América Latina
"Nos queda comer poquito y estirar lo que se pueda"
CARACAS - Venezuela parece estar perdiendo una batalla de más de dos años contra la hiperinflación, ya que comerciantes, intermediarios y compradores aseguran que los precios de varios alimentos se duplicaron en pocas semanas, en medio del confinamiento implementado para frenar la propagación del nuevo coronavirus.
Después de alcanzar una inflación de más de un millón y medio por ciento en 2018, el gobierno de Nicolás Maduro había conseguido mantener la variación de precios por debajo del 30% en febrero y marzo, pero el tímido logro, gracias a una parcial apertura económica sin estrictas regulaciones al sector privado, se desvaneció en la cuarentena.
La fuerte escasez de gasolina que impacta la distribución de alimentos y el sorpresivo salto del tipo de cambio al doble de su valor en los últimos dos meses han incidido en el aumento constante de los precios de los productos más esenciales, señalaron una docena de industriales y analistas consultados.
En Petare, el barrio más grande de Caracas, el costo de un combo que incluye ocho artículos básicos subió un 109% desde que comenzó la cuarentena a mediados de marzo, según un informe del Congreso opositor, que calcula el índice de precios desde 2017 por el atraso en las cifras oficiales. La tasa de inflación interanual más reciente se ubicó en el 3.365%.
"Todo sube y tan rápido que lo que cargo en la cuenta bancaria no me sirve para nada", dijo Diocelina Ospina, una trabajadora doméstica de 67 años, en un abasto de Maracay, una ciudad a una hora de la capital.
Compró apenas 200 gramos de queso, porque el precio subió más del 40% en una semana. "Nos queda comer poquito y estirar lo que se pueda", agregó.
El encarecimiento de la comida se acentúa en ciudades fronterizas como Maracaibo. Testigos de Reuters confirmaron que en abril un cartón con 24 huevos pasó a costar el doble, en una nación que necesita mantener por debajo del 50% la tasa de inflación mensual para salir de la voraz hiperinflación que comenzó a finales de 2017.
La consultora local Síntesis Financiera calculó en el 41% la inflación de abril. Su directora, Tamara Herrera, dijo que "en mayo la inflación puede ser mayor por los desajustes en la cadena de suministro tras la regulación de precios, la escasez de gasolina, además del efecto rezagado de la subida del dólar".
Ecoanalítica, otra firma local, dice que en abril la inflación fue del 58%.
GASOLINA EN DÓLARES
Los efectos de la crisis petrolera global, sumado a las limitaciones que imponen las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, comprimieron los ingresos del gobierno y retrasaron las importaciones de gasolina.
La opción para transportistas de quesos o verduras, e incluso motorizados que hacen repartos en la cuarentena, fue pagar a un dólar cada litro de gasolina a revendedores en Caracas y entre 3 y 5 dólares en grandes ciudades al occidente, donde se cosecha y procesa la mayor parte de los alimentos, según testigos de Reuters.
El suministro irregular del combustible más caro del mundo ha afectado la movilización de las mercancías en las carreteras y los precios de los productos.
También se dispararon en días los precios de artículos que se venden a domicilio, dada la cuarentena.
El costo del pollo por encargo aumentó un 143% y de la carne un 50% en dos semanas, de acuerdo al seguimiento de un centro de estudios económicos privado, Cedice. Esas ventas se pactan sin control del gobierno.
El torbellino de precios altos y escasez provocó protestas y saqueos en varias poblaciones pequeñas del oriente del país. En respuesta, las autoridades volvieron a fijar precios de 27 productos básicos a fines de abril. La medida, que fue aprobada sin consenso con los industriales, profundizará las fallas de abastecimiento de alimentos, dijeron los gremios.
En el primer fin de semana de la regulación se ofrecían huevos solo en puestos callejeros en la ciudad fronteriza de San Cristóbal. Los abastos allí y también en Caracas restringieron las ventas de alimentos a un kilo por persona.
Siete días más tarde, industriales y automercados subieron precios para protegerse de la hiperinflación, dijeron cuatro fuentes consultadas. En Petare la cesta de productos aumentó un 12% en la última semana de abril. Tras los ajustes de la tasa cambiaria, el gobierno volvió a revisar los precios regulados, que aún están por debajo de lo que marcan los paquetes en los comercios de varias ciudades.
"Yo tengo un abasto pequeño y ya casi no me da la base para seguir operando", dijo Gerardo Ávila, un pequeño comerciante en Maracaibo, al noroeste del país. Los productos llegan cada vez más caros y la clientela no tiene margen para comprarlos como antes. "Además, la gasolina ahora es un costo extra", apuntó.
El salto del dólar surgió en paralelo a la decisión del Banco Central de dejar de vender euros y dólares en efectivo a la banca por varias semanas, medida que mantenía estable la tasa, dijeron dos ejecutivos del sector financiero. Fue hace pocos días cuando hizo pequeñas colocaciones de dólares, agregó otra fuente.
Con la devaluación, un salario mínimo representa unos 2,2 dólares, y muchos dependen de las remesas. Por la crisis global, los envíos pueden reducirse un 42%, estima la firma Ecoanalítica.
"De dónde voy a sacar yo dólares para comprar comida", dijo Lupe Urdaneta, una jubilada de 70 años que dejó de recibir una remesa de su hijo en Chile que se quedó sin trabajo. "Desde la semana pasada estoy comiendo una vez al día, todo es muy caro".
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EEUU suspende licencias petroleras al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
El gobierno de Estados Unidos no renovará una licencia que autorizó transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela que expira este jueves, argumentando que el gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido con sus compromisos electorales, y otorgó un período de gracia para cerrar operaciones, de acuerdo con la información revelada por funcionarios de la administración del presidente Joe Biden.
“En su lugar emitiremos la licencia general 44 A que autoriza un período de gracia de 45 días para cerrar transacciones relacionadas con operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela”, dijeron a periodistas los funcionarios durante una conferencia telefónica este jueves.
Con la liquidación de la licencia general 44, sin embargo, las empresas individuales pueden solicitar licencias específicas relacionadas con actividades en los sectores petroleros y gasísticos, que serán “evaluadas caso por caso”, precisaron los representantes del gobierno de Biden durante la conferencia telefónica.
En respuesta a la firma de un acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición, en octubre del año pasado EEUU emitió la licencia general 44 por seis meses, pero advirtió que sería renovada “únicamente” si Venezuela cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas.
“Durante los últimos meses y semanas, hemos completado una revisión muy cuidadosa y hemos determinado que, si bien las autoridades venezolanas han cumplido algunos compromisos clave, también se han quedado cortos en varias áreas (…) la descalificación de candidatos y partidos por tecnicismos y lo que vemos como un patrón continuo de acoso y represión contra figuras de la oposición y civiles”, aseguró un funcionario estadounidense.
Un funcionario aclaró, además, que la no renovación de la licencia no debe ser vista como una decisión final y subrayó que continuarán “interactuando” con todas las partes interesadas con el objetivo de apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para garantizar un mejor futuro para el país.
La licencia, que expertos consideraron como amplia en su momento, autorizaba la producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas de Venezuela, y suministro de bienes y servicios relacionados. Además, el pago de facturas y nuevas inversiones en operaciones en los sectores involucrados.
El gobierno venezolano ha insistido en que está preparado para vivir sin las licencias que han sido calificadas como una política de “extorsión y chantaje”.
Esta semana el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Tellechea, dijo que la producción de crudo ronda el millón de barriles diarios y aseguró que seguirá creciendo “con sanciones o sin sanciones”.
EEUU ya había reconocido que el gobierno de Maduro ha cumplido con “ciertos aspectos” de los acuerdos firmados en Barbados, entre ellos el establecimiento de un calendario electoral y la invitación a misiones de observación electoral, pero cuestionó la denuncia acerca de que hayan sido bloqueados candidatos de la oposición.
La Plataforma Unitaria y la ganadora con el 90 % de los votos de la primaria presidencial opositora, María Corina Machado, han afirmado que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos firmados en Barbados, entre ellos el respeto a cada actor político de escoger a su candidato.
La coalición de partidos opositores y Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, denunciaron que el gobierno les impidió inscribir a Corina Yoris, una filósofa de 80 años designada como candidata sucesora.
Lograron, no obstante, registrar provisionalmente al diplomático, Edmundo González y tienen hasta el 20 de abril para realizar sustituciones de candidaturas con efecto en la boleta electoral.
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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