobierno, en su intento de expresarse y participar en la conducción de los asuntos del país, termina siendo suprimida ante la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, las arbitrarias restricciones a la libertad de expresión y el derecho de reunión, entre otros derechos fundamentales.

Cuba se ha mantenido durante décadas entre los países del Hemisferio que exhibe una de las peores situaciones y un ambiente menos propicio para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.Hacer periodismo en Cuba no ha sido ni de cerca una situación comparable con cualquier otro país de la región, por los serios riesgos que enfrentan periodistas y otros grupos de la población que buscan expresar opiniones, la inexistencia de acceso a información pública, el temor de la población y de quienes eventualmente pueden ser fuentes de la información que recaban los periodistas, entre otros múltiples obstáculos.

El control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido permanente en casi cinco décadas, pero ha habido episodios emblemáticos de represión como el ocurrido en el mes de marzo de 2003, cuando se detuvo en forma masiva a personas identificadas como "contrarrevolucionarios" por su pensamiento.

En los últimos años, la CIDH y su Relatoría Especial continuaron recibiendo información preocupante sobre restricciones ilegítimas a la libertad de expresión en Cuba, como el continuo incremento dela persecución selectiva y deliberada en contra de medios y organizaciones independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público por fuera del control del Estado. Revisten gravedad asimismo los actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como activistas, artistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, intelectuales, entre otros.

Todo ello ocurre bajo un marco legal que, lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo, sobre todo a través del derechopenal. También persiste el control estatal de los medios de comunicación y sobre el acceso a los medios digitales, en razón de la limitada conectividad de la población cubana y el bloqueo de medios de comunicación críticos en internet. Ello restringe la información, las manifestaciones culturales y el debate de ideas a las que pueden acceder los cubanos mediante prensa, radio, televisión e internet. Todas estas son restricciones ilegítimas y afectaciones a la libertad de expresión que la Relatoría Especial ha advertido desde hace varias décadas, especialmente a través de sus informes anuales.

En la actualidad, la intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición continúa siendo la principal limitación al goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en Cuba. El cambio de gobierno de facto de la Presidencia del Consejo de Estado y de Ministros de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, durante el 2018, había generado también expectativas de pasos positivos en materia de derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, el nuevo Gobierno se ha presentado, en general, como el continuismo en términos de la represión para el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba. Resulta de grave preocupación que, a poco de asumir, Díaz-Canel anunciara que mantendrá una posición contraria a lalibertad de prensa y a la legalización de medios de comunicación independientes en el país.

Es de la mayor preocupación advertir incluso que en los últimos tiempos habría aumentado la represión e intolerancia para desestimular el periodismo no alineado al oficialismo, la actividad de defensores de derechos humanos y a las críticas de voces disidentes. Durante años, la represión en Cuba se caracterizó por mantener una apariencia de legalidad, que incluía acusaciones fiscales, la designación de defensores de oficio, procesos judiciales y/o condenas firmes. Aunque se mantienen algunas de estas prácticas, se observan variaciones que parecen dirigidas a no dejar huellas jurídicas ni documentación que puedan utilizarse como prueba de los abusos sufridos. Durante el 169 Período de Sesiones de la CIDH, varios periodistas presentes en la sesión, y otros a través de testimonios previamente grabados, relataron lo que denominaron una represión de "desgaste" que evita el enjuiciamiento. Estas formas represivas consistirían en arrestos e interrogatorios humillantes -en particular a mujeres periodistas-; detenciones de hasta 72 horas sin orden ni comunicación judicial; presiones sobre la familia y el entorno; retención de equipos y sustracción de materiales a periodistas; así como prohibiciones de salida del país a periodistas y activistas.

El modelo actual respondería a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, que se realiza a partir de la seguridad del Estado o estructuras paraestatales que pueden resultar más sutiles pero igualmente graves a la luz del derecho internacional. A las herramientas tradicionales utilizadas para reprimir el periodismo independiente, se sumarían formas de represión como amenazaspruebas de aptitud para acceder a la carrera de periodismo en la Universidad estatal.

En este contexto, la Relatoría Especial también tomó nota del proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en Cuba. La información disponible indica que, a fines de julio de 2018, fue publicado el "Proyecto de Constitución de la República de Cuba". La CIDH, en un comunicado de prensa del 4 de marzo de 2019, informó que el proceso de reforma concluyó con el referéndum celebrado el 24 de febrero de 2019. En esta ocasión, la Comisión expresó su preocupación, entre otras cosas, por la posibilidad de que el referéndum no habría cumplido con las condiciones necesarias para elecciones libres, secretas, confiables e independientes que salvaguarden los principios de universalidad y pluralidad.

La Relatoría Especial considera que el desarrollo y la apertura de Cuba es una cuestión vinculada estrechamente con la indispensable vuelta a la democracia y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, son elementos esenciales de la democracia, el respeto a losderechos humanos, la libertad de expresión y el respeto a los derechos políticos, junto a la celebración de elecciones libres y basadas en el sufragio secreto y universal. La libertad de expresión acompaña al ser humano como una de las libertades más preciadas porque permite a cada individuo pensar el mundo desde sus propias perspectivas y elegir su estilo de vida, así como la construcción de sociedades pluralistas. Por ello, desde el inicio del actual mandato, la Relatoría Especial ha prestado atención prioritaria a la situación de Cuba. Con ese objeto, el informe analiza la situación sobre la libertad de expresión en Cuba desde los estándares del sistema interamericano y a partir de ello, ofrece recomendaciones al Estado que permitan contribuir a la efectiva vigencia de este derecho en el país.

La Relatoría Especial concluyó que Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Un Estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones. A pesar de los años transcurridos y las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición, y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba.

Permanece un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación yse mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

La persecución selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes continúa, y por periodos incluso recrudece. Esta persecución de cuerpos estatales o tolerada por el Estado se manifiesta de modo concreto en detenciones arbitrarias, amenazas y actos de hostigamientos o censura en perjuicio de periodistas que difunden ideas, opiniones e informaciones críticas del partido del gobierno. Dan cuenta de ello también los múltiples actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como artistas, defensores y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, entre otros.

Las prácticas represivas en la actualidad parecen responder a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, pero están lejos de desaparecer. Por el contrario, se replican fuertemente en los nuevos medios de comunicación. En materia de internet, las disposiciones legales sumamente restrictivas y ambiguas, la limitada conectividad de la población cubana, el bloqueo y censura de medios críticos, y las vigilancias, impiden seriamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, privacidad e intimidad en la red.

El ordenamiento jurídico cubano -desde la propia Constitución, hasta normas legales o reglamentarias que se señalan en el informe- está puesto al servicio de la represión del disenso y la crítica. De este modo, en opinión de la Relatoría Especial, el principal problema de la legislación vigente es su carácter abiertamente represivo de la libertad de expresión. Lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, y demás derechos y libertades fundamentales, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo. Determina además la existencia de una grave discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos humanos, pues no puede ejercer sus derechos sin represión, todo aquel que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Opositores al Decreto 349 piden solidaridad a invitados a Bienal de La Habana

Tania Bruguera con una camiseta de la campaña contra el Decreto 349.

Un grupo de artistas cubanos dirigieron una carta abierta a los creadores invitados a la próxima Bienal de La Habana, a celebrar en abril, para pedir su solidaridad con quienes se oponen al Decreto 349.

La carta dice que los firmantes son artistas vulnerables por haberse opuesto abiertamente a esa ley que "criminaliza la producción artística independiente", y pide que los asistentes a la Bienal manifiesten la solidaridad hacia ellos de la manera en que se sientan más cómodos.

Entre otras formas, la carta sugiere a los participantes en la Bienal invitar a alguno de los artistas independientes afectados por el Decreto 349 a trabajar durante su presentación o a compartir su espacio o escenario de exhibición en el evento. También sugiere usar "camisetas con la inscripción "No al Decreto 349" mientras se encuentren en Cuba.

El artista plástico Lester Alvarez Meno, uno de los firmantes de la carta, dijo a Radio Martí que la idea fue hacer un llamamiento a que todos los artistas invitados oficialmente a la Bienal se solidaricen con otros "vulnerables frente al Decreto".

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La misiva recuerda que el 349 "otorga a los inspectores de arte el derecho a imponer una multa o someter a los artistas al decomiso de activos como una multa por presentar trabajos sin autorización del estado".

La carta está firmada, además, por Italo Expósito, Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Yanelis Núñez y Amaury Pacheco, Iris Ruiz, entre otros.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

¿Cómo impactará el Decreto 349 al arte cubano?

Artistas cubanos se unen contra el Decreto ley 349, y contra "todos los artículos que censuran el arte en Cuba".

Las organizaciones Artistas en Conexión de Riesgos y Cubalex alertaron en un reporte publicado el lunes que el Decreto 349 representa "un ataque inaceptable al derecho a la libertad de expresión en Cuba".

Ambos grupos analizan en el informe "El arte bajo presión" cómo el decreto firmado por Miguel Díaz-Canel pone límites a la libre creación, criminaliza el trabajo artístico no registrado, autoriza la censura, y empodera una nueva categoría de inspectores estatales para que regulen la expresión creativa.

El documento señala las amplias categorías de censura y los poderes discrecionales casi ilimitados a una nueva categoría de inspectores, y la falta de opciones significativas para apelar.

"El Decreto 349 es el intento más importante por parte de funcionarios de regular el sector cultural y controlar una generación emergente de artistas independientes y conectados a nivel global", apunta el documento.

Logo del Informe el arte bajo presión.
INFORME: El arte bajo presión

También afirma que el Decreto 349 intimidará, silenciará y criminalizará todas y cada una de las voces disidentes.

"La promulgación del Decreto 349 es otro ejemplo de una tendencia global preocupante de gobiernos que empujan legislación capaz de restringir la libertad creativa y silenciar a artistas. Uganda e Indonesia anunciaron recientemente regulaciones que incluyen evaluación de canciones, videos y guiones cinematográficos y que prohíben contenido considerado blasfemo", dice el informe.

El estudio recomienda al gobierno cubano y a las principales instituciones culturales de la isla lo siguiente:

• Liberar inmediatamente a todos los artistas encarcelados por protestas no violentas contra el Decreto 349 u otras formas de censura y ataques a la libre expresión en Cuba;

• Cesar todas las formas de persecución e intimidación hacia los artistas que protestan contra el decreto o contra el control gubernamental sobre la producción artística independiente en Cuba, incluidas, entre otras, las detenciones arbitrarias a corto plazo, el decomiso de bienes, los interrogatorios, la prohibición de dejar el país y la expulsión de instituciones culturales;

• Derogar el Decreto 349, dadas sus categorías amplias y poco claras, la falta de respeto al debido proceso y transparencia y sus medidas punitivas indebidas. Creemos que, aunque se anuncien normas administrativas adicionales, ellas serían insuficientes para garantizar que se respeten debidamente todos los derechos de los cubanos;

• Asegurarse de que, en el futuro, cualquier regulación o política que afecte a las comunidades artísticas en Cuba se aplique solo después de una consulta previa significativa con todos los artistas y otros actores en el campo artístico, incluidos aquellos que no pertenecen a las organizaciones artísticas formalmente afiliadas al gobierno;

• Asegurar que todas las políticas culturales nuevas o existentes respeten el derecho a la opinión y la libre expresión, a la reunión y asociación pacífica, al acceso al patrimonio cultural y otros derechos fundamentales, independientemente de la raza, el sexo, el idioma o la religión; y

• Asegurar que todas las políticas nuevas o existentes tengan un mecanismo establecido para una adecuada revisión judicial, lo cual garantice significativa y efectivamente el derecho a recursos de apelación.

[A partir de un reporte de Artists at Risk Connection (ARC)​ y Cubalex]

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