Cuba
Por qué la demanda contra Meliá en España por hoteles en Cuba podría tener éxito
Descendientes del empresario cubano Rafael Lucas Sánchez Hill podrían tener éxito en su reclamación de al menos 10 millones de euros a la cadena Meliá Hotels International presentada ante una corte española.
Los demandantes exigen indemnización por la explotación en Cuba de los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares en terrenos confiscados en Holguín a la familia en 1960 por el gobierno de Fidel Castro.
El reclamo legal, que no tiene relación con la Ley Helms-Burton, se realiza bajo el Código Civil español que penaliza el enriquecimiento ilícito y el tráfico -con conocimiento de causa- de propiedades robadas, que es el caso de Meliá, dijo a Radio Televisión Martí Nick Gutiérrez, asesor legal de los Sánchez Hill.
Para Gutiérrez esta demanda “refleja la universalidad de los principios de la Ley Helms-Burton y del Título III, pero sin utilizar esta ley que en España se considera tan polémica. Solo utiliza la propia ley española, lo cual es una importante ventaja”.
Oficializada el pasado 3 de junio ante una corte de Palma de Mallorca, donde Meliá tiene su sede, la demanda apela al reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de ese país “de un fundamento jurídico para la reclamación de una restitución de las propiedades confiscadas o de una justa indemnización, de conformidad con el Derecho comparado y el Derecho Internacional”.
Los demandantes afirman que “el carácter ilícito de dicha confiscación es conocido por Meliá, quien durante los últimos 20 años ha hecho caso omiso a las reclamaciones de aquellas empresas y familias a costa de las que se lucra”.
El canciller español Josep Borrell ha dejado en claro que su gobierno apoyará a las compañías españolas radicadas en Cuba contra la ola de reclamaciones que podrían enfrentar tras la puesta en vigor el pasado 2 de mayo del Título III de la Ley Libertad o Helms-Burton.
Al respecto, Gutiérrez explicó que el Gobierno español “no podrá invocar las leyes de bloqueo españolas y europeas que utilizarán contra demandas bajo la Ley Helms-Burton, porque esta es una demanda bajo la ley española. Es un frente nuevo que nunca se ha utilizado, y yo creo que los tiene un poco fuera de balance. Vamos a ver cómo responden, pero creo que (la demanda contra Meliá) tiene buen chance de éxito”.
La Unión Europea activó en 1996 una normativa antiboicot para neutralizar los efectos de Ley Helms-Burton. Este estatuto de bloqueo impide a las empresas europeas someterse a lo que dicta la ley estadounidense y les permite obtener indemnizaciones por perjuicios sufridos a causa de su aplicación.
El documento, consultado por Radio Televisión Martí, aclara que aunque en un convenio con Cuba firmado en 1986 el gobierno español se comprometió a “no reclamar más, e incluso, a no apoyar las posibles reclamaciones que pudieran formular los afectados contra Cuba”, el acuerdo no limita el derecho a exigir una indemnización justa.
Los abogados de los Sánchez Hill en España, la procuradora Cristina Sampol Schenk y el abogado Rafael Gimeno-Bayón Cobos, señalan en el texto de la demanda que según el Tribunal Supremo “los derechos de los afectados por la expropiación, que pasan a tener la condición de beneficiarios de ese Convenio de 1986 no quedan dañados por el mismo, puesto que su celebración no extingue el ejercicio de ese hipotético derecho de los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización”.
En 1959, cuando los rebeldes comandados por Castro tomaron el poder, los demandantes contra Meliá, Santa Lucía Company, S.A. y Sociedad Civil Hermanos Sánchez, eran dueños del ingenio azucarero Central Santa Lucía, una vasta extensión de 120.000 acres (48,562 hectáreas) con una ubicación privilegiada.
Los terrenos ubicados en la costa y parte del interior de la provincia de Holguín abarcan “57 kilómetros de playa que van desde Gibara hasta Yuraguanal, e incluyen Bahía de Naranjo, Estero Ciego, Playa Guardalavaca, una zona muy bonita donde el gobierno de Cuba ha levantado hoteles”, comentó Gutiérrez.
El Central Santa Lucía, actualmente nombrado Rafael Freire, con los terrenos mencionados, fue confiscado bajo la Ley 890 promulgada por el gobierno revolucionario en 1960. El texto de la demanda señala que dentro de los terrenos expropiados se ubica “Playa Esmeralda”, donde fueron edificados los hoteles explotados por Meliá.
En los terrenos se levantan, además, hoteles de las compañías Iberostar y Blau, también de España, del grupo mexicano Posada y de la firma canadiense Blue Diamond, todos en empresas mixtas con la estatal Gaviota, administrada por el grupo empresarial GAESA, bajo el control de los militares cubanos.
Miembros de la familia Sánchez Hill contactados por Radio Televisión Martí declinaron comentar sobre el proceso legal contra Meliá.
Demandas por confiscación, un largo camino
Nick Gutiérrez lleva 25 años asesorando a la familia Sánchez Hill desde que sus miembros decidieron organizarse y abogar por sus derechos como legítimos propietarios del Central Santa Lucía y otros bienes confiscados en Cuba.
“Fuimos muy activos en pasar la Ley Helms-Burton y después en abogar para que se implementara”, dijo el abogado.
“Bajo la amenaza del Título IV logramos que Meliá se sentara con nosotros en cuatro ocasiones custodiados por altos funcionarios del Departamento de Estado, y negociamos, y ellos ofrecieron compensación (…). Después se echaron para atrás porque se dieron cuenta de que el gobierno americano no estaba serio en ejecutar el Título IV, y el Título III ni se soñaba en esa época”, recordó Gutiérrez.
Durante las negociaciones, que terminaron en 2002, Meliá ofreció pagar a los Sánchez Hill una compensación inicial de $5 millones de dólares, cifra que rebajó a unos $3 mil.
Años después, la familia logró ponerse en contacto con un grupo legal en Madrid al que pertenece uno de los abogados que hoy los representa en la demanda contra Meliá, Rafael Gimeno-Bayón Cobos.
“En unos días Meliá tendrá que responder, o por lo menos tendrá que pedir tiempo adicional. Tienen 20 días desde el 3 de junio, que fue cuando se presentó la demanda y se les notificó a ellos formalmente”, dijo Gutiérrez.
Radio Televisión Martí intentó obtener un comentario de Meliá sobre la demanda, pero un correo electrónico enviado a su oficina de Comunicación Corporativa aún no ha sido contestado.
El Título III, una esperanza
Gutiérrez también es el secretario de la compañía familiar Central Santa Lucía L.C., la “sociedad limitada que se formó para este propósito hace 23 años, que es la entidad que demanda en España”.
La sociedad está compuesta por unos 100 miembros de la familia Sánchez Hill y posee los derechos para demandar a quienes trafiquen en sus propiedades confiscadas en Cuba.
La mayoría de los miembros de Central Santa Lucía L.C. residen en EEUU, parte en España y algunos en Cuba, pero “la sociedad actúa a nombre de la familia completa, estén donde estén”, aclaró el asesor legal.
La nacionalidad de la compañía es estadounidense, por lo que puede realizar una demanda en tribunales de EEUU bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, pero este proceso no se realizará de inmediato, dijo Gutiérrez.
El letrado señaló que bajo el Título III, los cubanoamericanos para poder exigir compensación triple por los daños “tenemos que notificar al traficante [sic] con una carta formal, con un texto oficial redactado por el Departamento de Justicia para ponerlos sobre aviso que los vamos a demandar en 30 días si no se ponen de acuerdo con nosotros”.
Los Sánchez Hill también estudian la posibilidad de demandar en Estados Unidos, bajo el Título III, a otras compañías, además de Meliá, que operan hoteles en los terrenos de la familia en Cuba.
“Estamos coordinando altamente los esfuerzos entre los abogados españoles, por un lado, contra Meliá, y los abogados americanos por otro lado aquí contra Iberostar, Blau y el grupo Posada”, dijo Gutiérrez.
Las coordinaciones “consisten en conferencias entre profesionales legales involucrados en litigios internacionales. No queremos hacer nada acá que entorpezca los esfuerzos en España, y viceversa”, explicó.
Gaviota y funcionarios cubanos en la mira
La familia Sánchez Hill también demandará a la entidad estatal cubana Gaviota, e incluso nombrará en su momento “a personas privadas dentro del gobierno castrista que pueden estar lucrando con estas propiedades confiscadas”, afirmó Gutiérrez.
Esta demanda, explicó el abogado, puede ser colectiva.
“Es posible que se coordinen estos esfuerzos. Por ejemplo, Meliá tiene tantos hoteles en Cuba, casi todos en propiedades robadas, que es posible certificar un class action (una demanda colectiva) contra Meliá, y estos juicios se pueden cobrar contra propiedades (…) aquí en la Florida, en Nueva York e incluso en otros países que no tienen leyes de bloqueo (contra la Helms-Burton)”, agregó.
Gutiérrez advirtió que este es un esfuerzo complejo y de largo plazo que apenas comienza, pero que podría tener un gran efecto. No en todos los casos “tenemos que llegar al final de una larga demanda con una adjudicación judicial, puede ser un acuerdo extrajudicial, y tenemos confianza en que eso podrá ocurrir”, señaló.
“El principal objetivo de todo esto, además de lograr justicia para las familias dueñas de estas propiedades, es también desalentar la inversión extranjera en Cuba y negarle al régimen los recursos de moneda dura que está adquiriendo con estas inversiones”, concluyó Gutiérrez.
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Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)
Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.
Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.
La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.
La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.
La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.
Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano
Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.
Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.
Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.
En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.
Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.
Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.
Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.
El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.
Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
"Cuba está muriendo" pero "el mal no va a vencer siempre", dice sacerdote cubano
El sacerdote católico Lester Rafael Zayas, conocido por sus abiertas críticas al régimen cubano, dijo este martes que "Cuba está muriendo" pero que "la noche no va a ser eterna" en una entrevista con BBC Mundo en la que explica por qué está en la mirilla de las autoridades.
Zayas, párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio capitalino del Vedado, va más allá del tradicional sermón en sus homilías y aborda con frecuencia los problemas cotidianos que afectan a sus feligreses, sobrevivientes en un país en crisis profunda.
"Podría siempre hablar del cielo y olvidar las cosas terrenales, pero el Evangelio y Jesucristo nos llevan directamente a la Tierra, a entrar en contacto con la gente", dijo en una conversación telefónica desde La Habana con el medio británico.
El padre Lester señaló que su misión sacerdotal en Cuba es imposible sin hablar sobre lo que está sucediendo en el país, "pero claro, esto trae muchos conflictos", afirmó.
A finales de marzo, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters, el sacerdote dijo que la decisión del gobierno de prohibir a su parroquia realizar la procesión del Santo Entierro, una de las celebraciones de la Semana Santa, era "absurda" porque el Evangelio "no es política", y "no es posible hoy presentar a Jesucristo sin presentar a un pueblo que la está pasando mal".
Antes, en un post en Facebook, Zayas denunció la prohibición y lamentó lo que consideró un maltrato a la libertad religiosa de sus feligreses "por cosas que podrían ser tratadas en un diálogo franco y sereno".
El sacerdote explicó a BBC Mundo que, según lo que le dijeron sus superiores, la procesión se denegó exclusivamente por el contenido de sus homilías, las que ofenderían o molestarían a determinadas personas, que las consideran "peligrosas".
"Lo que digo en las homilías es que no es posible ver la realidad aquí y aceptar como normal el sufrimiento de la gente", explicó el párroco en la entrevista. Añadió que "el mal no va a vencer siempre, que la noche no va a ser eterna, que tenemos que pensar como pueblo qué podemos hacer para apurar el amanecer, que qué hemos hecho para llegar a estos a estos niveles, que hemos perdido el norte".
"Cuba está muriendo", sentenció el padre Lester, y su misión, afirmó, es escuchar los "clamores del pueblo".
"Me cuentan que no les alcanza para comer; que sus niños van a la escuela sin apenas desayunar porque no hay pan; que muchos ancianos se han quedado solos y viven en la desesperanza por la catástrofe migratoria; que la gente no tiene futuro y todos están esperando un visado para irse del país; que los enfermos no tienen medicamentos aunque, según el discurso oficial, somos una potencia médica; que cada vez hay más hombres y mujeres viviendo en la calle", detalló el religioso a BBC Mundo.
Las autoridades cubanas no toleran su comportamiento, dijo el sacerdote, y piden constantemente a sus superiores "que me manden callar o que me regañen", y hasta le han sugerido que lo saquen del país.
El padre Lester teme a las represalias del gobierno, pero asegura tener "más miedo al infierno por no ser fiel a la verdad y al sufrimiento de la gente", que a cualquier otra cosa.
En un contexto represivo, en el que las leyes coactan la libertad de expresión y la libertad en uso de las redes sociales, donde el religioso postea con frecuencia sus opiniones sobre el status quo, el padre Lester aclaró a BBC Mundo que sus críticas no cruzan las "líneas rojas" trazadas por el régimen.
"La gran línea roja es lo que ellos llaman incitar a la gente a salir a las calles, lo cual no es ni de lejos mi misión. Es un derecho del pueblo y este decide por sí mismo", dijo. Otra línea roja es ofender a los líderes de la revolución, lo cual también me queda lejos" porque "tampoco es mi misión ofender a nadie", añadió.
El sacerdote cubano aclaró que sus homilías no van dirigidas al gobierno.
"Yo no hablo para el gobierno ni contra determinadas personas, sino para mis feligreses", concluyó.
Esta semana, los obispos católicos cubanos convocaron a una plegaria, que se rezará a partir del cuarto domingo de Pascua, el 21 de abril, para pedir por "las madres que luchan por alimentar a sus hijos; a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos; a los familiares de los presos que sufren con verlos regresar algún día sanos al hogar; a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna; a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos; a los que sufren la violencia y el robo; a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales".
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