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Venezuela

Una perversa campaña de desprestigio en Venezuela

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, durante una conferencia en Buenos Aires en julio del 2016.

El gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha orquestado una perversa campaña de desprestigio contra una de las principales organizaciones de derechos humanos de Venezuela, informó Human Rights Watch (HRW).

"Esto ocurre justamente cuando las autoridades venezolanas están intensificando su arremetida contra críticos, opositores y periodistas – y los venezolanos más necesitan a los defensores de derechos humanos", precisó la entidad.

"La prestigiosa organización no gubernamental de derechos humanos Provea trabaja desde hace décadas para dar visibilidad a violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha documentado rigurosamente abusos cometidos por todos los gobiernos venezolanos, incluido el de Maduro. En el contexto actual, ello implica un enorme sacrificio y enormes riesgos para el valiente equipo de Provea", indicó HRW.

El 4 de mayo, Maduro acusó a Provea de recibir fondos de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. y de defender los derechos de “terroristas” y “mercenarios” que, según sostuvo, son miembros de la “seguridad de Donald Trump”.

HRW explica que Maduro se refería a individuos que las autoridades venezolanas detuvieron el 3 de mayo. El ministro de Interior Néstor Reverol expresó que las fuerzas armadas venezolanas habían bloqueado un intento de invasión por vía marítima de “mercenarios terroristas procedentes de Colombia”. Según Jorge Rodríguez, el vicepresidente de comunicación, y Diosdado Cabello, un poderoso miembro del gobierno, 8 personas murieron durante el operativo del gobierno, y al 7 de mayo habían 23 detenidos por presunta participación en los hechos. Dos de los detenidos son ciudadanos estadounidenses y exsoldados de fuerzas especiales estadounidenses.

"Ante estos acontecimientos, y en función de los nefastos antecedentes de las fuerzas de seguridad venezolanas", informó HRW, Provea señaló en un tuit que “deben ser respetados los DDHH de las personas detenidas”. Provea expresó, asimismo, que “sólo apoyará y promoverá mecanismos constitucionales, pacíficos y ciudadanos para la restitución de la democracia en el país” y añadió que, como Maduro ha cerrado todos los canales para la resolución pacífica de conflictos, lo consideraba “el principal responsable de cualquier hecho de violencia por razones políticas en el país”.

"Otros funcionarios rápidamente respaldaron los señalamientos amenazantes de Maduro. Cabello acusó a Provea de “justificar el terrorismo” y prestarse a los intereses de “organismos de inteligencia de los Estados Unidos” en la página web de su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, que se transmite a todo el país, así como en la cuenta de Twitter del programa. A su vez, la embajadora de Maduro ante la Unión Europea comparó las declaraciones de Provea con propaganda nazi", dijo HRW.

En ese contexto, Human Rights Watch subrayó que conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin sufrir represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios.

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Pompeo: Será el pueblo venezolano el que restaure la democracia en su país

El secretario de Estado, Mike Pompeo, durante una conferencia de prensa. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, Pool)

El secretario de estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo este jueves que Estados Unidos trabaja en pos de restaurar la democracia en Venezuela, pero que será el pueblo venezolano el que finalmente logrará restablecer el orden en el país.

“Creemos que hacemos todo lo que podemos, que incluye no solo la presión económica que se ejerce sobre el régimen de Nicolás Maduro, y la presión que se ejerce sobre Cuba para que retire sus fuerzas de seguridad de Venezuela, pero también hemos creado, y es importante, una coalición global para tratar de ayudar al pueblo venezolano a lograr sus objetivos”, dijo Pompeo en una teleconferencia con la prensa extranjera en Washington.

Señaló, además, que ahora hay unos 60 países que han reconocido que “los días de Maduro como gobernante han terminado” y que el presidente interino Juan Guaidó es “el líder debidamente elegido”.

“Este es el proceso que pretendemos continuar para apoyar lo que quiere el pueblo venezolano”, dijo el secretario de Estado.

A una pregunta sobre las próximas elecciones respondió que han visto el sistema judicial corrupto de Maduro, y lo han visto tratando de imponerse a los partidos políticos.

"Estamos convencidos de que el pueblo venezolano ve esto como es, y responderá de una manera que refleje su profundo deseo para restaurar el orden y la democracia en su país", concluyó Pompeo.

Diputada confirma envío de crudo iraní de Venezuela a Cuba

El tanquero Sandino, con bandera de Panamá.

El combustible que recientemente compró Venezuela a Irán está siendo desviado a Cuba, denunció la diputada opositora Deyalitza Aray.

La legisladora venezolana confirmó a Radio Martí que el 5 de julio llegó al muelle de El Palito, en el estado Carabobo, el buque de bandera cubana Sandino para cargar combustible.

"Es una triangulación": diputada venezolana sobre envío de crudo iraní a Cuba
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Pero el Sandino no es el primero. Entre el 21 y el 28 de junio también tocaron puertos venezolanos en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela, el Terepaima, el Petion y el Teseo.

“Vimos cómo se produjo el movimiento, que empezaron a salir precisamente hacia Cuba estos tanqueros, que al principio creíamos que eran combustible por la descripción y el tipo de tanqueros especializados en crudo, pero iban dirigidos a la isla”, explicó Aray en entrevista con la corresponsal de Radio Televisión Martí en Caracas, Aymara Lorenzo.

Siguiendo el mismo patrón, el régimen de Nicolás Maduro también ha enviado nafta y gasolina a Cuba.

“Posteriormente tuvimos la información de que estaba saliendo otro tanquero, esta vez con combustible para aviones, también para la isla de Cuba”, añadió la diputada, quien había referido el hecho en entrevista el 7 de julio con el diario El Carabobeño.

Aray explicó que los buques llegan a Venezuela con bandera panameña, que luego es cambiada por una cubana para burlar las sanciones impuestas por Estados Unidos, y valiéndose de “esos mecanismos poder hacer este proceso de compra”.

“Es una triangulación, porque estás comprando combustible para traerlo acá y entonces tú envías crudo y combustible para honrar compromisos que se tienen en este caso con el gobierno cubano”, se cuestionó.

Fiscales estadounidenses presentaron el 1 de julio una demanda para confiscar la gasolina a bordo de cuatro petroleros que Irán está enviando a Venezuela, reportó la agencia Reuters.

Washington ha estado aplicando sanciones para impulsar la salida del cargo de Maduro, incluyendo medidas contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y los buques petroleros que llevan combustible desde ese país a Cuba.

En junio pasado, cuatro compañías internacionales propietarias de otros tantos buques que transportan petróleo venezolano quedaron sujetas a sanciones del gobierno de Estados Unidos. La medida dispuso el bloqueo de todas las propiedades, y los intereses en propiedades, que las firmas Afranav Maritime Ltd., Adamant Maritime Ltd. y Sanibel Shiptrade Ltd., con base en Islas Marshall, y Seacomber Ltd., de Grecia, tengan en EEUU.

(A partir de un reporte desde Caracas de Aymara Lorenzo)

Oposición venezolana dice que Gobierno oculta cifra de muertos por COVID-19

En las calles de Maracaibo, Venezuela.

La oposición venezolana acusó este miércoles al Gobierno de Nicolás Maduro de ocultar la cifra real de muertos por el nuevo coronavirus, al tiempo que llamó a los ciudadanos a extremar las medidas de bioseguridad y mantenerse en casa siempre que la situación lo permita.

"Lamentablemente, Nicolás Maduro sigue mintiendo, sigue manipulando la data de casos positivos y la data de mortalidad (por coronavirus)", dijo en una rueda de prensa virtual el diputado opositor José Manuel Olivares.

De acuerdo con el legislador, exiliado en Colombia desde finales de 2018, en Venezuela han muerto por complicaciones derivadas de la enfermedad al menos 130 personas, 59 más de las que reportan los informes oficiales.

Según el último parte gubernamental, ofrecido el martes por el vicepresidente de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, en Venezuela han muerto 71 de las 7.693 personas que se han contagiado de COVID-19.

"Hay una manipulación de la (tasa de) mortalidad para intentar decirle no sé a quien, hacerle ver, que tienen controlado el tema (del nuevo coronavirus) en Venezuela", dijo hoy al respecto Olivares.

El opositor precisó, como soporte a su denuncia, que el Gobierno oculta la causa real de muerte de algunas personas, y usó como ejemplo los recientes decesos, que aseguró se debieron al nuevo coronavirus, de un paramédico en Caracas y otro hombre en el sureño estado de Bolívar, que colinda con Brasil.

Olivares también dijo que la tasa de contagio en los estados fronterizos es mayor en las ciudades venezolanas que en las colombianas, por cuanto puso en duda que la mayoría de los contagios en el país, tal y como lo ha señalado el propio Maduro, tengan un origen "importado".

"Los venezolanos que vuelven a nuestro país -casi 60.000, según dice el Gobierno- se enferman en territorio venezolano", aseguró. Asimismo, pidió que se descentralice el análisis de las pruebas PCR para detectar el virus SARS-CoV-2, que hoy hace una sola institución en el país, y aseveró que hay otros 16 laboratorios listos para sumarse a los esfuerzos, lo que permitiría encontrar "diagnósticos tempranos".

Venezuela detectó sus primeros casos del nuevo coronavirus a mediados de marzo, y desde el día 17 rige en el país una cuarentena que se ha flexibilizado algunas veces para permitir un respiro a la economía.

Sin embargo, Efe ha podido constatar que muchos comerciantes y trabajadores han roto la cuarentena casi desde el inicio de la misma para, según dijeron, evitar la quiebra.

HRW denuncia que el Tribunal Supremo de Maduro decapita los partidos de oposición

El Tribunal Supremo de Justicia impuesto por Maduro "está demostrando su falta de independencia", denuncia HRW.

Human Rights Watch denunció el martes “la falta de independencia” y la decapitación de partidos políticos opositores emprendida en Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impuso el régimen de Nicolás Maduro.

“El Tribunal Supremo de Venezuela, que es un apéndice del ejecutivo, demostró su absoluta falta de independencia al designar a partidarios del gobierno como máximas autoridades de tres partidos políticos opositores y del Consejo Nacional Electoral”, dice un comunicado emitido por la organización.

Al hacerlo, socava los derechos de los venezolanos a elecciones libres y justas y a la libertad de asociación, indica el texto.

El mismo martes, ese Tribunal intentó deslegitimizar el liderazgo de Voluntad Popular, que encabeza Leopoldo López y al cual pertenece Juan Guaidó. Los sustitutos son partidarios de Maduro que tendrían derecho a identificarse con el nombre y con el logotipo del partido de oposición en los próximos comicios parlamentarios.

En junio, los jueces impuestos por el régimen hicieron lo mismo con otros dos partidos, Acción Democrática y Movimiento Primero Justicia.

“Cuando un poder judicial que responde a Maduro descabeza a partidos políticos opositores que representan voces disidentes, vulnera los derechos de todos los venezolanos y deja en evidencia que ya no queda ni una fachada de proceso democrático”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

“El derecho de los venezolanos a votar por sus candidatos favoritos reclama unas elecciones libres y justas en las cuales todos los partidos y todos los candidatos tengan una oportunidad razonable de presentar sus ideas al electorado”, añadió Vivanco.

La semana pasada, observa HRW, el chavismo anunció la celebración de comicios legislativos el 1ro de diciembre para llenar 277 asientos en la Asamblea Nacional, un incremento de 110 escaños con respecto a los 167 de su acostumbrada composición. Eso parece indicar un primer paso, según HRW, para tomar la legislatura.

Los sustitutos impuestos por el TSJ en los tres partidos tendrán toda la potestad para restructurarlos, cumplirán funciones administrativas y designarán las autoridades de cada uno a los niveles regionales, municipales y locales. Podrán también modificar sus estatutos.

“Nuestra postura es que no se puede luchar por elecciones libres, participando en fraudes y farsas electorales organizadas por quienes buscan callar la voluntad del pueblo”, escribió en Twitter Leopoldo López, quien continúa refugiado en la Embajada de España en Caracas. “Nuestro partido, fiel a la lucha por la libertad de Venezuela, no obedece imposiciones dictatoriales”.

Los dirigentes de Voluntad Popular impuestos por el TSJ son José Gregorio Noriega, expulsado del partido por su implicación en un escándalo de sobornos para deshacerse de Juan Guaidó; Guillermo Luces, expulsado también por apoyar a un candidato oficialista, y Lucila Ángela Pacheco, ex diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela.

“Parra y Noriega fueron sancionados recientemente por la Unión Europea y Estados Unidos”, subraya la declaración de HRW.

La cúpula chavista está siguiendo el guión del régimen de Cuba, le dijo a la corresponsal de Radio Televisión Martí en Venezuela, Aymara Lorenzo, el analista político José Luis Duque.

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“Esto es calcado, o como se estableció el régimen castrista, utilizando nuevas herramientas”, opinó el experto. “No llegan bajo la lucha armada, aquella falsa dicotomía que se hacía la izquierda de la ‘liberación de los pueblos’. Ahora llegan con las armas propias de la democracia, sobre todo las elecciones”.

Suiza añade 11 altos cargos venezolanos a la lista de sanciones

MILITARES VENEZOLANOS DESFILAN EN CARACAS PARA CONMEMORAR LA INDEPENDENCIA

Las autoridades suizas han sumado este martes el nombre de 11 altos cargos del Gobierno de Venezuela a la lista de sanciones por su implicación en violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos en el país latinoamericano.

Las once personas incluidas desde hoy en la lista están acusadas de actuar contra los grupos que se oponen al presidente Nicolás Maduro. Entre ellos figuran José Adelino Ornelas Ferreira, el secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, y Néstor Luis Reverol Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz.

A Ornelas Ferreira se le acusa de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, incluso obstruyéndoles la ayuda humanitaria y recurriendo al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otras componentes de esta que están bajo su mando.

Reverol Torres, por su parte, excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, también está acusado de graves violaciones de los derechos humanos, como tortura de presos políticos y represión de la oposición democrática en el país.

Los once destacados políticos y militares venezolanos agregados a la lista el 7 de julio estarán sujetos a sanciones, incluidas la prohibición de entrar o entrar y viajar por Suiza y la congelación de los activos que puedan tener depositados en bancos suizos.

Suiza se suma así a la Unión Europea que el pasado 29 de junio adoptó una decisión similar y cuya lista comprende a 36 personas sancionadas.

El Gobierno suizo impuso las primeras sanciones a Venezuela en el año 2018 por presuntas violaciones de los derechos humanos y del Estado de derecho, así como por la erosión de las instituciones democráticas.

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