Derechos Humanos
¿Ciudadano cubano? En peligro tu libertad de movimiento
El artículo 25 de la actual Ley Migratoria cubana señala que “toda persona que se encuentre en el territorio nacional, no puede salir del país” mientras este sujeto a proceso penal, pendiente al cumplimiento de una sanción o medida de seguridad, o pendiente al cumplimiento del Servicio Militar.
Durante 2017 decenas de opositores y periodistas independientes cubanos han sido impedidos de viajar al extranjero, y en ocasiones hasta de salir de sus provincias de residencia, como parte de la coerción del gobierno para que abandonen el activismo político o su labor de comunicadores.
En unos casos, los afectados recibieron la notificación en el aeropuerto minutos antes de abordar el avión, y en otros les dieron la información en las oficinas del carnet de identidad de los municipios donde residen, o antes de salir de sus casas.
Algunos fueron detenidos antes del viaje, y recluidos durante días sin justificación legal.
A excepción de los opositores que han recibido multas, calificadas por los afectados de "injustas y arbitrarias", o están pendientes de procesos judiciales por su activismo, no ha recibido una explicación de las razones por las que no se les permite viajar.
A continuación, una lista de los casos de prohibición de viaje en Cuba que ha reportado Martí Noticias en 2017:
Noviembre:
El expreso político Jorge Luis García Pérez (Antúnez) tenía previsto ofrecer su testimonio en Washington ante la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. Las autoridades le informaron en la localidad de Placetas que no le permitirían viajar.
Robert Jiménez Gutiérrez y César Iván Mendoza Regal se dirigían al Aeropuerto José Martí, en La Habana, para viajar al evento Cuba Internet Freedom, en Miami, y nunca llegaron a abordar el avión. Fueron detenidos por más de 9 días.
Wendy Castillo viajaría a un evento en Perú, pero una vez en el aeropuerto recibió la informacion de que no podía viajar. Tampoco le dieron razones de la negativa.
Augusto Cesar San Martín Albístur periodista independiente recibio la notificación en el Aeropuerto Internacional José Martí. Había sido invitado a la Conferencia Regional “El futuro del periodismo”, en Ciudad Panamá del 1 al 4 de diciembre del 2017.
Después de chequear su boleto, el periodista fue retirado de los controles de inmigración y conducido a una oficina donde le informaron que no podía viajar.
Octubre:
Yoandy Izquierdo Toledo, del equipo directivo del Centro de Estudios Convivencia, residente en Pinar del Río, fue informado de la prohibición de viaje en el aeropuerto de La Habana, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Europa. Tenía previsto dictar una conferencia en la Universidad de Valencia, España, y participar en un taller de jóvenes.
Una oficial le retiró los documentosy lo llevó a una oficina para informarle que tenía una prohibición de salida del país. Luego le rompió su pase de abordar y le dijo que debía recoger la maleta, pues no haría el viaje.
Agosto:
Mayli Estévez Pérez, Joan Manuel Núñez Díaz y Carlos Alejandro Rodríguez no pudieron viajar a México, donde habían sido invitados a un taller de Periodismo Digital.
En esa ocasión, Rodriguez publicó pormenores del incidente en el portal digital El Estornudo. “Nos prohíben la salida del país por nuestras "actividades" con las organizaciones de periodistas IPYS (Instituto Prensa y Sociedad, de Perú) y TAZ PANTER (de Alemania)”, escribió el periodista.
Ninguno de los implicados recibió respuesta de las autoridades de Aduanas acerca de la prohibición, ni tampoco en las oficinas municipales donde atienden Emigración, adonde acudieron en busca de una explicación.
Omar Sayut Taquechel, organizador del concurso “Cantando por la Libertad”, tenía previsto viajar a Miami con el apoyo de la Fundación “Alma Cubana”. Cuando se presentó en el Aeropuerto Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, una funcionaria de aduanas le impidió abordar el avión.
Julio:
Los periodistas independientes Víctor Manuel Domínguez y Yusimí Rodríguez, y los miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial Jorge Amado Robert y Fernando Palacios fueron impedidos de viajar a Colombia. Estaban invitados a un intercambio en Cali sobre el racismo en ambos países.
Junio:
Agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a Félix Llerena López pocos minutos de abordar un avión en el aeropuerto de Santa Clara. Intentaba viajar a Cancún, México, para asistir a un foro regional de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (RedLat).
Lía Villares, que también iba al foro de la RedLat, fue abordada el 17 de junio por oficiales de Inmigración en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en la ventanilla de salida, antes de acuñar el pasaporte. La llevaron a una oficina y le dijeron que no podía volar porque tenía "una limitante de salida.
Kirenia Yalil Núñez y María Elena Marrero fueron arrestadas en La Habana antes de llegar al aeropuerto, y retenidas hasta que pasó el horario del vuelo del avión que debían tomar para asistir a un evento en México.
Los opositores Juan Madrazo Luna, Fernando Palacio y Marthadela Tamayo también fueron notificados de que no podrían viajar a México.
Joanna Columbié fue informada de que no viajaría fuera del país en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, luego de pasar por un riguroso control de los funcionarios encargados del procedimiento de viajes. Había sido invitada al Curso “Juventud, participación y derechos: Herramientas para analizar y promover el diálogo sobre la situación de los jóvenes”, que se celebró en Lima, Perú, como parte del proyecto Aulas Abiertas.
Saylí Navarro, y el exprisionero político Iván Hernández Carrillo, promotores de la campaña Cuba Decide, fueron impedidos por el Gobierno de viajar a Bruselas, para asistir a un evento convocado por el Parlamento Europeo.
La activista dijo que un “ciudadano nombrado Alain” alegó que sobre ella pesa una “restricción de viaje, porque según las computadoras tiene una multa impuesta" que Navarro desconoce.
Henry Constantín y Sol García Basulto, director y editora de la revista independiente La Hora de Cuba, ambos de Camagüey, no pudieron participar en eventos convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que Constantín es vicepresidente, porque sobre ellos pesa una "regulación " que les impide salir del país.
Mayo:
El opositor cubano Carlos Amel Oliva, de la Unión Patriótica de Cuba, estaba invitado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, para asistir a un intercambio de ideas entre activistas de la sociedad civil de ambos países. Una vez en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, poco antes de abordar el avión, le comunicaron que no podría viajar.
Abril:
Marthadela Tamayo, Aimée Cabrera y Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Marthadela Tamayo, principal gestora en el área de Comunicación de la Plataforma Política #Otro18, y Aimée Cabrera, integrante de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, debían asistir a un seminario sobre liderazgo y empoderamiento femenino, auspiciado por el Instituto Simone de Beauvoir, con sede en la capital mexicana.
En el caso de Tamayo, un oficial de la Seguridad del Estado le comunicó que no podía viajar y no la dejó salir de su casa hacia el aeropuerto.
Cabrera sí logró llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, pero un agente de la Seguridad del Estado le dijo que no podía viajar, y no se le permitió subir al avión.
Roberto de Jesús Quiñones Haces, abogado y periodista independiente residente en Guantánamo, denunció que las autoridades de Migración de Cuba le negaron la posibilidad de prorrogar su pasaporte para viajar a Jamaica, a visitar a su hijo.
El abogado solicitó conversar con la jefa de la Oficina de Trámites, quien se negó a atenderlo. Fue entonces que el Jefe de la Unidad, "un oficial con rango de Mayor", le confirmó que en su expediente aparecía la palabra “regulado”, reiterándole que no podía ofrecerle mayor información, y que debía acudir a la Oficina de Atención a la Ciudadanía y quejarse.
Marzo:
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, recibió notificación de negativa de viaje en el Aeropuerto Internacional de La Habana, cuando un oficial vestido con uniforme de Aduanas la detuvo y le dijo que no podía viajar al extranjero, porque debía el pago de "una multa por arrojar papeles en la calle".
Había sido invitada a un evento en Los Ángeles, donde tendría lugar un debate sobre el tema de la tortura, y esperaba reunirse con el relator especial de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión y opinión, David Kaye.
Febrero:
Ernesto Oliva Torres y Lizandra Robert Salazar, que realizarían trámites para obtener la visa de Perú, fueron detenidos y trasladados al Centro de Detención El Vivac, en las afueras de La Habana. La detención, arbitraria e injustificada, impidió que pudieran obtener la visa para viajar a Lima, y asistir a un curso sobre juventudes y liderazgo, al que habían sido invitados.
El arresto fue calificado por defensores de derechos humanos como parte de una “política represiva” del régimen para impedir que los activistas viajen al exterior.
Enero:
El presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, Nelson Gandulla Díaz, que tenía previsto viajar a Colombia para participar en talleres de capacitación de esa comunidad, recibió la comunicación de que no podría salir del país a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Al indagar las razones de la negativa, un oficial le comunicó que no tenía información al respecto, y que buscara informacion con las autoridades de Cienfuegos, donde reside.
(Resumen elaborado con reportes de Martí Noticias)
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"Mi familia está devastada", dice el hermano de uno de los cubanos presos tras las protestas del 17M
Asdrúbal Kindelán Garbey, uno de los cubanos que salió a las calles a protestar el pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba, lleva más de una semana detenido tras acudir a una citación a la Unidad de la Policía El Palacete, en Santiago de Cuba.
"Mi familia está devastada", dijo su hermano Randy Kindelán a Martí Noticias. Para él, lo que le están haciendo a Asdrúbal es una muestra más de las injusticias que comete el régimen con quienes piensan diferente.
"Mi mamá no sale de la depresión. Desde que todo esto empezó no ha tenido fuerzas para ir a trabajar y mira que yo le doy ánimos y le digo que tiene que levantarse, que tenemos que seguir para transmitirle la fuerza a mi hermano. Pero ella está devastada, igual que su esposa y su hija. La niña tiene un teléfono de juguete y todos los días pregunta papá, papá, dónde tú estás, papá, ven", explica.
Kindelán fue arrestado por primera vez varios días después de las protestas, cuando los oficiales se llevaron preso a su hijo de 18 años, Cristian Osmauri Kindelán, y él hizo una directa denunciando lo sucedido.
“Ellos van a hacer lo que quieran conmigo. Me pueden detener, me pueden quitar hasta la vida, pero por la libertad de mi hijo yo voy a luchar hasta el final”, aseguró a nuestra redacción poco después de que lo liberaran con una multa de 50 mil pesos.
El pasado 3 de abril lo volvieron arrestar y su hermano dice que ahora lo acusan de "atentado".
"No puede ser otra cosa que no sea represalia, porque el no cometió ningún delito de atentado. Para eso lo primero que hay que hacer es agredir a alguien. Lo que le duele a la Seguridad del Estado, en particular el mayor Oscar, y a su jefe, el teniente coronel Abel, es la directa que hizo", explica.
Según cuenta, a Asdrúbal le dijeron que había tomado "un mal camino al denunciar" y querían que se retractara. En el video el cubano explicaba que había estado junto a su hijo, y su niña de tres años en brazos, durante la manifestación y que la Policía intentaba culpar al joven de delitos que no cometió.
"Mi familia nunca ha estado en una situación de este tipo porque nosotros siempre hemos sido personas correctas. Con nuestro pensamiento, con nuestros ideales, pero es que tener pensamiento e ideales no es un delito en ninguna parte del mundo, solamente en Cuba".
Randy Kindelán cree que la justicia les está fallando. "Cuando tú entras una prisión ya no sabes lo que pueda pasar con tu vida". No obstante, aclara, "queremos denunciar lo que está ocurriendo para que el mundo tenga otra prueba más de todas las injusticias que se cometen en Cuba".
"Algún día, cuando lleven a los dirigentes a a una Corte Internacional, tendrán una prueba más. Quiero que el mundo entero vea que nosotros, los ciudadanos de a pie que no tenemos cargo, que no tenemos familiares militares, que no tenemos nadie que nos respalde, estamos desnudos con las leyes que inventa la dictadura".
CIDH otorga medidas cautelares a favor de activista cubano Julio César Góngora
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el jueves medidas cautelares en favor del activista pinareño Julio César Góngora Millo, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicita al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del opositor; que adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que pueda continuar realizando sus labores de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos, y actos de violencia, entre ellas, que el Estado le brinde las atenciones médicas correspondientes para que pueda realizar sus labores, entre otras disposiciones.
Desde el occidente cubano, Góngora agradeció la gestión de la CIDH: "Significa muchísimo, no solo para mí, somos muchos con situaciones precarias de salud en Cuba sin asistencia médica".
"Estoy reclamando porque no me cierran la herida, me han negado todos los tratamientos quirúrgicos, estoy postrado en una cama, inválido con una cistostomía hecha, yo fui al hospital nada más que por un absceso y ellos me picaron todo eso y se llevaron la uretra, la vejiga y me tuvieron que poner una manguera por la barriga. Esa herida tenían que cerrarla ellos desde los seis meses y se me niega todo tipo de operación, con esa herida abierta con riesgo para la vida, con una pelvis expuesta, me tienen sancionado a muerte aquí en mi casa, lentamente, porque simplemente no hacen nada absolutamente nada, esa herida como único se corrige es con un tratamiento quirúrgico y sin embargo el sistema cubano dice que no me opera, me han negado la operación", detalló.
"Incluso me han trancado en una consulta para interrogarme al lado de la dirección del hospital Abel Santamaría de Pinar del Río -el oficial Otoniel, Alejandro de nombre operativo y Yoel-, enfermo con una herida abierta con toda mi situación, se me han negado y decomisado los medicamentos. Yo estoy en estos momentos curándome con los apósitos que necesito porque la herida es muy grande, gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)", aseguró el activista cubano.
También en la capital pinareña, el opositor José Rolando Cásares, confirmó el acoso en contra de Julio César que ha incluido hasta la confiscación de las ayudas.
“Hace dos meses y medio fui a llevarle unos medicamentos, fue después que vine de la visita a los Estados Unidos, llegando aquí a Pinar del Río fui con mi esposa y fuimos detenidos y nos quitaron los medicamentos”, explicó el también comunicador independiente.
Por su parte el abogado Yaxis Cires, asesor de estrategia del OCDH, agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la gestión a favor del activista.
“Nosotros agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creemos que la resolución que ha dictado la CIDH en favor de Julio César es muy clara, en la exigencia del cese de la represión por parte de la policía política, en la exigencia de una atención médica adecuada, para que la salud de Julio César, no se vea todavía más deteriorada de la situación en la que se encuentra en estos momentos”, concluyó el asesor del OCDH.
Alcohol, drogas y extorsión al interior de las prisiones de Cuba, revela informe
Entre 2023 y lo que va de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) ha registrado decenas de denuncias de corrupción en centros penitenciarios de casi todo el país y advierte que este número puede ser mayor.
El abogado Juan Carlos González Leyva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, dijo a esa organización que una forma de corrupción muy presente en los penales “es la introducción por parte de los guardias de alcohol, drogas ilícitas y medicamentos que están calificados como drogas, para ofrecerlas a los presos a cambio de dinero y favores”.
Otras denuncias de esta investigación publicada inicialmente en Diario de Cuba indican que guardias y directivos de prisiones roban alimentos, medicinas y otros bienes personales o que estaban destinados a toda la población penal.
Además, existen alianzas entre guardias y presos comunes con cargos disciplinarios para vender minutos de llamadas telefónicas, conceder horas de visita y pabellón matrimonial o tiempo para tomar el sol.
“La corrupción en el régimen carcelario es parte de una corrupción general en todo el país. Los bienes de la prisión, sobre todo los alimentos de los presos, son sustraídos en primer lugar por el jefe del penal, que usualmente es un teniente coronel del MININT, y también por otros funcionarios de menor rango. Esto conlleva a que los presos no se puedan alimentar bien”, afirmó González Leyva.
“Muchos jefes de prisiones tienen cochiqueras de cerdos que mantienen con la comida de los reclusos. Además, trafican con los medicamentos de la prisión y hacen casas con el trabajo esclavo de los presos”, dijo el activista.
El Centro de Documentación menciona testimonios de reclusos del Combinado del Este, en La Habana; Las Mangas, provincia de Granma y Kilo 8, en Camagüey, acerca de que las autoridades de prisión exigen a los reclusos que compren armas de fuego en el mercado negro y las entreguen como condición para recibir los beneficios que les corresponden.
De acuerdo con un informe reciente de la organización independiente de asesoría legal Cubalex, esta práctica “no solo somete a prisioneros y familiares a los peligros y los elevados costos que implica conseguir un arma en un país donde su tenencia está sumamente restringida, sino que también pudiera ser parte de un mercado ilegal de armas con autoridades penitenciarias en su centro, debido a la ausencia total de transparencia que acompaña este tipo de acciones”.
González Leyva mencionó además que las autoridades corruptas utilizan su poder para decidir “el pase a un régimen de menor severidad, el otorgamiento de la progresión del régimen carcelario y otros beneficios que son otorgados a los reclusos muy obedientes, a quienes están trabajando de manera esclava para estos jefes y no dicen nada”.
En noviembre de 2023, representantes del régimen de La Habana afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en los últimos cinco años, se había sancionado a "144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones".
Además dijeron que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
En el más reciente informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba consta que la delegación cubana aseguró que sus propias autoridades habían realizado 6.400 inspecciones de centros penitenciarios.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas advierte que las modalidades de corrupción están normalizadas en el sistema penitenciario cubano.
Otero Alcántara se prepara en prisión “para protestas más fuertes”
Tras más de dos semanas sin noticias del prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara, en un post publicado en las redes sociales la curadora de arte y activista Yanelis Núñez informó haber recibido una llamada telefónica del joven artista explicando las razones de su silencio.
“Se debía a una protesta que estaba realizando dentro de la prisión de Guanajay”, explicó Núñez.
“Luis Manuel no se resigna a este presidio político que ya dura 2 años y 9 meses; y sólo gestos como las huelgas de hambre o el negarse a recibir visitas y alimentos de sus familiares; y recientemente el no hacer uso de sus llamadas reglamentarias, es lo que le hace sentirse un poco vivo y en rebelión”, dijo la activista residente en Madrid.
El creador del Movimiento San Isidro fue encarcelado el 11 de julio de 2021, luego de sumarse a las protestas antigubernamentales que se dieron en toda la isla. Al año siguiente fue condenado a cinco años de prisión por desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos de la Patria, tras un juicio celebrado a puerta cerrada. Desde entonces permanece encarcelado en la Prisión de Máxima Seguridad de Guanajay.
Según Núñez la incomunicación con el exterior de Otero Alcántara se debe a un entrenamiento voluntario para fortalecer su capacidad de resistencia. “Luis Manuel dijo que este gesto de “desconexión con el exterior” constituía un episodio de preparación para otras protestas más fuertes”.
La curadadora confesó el temor por la vida y la salud mental de Otero Alcántara que sienten todos sus amigos y seguidores que exigen su liberación inmediata.
En febrero el Tribunal Provincial Popular de Artemisa desestimó una solicitud de libertad condicional a favor del preso político porque las autoridades judiciales cubanas consideraron que con Otero Alcántara "no se han alcanzado los fines de la pena" y que el preso político de 36 años de edad "no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad, máximo cuando se trata de un delito regulado en la instrucción 273 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular" por lo que determinan que debe "permanecer en prisión”.
El prisionero político, reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue seleccionado por la revista Time como “una de las 100 personas más influyentes de 2021” y también fue galardonado con el prestigioso Premio Príncipe Klaus, entre otras distinciones.
La Habana guarda silencio sobre propuesta de amnistiar a los presos políticos
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó que el régimen de La Habana no respondió a la petición de reacción, cursada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el mes de enero de este año, sobre las vías legales existentes para liberar o excarcelar a los presos políticos de la isla.
“Hemos estado dando seguimiento a este asunto, y ya vencido el plazo que la CIDH otorgó al Estado cubano, no se ha recibido ninguna respuesta de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba”, afirmó desde Madrid, Yaxis Cires, jefe de Estrategias del OCDH.
En declaraciones a Martí Noticias el jefe de Estrategias de OCDH manifestó preocupación por el silencio del régimen de la isla, que a su juicio "demuestra la falta de voluntad política del Estado cubano para liberar a los prisioneros políticos y de conciencia”.
La liberación de los más de mil prisioneros políticos que hay en estos momentos en Cuba ha sido una petición recurrente en las esferas políticas y de defensa de los derechos humanos en el mundo, recordó Cires: "La han pedido instituciones internacionales, personalidades internacionales y organizaciones de derechos humanos, tanto del ámbito nacional como internacional y, en segundo lugar, también demuestra el desapego del régimen cubano a lo que dicen las instituciones internacionales en materia de derechos humanos, a pesar de la imagen que dan de que siempre cumplen con el Derecho Internacional”.
“Lamentablemente, eso no es así y, este asunto, ya hemos reiterado que es de índole ya incluso humanitaria, todo lo que tiene que ver con la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia que, además de soportar una condena injusta, después de no cumplirse los principios del Debido Proceso y de ser condenados por el ejercicio de sus derechos humanos, también están en condiciones humanitariamente muy cuestionables y muy deterioradas en el sistema carcelario cubano”, concluyó el activista.
La propuesta de Ley de Amnistía, que fuera confeccionada por OCDH y entregada al canciller cubano Bruno Rodríguez en enero, detalla todas las vías legales de acuerdo a la Constitución y al Código Penal vigente en Cuba que hacían factible la liberación de los prisioneros políticos.
La iniciativa tenía en cuenta que una Ley de Amnistía: podría ser aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular para excarcelar a los prisioneros por motivos políticos o de conciencia; que los Indultos, contemplados en el Código Penal, servirían para excarcelar al 100% de los presos y condenados por motivos políticos o de conciencia; que la Licencia Extrapenal, incluida en la nueva Ley de Ejecución Penal, puede conceder, por causas humanitarias y previa solicitud, licencia extrapenal al 100% de los condenados, en virtud de problemas de salud, por resultar miembros de familias vulnerables que requieren ayuda de los poderes e instituciones sociales y del Estado; que la libertad condicional ordinaria o extraordinaria está contemplada en la nueva Ley de Ejecución Penal, lo mismo que la Sustitución de la sanción de privación temporal de libertad por sanciones alternativas.
El régimen cubano sostiene que en la isla no hay presos políticos y que no hay nadie privado de libertad por sus opiniones políticas o por motivos ideológicos, según reiteraron recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
(Con reporte de Ariane González para Martí Noticias)
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