Derechos Humanos
Juzgarán al periodista Roberto Jesús Quiñones por incidente en el que fue víctima
El abogado y periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces fue citado a comparecer este miércoles a las 9 de la mañana en la sala penal del Tribunal Popular Municipal de Guantánamo, acusado de cometer un delito de “Resistencia y Desobediencia”.
Supuestamente ya habían descartado esa acusación y le habían presentado otra, menos grave, pero como tampoco la aceptó, los fiscales del régimen retomaron el expediente de la Seguridad del Estado.
En un mensaje enviado al periodista de Radio Martí Tomás Cardoso, Quiñones Haces dice que, cuando lo citaron previamente a la sede de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), decidió no pagar ni un centavo de multa ni acatar ninguna sanción, porque hacerlo significaría aceptar responsabilidad en los delitos que le imputan y de los cuales es víctima, no culpable.
“Esa decisión la he tomado en un momento muy difícil, pues mi padre en Cienfuegos está muy mal de salud y ya estoy sufriendo los embates familiares para que adopte otra posición, lo cual no pienso hacer”, manifiesta el periodista independiente.
El 22 de abril, Quiñones Haces fue detenido y golpeado en los portales del Tribunal Municipal de Guantánamo mientras trataba de cubrir el juicio contra el pastor Ramón Rigal y su esposa, Ayda Expósito, a quienes declararon culpables de “actos contra el normal desarrollo” de menores y luego condenaron por querer educar a los hijos en su hogar y no en el sistema de educación castrista.
Al cabo de cinco días encerrado, lo liberaron con un proceso judicial pendiente. Fue incluso entrevistado por inspectores militares que supuestamente examinarían el papel de los policías en su arresto.
El 19 de junio acudió a la sede la PNR en Guantánamo. Allí le dijeron que, considerando que no tenía antecedentes penales, le aplicarían solamente una multa administrativa por haber cometido un delito de atentado.
Pero se negó porque, según sus declaraciones, el caso contra él no tenía ningún sentido “habiendo sido yo la persona que fue lesionada, que fue golpeada y, estando esposado, se me acusara de un delito de atentado, [mientras] la Fiscalía Militar exoneraba a los policías que fueron los causantes de esta situación”.
Los oficiales le tomaron una nueva declaración sobre los hechos y le dijeron que analizarían el caso y lo llamarían de nuevo. Ahora le llega esta citación a comparecer por los delitos que no cometió y que supuestamente habían descartado.
Si lo declaran culpable, la condena pudiera ser de hasta tres años de privación de libertad, explicó el lunes Quiñones Haces entrevistado por Cardoso.
“A mí lo único que me queda es la dignidad, y esa dignidad la voy a defender al costo que sea necesario, incluso al costo que ya estoy sufriendo de la oposición de mi propia familia”, dijo el abogado y periodista independiente, que ha pedido asumir su propia defensa y aún no tiene el certificado para hacerlo por la “ausencia” de la funcionaria que debe acreditarlo.
“Porque si todos cedemos, entonces aquí no va a haber nada, aquí no va a haber ni siquiera esperanzas, no va a haber perspectivas de nada”, dijo.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, compartió recientemente el malestar de su gobierno por el acoso del régimen de La Habana al periodista independiente.
“Nos preocupa la detención de Roberto Quiñones”, declaró Pompeo en entrevista con Pablo Díaz Espí, el director del sitio de noticias Diario de Cuba.
El objetivo del régimen es que Quiñones Haces abandone su trabajo, indicaba el 31 de julio una nota de la redacción de Cubanet.
“La policía política de Guantánamo, provincia donde reside, le ha confiscado sus medios de trabajo, y lo ha mantenido tras las rejas por varios días, solamente por su labor como periodista y abogado, en la que denuncia las arbitrariedades del régimen y escribe sobre la cruda realidad de la Isla”, indica el texto.
El hostigamiento y las amenazas no son nuevos para Quiñones Haces. La Seguridad del Estado creó un perfil bajo su nombre en Facebook y lo usaba para calumniar a opositores que entonces se creían atacados por él.
“Fui llamado por el joven opositor guantanamero Niober García Fournier, quien me dijo que en Facebook había aparecido un artículo presuntamente hecho por mí, porque estaba con mi nombre, donde yo atabaca a la señora Berta Soler, la presidenta del Movimiento de las Damas de Blanco en Cuba, y a su esposo, Ángel Moya”, le dijo Quiñones Haces a Cardoso en junio.
El periodista independiente asegura que no usa ninguna de las redes sociales ni tiene cuenta propia en Facebook porque son servicios muy costosos en Cuba.
“Así que yo rechazo públicamente que se esté utilizando mi nombre para agredir a otros hermanos de la oposición aquí en Cuba, porque lo que se busca es la división”, declaró Quiñones Haces. “Yo no he hecho ese artículo, y si escribiera algo sobre Ángel Moya y su esposa Berta Soler, lo único que podría escribir son elogios por la digna actitud cívica que han mantenido por años y que todos conocemos”.
Incluso antes de asumir la presidencia del Consejo de Estado, el gobernante Miguel Díaz Canel dejó saber que internet le parecía una plataforma donde se ocultaban alimañas peligrosas para el equilibrio social cubano, y se mostró decidido a censurarlas. Con semejante vocación por el bien, las denuncias del periodista independiente deberían alarmarlo.
“Hace dos o tres meses que, en un sitio que se llama Teo Pereira en Cuba, que todo el mundo sabe que es de la Seguridad del Estado, había aparecido también otro presunto articulo mío, esta vez contra un opositor guantanamero”, añade Quiñones Haces. “Obviamente, esto es una treta de la Seguridad del Estado; no puede ser de otra forma”.
Quiñones Haces publica sus artículos en Cubanet y ha colaborado con Radio Televisión Martí. En su nota de febrero 28 sobre la nueva Constitución, escribió: “El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma que los derechos reconocidos en él deben ser garantizados a todos los ciudadanos sin discriminación alguna, pero la Carta Magna [cubana], en su artículo 42, no incluye la discriminación política como lesiva a la dignidad humana, por tanto, el principio de igualdad es vulnerado, pues los cubanos que no respaldan la ideología impuesta ni el sistema de partido único son discriminados y no pueden establecer un recurso jurídico efectivo contra eso”.
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Informe revela secretismo en las elecciones municipales en Cuba
A lo largo de los primeros meses de 2024, tuvieron lugar en Cuba numerosas elecciones para cubrir vacantes en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en un proceso electoral poco transparente, revela un informe de Transparencia Electoral publicado por DemoAmLat.
Entre enero y febrero de 2024 se reportó la realización de numerosas elecciones para cubrir escaños municipales, sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora; nombres y apellidos de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción que actuaron en la asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lugar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; y firmas de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción y del candidato nominado.
"La organización de las votaciones fue aún más opaca: no hubo prácticamente aviso previo, no se reportó una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación, ni tampoco la legalmente obligatoria publicación de las biografías de los candidatos (confeccionadas por las Comisiones de Candidaturas) para su distribución a la vista del público. En última instancia, el único reporte de que estos procesos tuvieron lugar se vio en las publicaciones en redes sociales por parte del ente electoral durante la realización de la votación misma y después, sin que siquiera se reportaran los resultados", denuncia la investigación.
El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales".
Entre los múltiples errores en este proceso el informe destaca la llamada "influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral", por la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista de Cuba y las autoridades electorales. También la falta de observación electoral independiente, de libertades políticas durante los procesos electorales y de transparencia en la comunicación sobre las vacantes producidas y los procesos electorales subsiguientes.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión tras protestas del 17M
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un aumento de las acciones represivas en el mes de marzo contra intelectuales y periodistas independientes en la isla y miembros de la sociedad civil en general.
“Nos preocupa, tremendamente, el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos y periodistas independientes”, indicó a Martí Noticias Yaxis Cires, director de Estrategias de la entidad con sede en Madrid, España.
“Nos unimos a la preocupación que manifiesta la iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos", dijo Cires e hizo referencia a la importancia de que se produzcan "cambios políticos, económicos y sociales" que garanticen al pueblo "desarrollar su vida en libertad y con prosperidad”.
A finales de marzo, la Seguridad del Estado citó y amenazó con encarcelar al secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el preso político en licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, por “poner en peligro el orden constitucional y mercenarismo”.
Asimismo, sucedió con el ex preso político Luis Darién Reyes Romero, intimidado con una pistola en plena calle de La Habana Vieja por un agente vestido de civil.
El Observatorio también resaltó los casos de los periodistas independientes José Luis Tan Estrada, multado con 3,000 pesos por “violar el Decreto Ley 370” y de Camila Acosta detenida el domingo en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando se dirigía a visitar a familiares de presos políticos.
“No hablaron conmigo, no me dieron explicación, simplemente me montaron en la patrulla en Cárdenas y me dijeron que me mandaban para La Habana”, señaló Acosta tras ser liberada.
Otro de los casos recientes fue el arresto arbitrario de la académica Alina Bárbara López Hernández, a quien le diagnosticaron una “luxación humeral derecha (esguince del hombro derecho)” y una “subluxación en el pulgar de la mano izquierda”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó, recientemente, que la represión en Cuba repuntó durante el mes de marzo, principalmente luego de las protestas del día 17.
La organización detalló que, en el transcurso del mes, se registraron un total de 374 hechos represivos, casi cien más que las ocurridas durante febrero.
Denuncian humillante registro a preso político Félix Navarro en Agüica
Mandos de la prisión matancera Agüica practicaron un registro corporal “humillante” al preso político Félix Navarro, denunció su esposa Sonia Álvarez Campillo a Martí Noticias.
Antes de salir a encontrarse con su familia en la visita reglamentaria que le correspondió este martes, el Segundo Jefe de Orden Interior, Noslén Pedroso Sotolongo, requisó de forma degradante al preso político de 70 años:
“Le quitó dos pomos plásticos, y lo peor y más humillante, fue que lo hizo desnudarse. Le mandó a quitarse la prótesis dental, a abrir la boca, levantar los brazos para revisarle las axilas y quitarse los zapatos para revisarle la planta de los pies”.
Naciones Unidas ha convocado a los Estados Partes a que se aseguren de que, en sus territorios, las personas privadas de libertad, que son especialmente vulnerables, no sean sometidas a la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha alertado que el Reglamento del Sistema Penitenciario de Cuba, no tiene una prohibición expresa de la tortura por lo que los reclusos están sujetos al fuero militar y al uso excesivo de la fuerza y la violencia física y verbal.
“Al regresar al interior del penal, este mismo militar le quitó a Félix un pedazo de papel sanitario que llevaba en el bolsillo”, lamentó Álvarez Campillo.
Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021, a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público.
Álvarez Campillo ha entregado varias quejas a los órganos responsables sobre el tratamiento que dan las autoridades de la cárcel a su esposo, pero el propio Navarro ha denunciado, en numerosas ocasiones, los procedimientos denigrantes del personal penitenciario con los reclusos, así como los abusos ejecutados con la complicidad de la Fiscalía Militar.
“Este militar es un abusador, golpea a los presos, hace todo lo que le da su antojo y en cualquier momento puede matar a cualquiera, pero está apadrinado por el teniente coronel Emilio Cruz, Jefe de la prisión”, indicó la esposa.
De igual modo, la familia ha reclamado ante la Fiscalía, una atención médica adecuada para Navarro, enfermo de diabetes y ha responsabilizado del riesgo que corre el preso político “a la Seguridad del Estado, al régimen y al jefe de la prisión de Agüica, Emilio Cruz”.
No obstante, los responsables del establecimiento penitenciario no han garantizado la asistencia de salud que requiere el prisionero: “sigue muy delgado con sus problemas de la diabetes”, afirmó Álvarez.
En los meses de octubre y noviembre pasados, Navarro sufrió pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglicemias.
Junto a Félix fue presa su hija Saily Navarro, sancionada a ocho años de prisión tras las marchas del 11 de julio de 2021.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Denuncian "práctica represiva amplia y diversificada" en Cuba en marzo
Cuba registró en marzo pasado 388 incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades, reportó la asesoría jurídica Cubalex, la cifra más alta desde agosto de 2022, cuando la organización comenzó a documentar cada mes las violaciones de derechos humanos en la isla.
"Durante el mes de marzo, Cuba fue testigo de las primeras protestas masivas del año 2024. A pesar de que el régimen cubano negó la represión, los hechos demuestran una práctica represiva amplia y diversificada", señaló la ONG en un informe publicado el martes.
El grupo con sede en Estados Unidos afirmó que algunos de los 388 incidentes de hostigamiento que registró su equipo de monitoreo estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas populares.
Según Cubalex, los incidentes se distribuyeron por todas las provincias y 59 municipios, incluyendo la Isla de la Juventud. En La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas se registró el mayor número de actos represivos.
En el informe, Cubalex identificó los patrones de represión en relación con las protestas de marzo y cómo estas prácticas represivas "constituyen violaciones flagrantes de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución nacional, como la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación para fines lícitos y pacíficos", señala una nota de la organización.
La ONG precisó que para la elaboración del reporte se analizaron 719 registros que incluyen 331 noticias sobre el contexto y 388 eventos de represión ocurridos del 1 al 31 de marzo de 2024, y que los datos se obtuvieron principalmente de publicaciones en Facebook (333), sitios web de noticias (178), la red social X (135) y aportes directos a Cubalex (44).
La organización explicó que la represión en marzo se produjo en un contexto de crisis generalizada, en el que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas, el deterioro de los servicios públicos como el abasto de agua, el sistema de salud, la recogida de basura y la distribución normada de alimentos "que aparecen cuando las personas se lanzan a la calle a protestar". Mientras, señaló, el régimen invirtió "cuantiosos recursos para organizar eventos de propaganda internacionales, como el Coloquio Patria".
A principios de abril, Cubalex dijo en un comunicado que varios cubanos han sido detenidos, interrogados y amenazados por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo en varias provincias del país.
"Registramos acciones represivas contra ciudadanos y activistas por sus publicaciones en redes sociales. Tales acciones contra la libertad de expresión representan una violación flagrante de los derechos humanos, evidenciando una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen, con el objetivo de silenciar las voces disidentes", señaló la ONG.
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