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Cuba

Cubanos exigen derogación de decreto bautizado como "Ley Azote"

Un soldado organiza una cola para comprar alimentos en La Habana. REUTERS/Alexandre Meneghini
Un soldado organiza una cola para comprar alimentos en La Habana. REUTERS/Alexandre Meneghini

Cientos de firmantes han respaldado una petición dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba para que el Decreto Ley 370, conocido ya por Ley Azote, sea derogado.

La periodista independiente Camila Acosta, quien ha sido multada por esta norma, es una de las principales promotoras de la declaración disponible en la plataforma virtual avaaz.org.

La activista explicó a Radio Televisión Martí que esperan entregar la carta próximamente a estas instituciones porque son las que tienen la facultad de derogar el decreto.

Recaudan firmas para pedir la derogación del Decreto 370 o Ley Azote
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De acuerdo al texto de la declaración los firmantes se niegan a pagar las multas derivadas de la aplicación de esta norma y exigen la total eliminación del Decreto 370, la anulación de todas las multas impuestas, la devolución de
dinero a los que han pagado las multas y los equipos confiscados.

Además piden procedimientos disciplinarios a los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones que se excedieron en sus funciones.

La petición demanda también respeto a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, la libertad inmediata para el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones y el otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente.

En los últimos meses, y sobre todo en medio de la crisis por el coronavirus, la Seguridad del Estado cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, una maniobra que la artista y activista Tania Brugueras ha denunciado desde La Habana a Radio Martí.

"Este gobierno quiere convertir a 11 millones de cubanos en disidentes y opositores, porque la gente que hace las cosas de buena fe porque piensa que es su deber ciudadano. Aquí la gente está diciendo lo que ve y ye penalizan por decir la verdad", declaró la renombrada artista.

Recientemente la periodista Mónica Baro, Premio Gabo 2019 también fue multada por el decreto con 3 mil pesos equivalentes a 120 dólares.

A continuación reproducimos el texto completo de la petición:

DECLARACIÓN CONTRA LA LEY AZOTE

Por “pensar y hablar sin hipocresía” los cubanos estamos siendo hostigados y corremos peligro de contagio por el COVID-19, así como de ir a prisión.
En los últimos meses, y sobre todo en medio de la crisis por el coronavirus, la Seguridad del Estado (SE) cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, en virtud del Decreto-Ley (DL) No. 370. El motivo ha sido las publicaciones en redes sociales que reflejan esa parte de la realidad cubana que el régimen intenta minimizar u ocultar. También varios activistas y miembros de la sociedad civil independiente han sido intimidados por publicar informaciones similares.
La SE ha obligado incluso a los sancionados a abandonar el aislamiento social pues constantemente cita a interrogatorios policiales.
El DL 370 entró en vigor el 4 de julio de 2019 y en enero de 2020 se comenzó a hacer uso de sus disposiciones de censura.
Desde el inicio del documento, se percibe el matiz ideológico, intolerante y discriminatorio, pues se declara que una de sus intenciones es consolidar las conquistas del socialismo y “el uso y desarrollo de las TICs, como instrumento para la defensa de la Revolución”.
Es el artículo 68, sobre las contravenciones asociadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el que amenaza la libertad de expresión; y, específicamente, el inciso i): difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
La ambigüedad es tan obvia que llega a ser ridícula. Primeramente, ETECSA, la única compañía de telecomunicaciones que existe en Cuba, no es una red pública, sino una sociedad anónima, y los cubanos pagan ‒excesivos precios‒ por sus servicios. Tampoco es Facebook ‒la red social más empleada en el país y en donde se hallan las publicaciones “delictivas” de los sancionados‒ una red pública, sino una empresa privada. En un segundo momento, se habla del interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, pero estos son conceptos confusos y no están especificados en dicho decreto.
Por otro lado, entre las facultades otorgadas ‒por el mismo decreto‒ a los inspectores del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), no se establece hacer un seguimiento de las publicaciones de los ciudadanos en redes sociales. Asimismo, estos individuos están actuando por órdenes del MININT (Ministerio del Interior), excediendo, de esta manera, sus funciones. Por tanto, se trata de un abuso y exceso de poder de estos funcionarios.
El DL 370 quebranta la Constitución de la República de Cuba, la cual conviene, en su artículo 54, que el Estado “reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”.
En cuanto a los acuerdos internacionales, Cuba transgrede igualmente la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales estipulan la libertad de opinión y de expresión, el no ser molestados a causa de estas opiniones, así como investigar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Hoy, encarcelar a los disidentes, para los represores no constituye una medida estratégica; por lo que vuelca todo su poderío en desgastar y coaccionar, con leyes como el 370, a todas las voces divergentes de la Isla.
El DL 370 es el escarmiento, la ejecución pública de aquellos con criterios propios, a quienes intenta quebrantar, ya sea obligándolos a desistir de sus denuncias u opiniones, o a abandonar el país. El excesivo monto de las multas (120 dólares, cuando un salario mínimo es de 16 dólares mensuales) haría temblar las rodillas a cualquier ciudadano, porque pocos cubanos podrían disponer de tales recursos.
El 370 es hoy lo que era para los esclavos, durante la etapa colonial, el látigo, el azote, el castigo por rebelarse contra el opresor.
Por tanto, los azotados con el DL 370, la Ley Azote, conscientes de que informar, opinar y expresarse libremente no constituyen delitos, y de que las leyes injustas se deben cambiar, no acatar,
DISPONEMOS que:
1- A partir de este momento, nos negamos a pagar las multas derivadas de la aplicación de esta norma y todas aquellas que violen nuestros derechos humanos.
Y EXIGIMOS:
A la Asamblea Nacional del Poder Popular o a su Consejo de Estado: 1- Eliminación del Artículo 68, inciso i), del Decreto-Ley 370. 2- Ordenarle al MINCON abstenerse de aplicar este DL hasta su total eliminación. 3- Anular todas las multas impuestas.
4- Devolver el dinero a los que han pagado las multas en virtud de esta norma, así como los equipos confiscados.
5- Someter a procedimientos disciplinarios a los funcionarios que se excedieron de sus funciones (los del MINCOM), y a procedimientos penales a los que pusieron en riesgo de contagio (los de seguridad) a los sancionados.
6- Respeto a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
7- Libertad inmediata para el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, encarcelado por ejercer la prensa libre.
8- Otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente.
Recabamos el respaldo de la comunidad internacional, de todos aquellos que se identifiquen con la lucha por la libertad de opinión y expresión en Cuba. Sabemos que, al asumir esta postura, sobre nosotros caerá la furia de un sistema con resoluciones legales, pero espurias; y que corremos el riesgo de ir a prisión.
Estamos conscientes de las consecuencias de nuestros actos y estamos dispuestos a asumirlas, guiados siempre por el ideario de José Martí:
“El respeto a la libertad y al pensamiento ajenos, aun del ente más infeliz, es mi fanatismo: si muero, o me matan, será por eso”.

Firmantes
Iliana Hernández Cardosa
Lázara Eumelia Ayllon Reyes
Boris González Arenas
Yeris Curbelo Aguilera
Karelia Contreras Manzano
Camila Acosta Rodríguez
Jiordan Marrero Huerta
Ovidio Martín Castellanos
Diosbani Zalazar Rodríguez
Esteban Rodríguez López
Henry Couto Guzmán
Luis Manuel Otero Alcántara
Tania Brugueras Fernández
Ángel Santiesteban Prats
José Raúl Gallego Ramos
Laritza Diversent Cámbara
Omara Isabel Ruiz Urquiola
Moisés Leonardo Rodríguez
Iván García Quintero

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Crece la preocupación por Ferrer: EEUU, Amnistía y la CIDH exigen su libertad inmediata

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, está detenido desde el 11 de julio de 2021, cuando se unió a las manifestaciones antigubernamentales junto a su hijo.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, está detenido desde el 11 de julio de 2021, cuando se unió a las manifestaciones antigubernamentales junto a su hijo.

La organización Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Estados Unidos han exigido la libertad inmediata del preso político José Daniel Ferrer García, encarcelado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

"El gobierno cubano continúa deteniendo injustamente a José Daniel Ferrer y violando sus derechos humanos. Estamos gravemente preocupados por su salud y pedimos su liberación inmediata e incondicional", escribió Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental.

Un mensaje similar fue divulgado este martes por Amnistía Internacional: "Tememos por la vida de José Daniel Ferrer. Tras meses sin tener contacto con él, su familia pudo verlo el pasado 18 de marzo y constatar el grave estado de salud en que lo mantienen las autoridades cubanas".

"Exige a Díaz-Canel liberarlo ¡YA!", escribió la ONG en sus redes sociales.

La entidad reconoce a Ferrer García como un preso de conciencia, por lo que ha exigido en numerosas ocasiones que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.

El líder del grupo de oposición política Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) está detenido desde el 11 de julio de 2021, cuando se unió a las manifestaciones antigubernamentales junto a su hijo.

El prisionero político y su familia han denunciado desde entonces que está sometido a un régimen de incomunicación, en confinamiento solitario prolongado, así como el agravamiento de sus problemas de salud, como dolores gástricos, de cabeza y pérdida progresiva de la visión, entre otros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, expresó el lunes preocupación por la salud del prisionero de conciencia cubano, y subrayó que los Estados tienen la obligación de proporcionar servicios de salud a las personas bajo su custodia.

Víctimas de la represión comparten sus testimonios mientras se discute en la ONU las violaciones de derechos humanos en Cuba

Conferencia de prensa en Miami convocada por el Centro por una Cuba Libre (CCL) / Foto: Martí Noticias
Conferencia de prensa en Miami convocada por el Centro por una Cuba Libre (CCL) / Foto: Martí Noticias

Víctimas de la represión la isla participaron este martes en una conferencia de prensa organizada por el Centro por una Cuba Libre (CCL) en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

El encuentro tuvo lugar en el marco de la presentación sobre Cuba en el Examen Periódico Universal, que se celebra cada cuatro años en la sede de Naciones Unidos.

Entre los participantes estuvo Rufina Velázquez, hija del exprisionero político Ramón Velázquez Toranzo, detenido el pasado 10 de marzo en la Isla luego de convocar a una protesta pacífica desde El Cobre, en Santiago de Cuba.

“Mi padre estuvo en El Cobre desde el ocho de marzo y dos días después lo sacaron de allí a la fuerza y lo mantuvieron incomunicado durante una semana”, explicó la mujer en declaraciones a Martí Noticias, minutos antes de comenzar la reunión.

“La única opción que le dan es deportarlo a Estados Unidos y prohibirle la entrada a Cuba. Mi padre se mantuvo en huelga de hambre por 13 días. Estuvo muy delicado de salud, muy débil y depuso la huelga el pasado sábado 23, pero todavía no acepta el destierro, que es la única opción que le están dando”.

Según dijo, desde el pasado sábado no tienen comunicación con él. “Todavía no lo han acusado formalmente de ningún cargo. Según le dijeron a mi familia, la fiscalía de Santiago de Cuba está tratando de crearle un caso sobre un llamado al desorden institucional. Hasta ahora están supuestamente en el proceso investigativo. No creemos que tengan ninguna base porque mi padre no ha roto ninguna ley”, detalló.

En el encuentro también estuvo presente, vía online, Osiris José Puerto Terry, quien recibió tres balazos en diferentes zonas del cuerpo en la tarde del 11 de julio de 2021, durante las manifestaciones populares de ese día.

Puerto Terry se encontraba en la Calzada de Diez de Octubre, en La Habana, zona que transitaba habitualmente ya que tenía una heladería ambulante. Todavía recuerda cuando en medio de las manifestaciones escuchó a uno de los oficiales ordenar al resto que dispararan contra el pueblo. Casi tres años después, sigue bajo las presiones de la policía política.

“Justicia es lo que estamos exigiendo”, comentó el hombre, que asegura que todavía debe presentarse mensualmente en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para firmar documentos. También lo presionan “cada vez que llega una fecha señalada. Así estamos aquí”, dijo.

Otra de las asistentes al avente fue Elizabeth León Martínez, madre de José A. Gómez León, Frandy González León, Adonis A. Remón León y Santiago Vázquez León, manifestantes del 11 de julio. Tres de ellos permanecen todavía en prisión.

León Martínez hizo un recuento de la represión contra su familia el día de las protestas y de las irregularidades durante el proceso que llevó a sus hijos a los tribunales.

Este martes activistas cubanos testificaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “A pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles, reclamando el cambio democrático”, dijo en su intervención Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide.

“Instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia. Señor vicepresidente, es hora de ponerse de parte del pueblo cubano y expulsar de este Consejo a la dictadura cubana”, declaró.

(Con reportes de Alejandro Marcano Santelli)

Activistas acuden a la Cruz Roja Internacional ante deterioro de salud de presa política cubana

Lizandra Góngora, prisionera política del 11J. (Foto: Facebook)
Lizandra Góngora, prisionera política del 11J. (Foto: Facebook)

Activistas de derechos humanos dentro y fuera de Cuba solicitaron en una carta a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja su mediación ante las autoridades cubanas por el deterioro del estado de salud de la presa política Lizandra Góngora Espinosa, informaron a Martí Noticias disidentes cubanos.

Desde el poblado de Cabañas, en el Mariel, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez explicó el objetivo de la misiva.

“El propósito es ver si la Cruz Roja Internacional y su sección América toman cartas en el asunto de Lizandra, puesto que se trata de una urgencia médica que no está siendo debidamente atendida, según establecen las normas internacionales, en particular las reglas mínimas de atención a reclusas de Naciones Unidas, de la cual está dictadura es miembro de su Consejo de Derechos Humanos", argumentó.

Activistas acuden a la Cruz Roja ante negación de asistencia médica especializada a presa política cubana
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"Intentamos agotar este recurso para ver si al fin la dictadura sede y se le concede la atención médica debida a esta prisionera política y de conciencia”, destacó el promotor de la organización disidente Corriente Martiana.

Por su parte, el también activista Lázaro González Valdés señaló que las autoridades cubanas están violando las reglas internacionales de tratamiento a reclusos.

“Estamos tocándole la puerta a la señora Mirjara Spoljaric, poniéndole sobre su despacho el caso de Lizandra Góngora Espinosa. Se están violando las Reglas Mandela, que en su regla número 24 establecen claramente que la prestación de los servicios médicos es una responsabilidad del estado, y que debe tener los mismos estándares disponibles que en el exterior penal", señaló.

El opositor agregó que, en la regla número 27, se especifica que, en casos especiales de cirugía, las autoridades penitenciarias tienen que actuar rápidamente a favor del recluso. "En este caso, Lizandra tiene una patología de alto riesgo, un fibroma que requiere cirugía, una operación de urgencia”, recordó.

Desde Güira de Melena, en Artemisa, Ángel Delgado, esposo de Góngora Espinosa, describió el estado de salud de la presa política, que fue internada a inicios de marzo en el Hospital General Docente Héroes del Baire, en Nueva Gerona. Los médicos dijeron que su caso requería cirugía, pero que allí no tenían los insumos ni el especialista para practicarla.

Mientras, en el penal de mujeres Los Colonos, las condiciones son precarias.

“Hay que cargar el agua en cubos; Lizandra no puede hacer fuerza con un fibroma... Allá adentro no hay nada, por eso fue que yo me decidí a reclamar un traslado para un hospital aquí, en La Habana”, describió el esposo de la activista.

Lizandra Góngora Espinosa, de 38 años de edad, madre de cinco niños, fue condenada a 14 años de prisión por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021, en el poblado de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa.

Payá pide expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La activista cubana Rosa María Payá (izq.) habla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, 26 de marzo del 2024.
La activista cubana Rosa María Payá (izq.) habla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, 26 de marzo del 2024.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este martes la activista Rosa María Payá dijo que la constitución impuesta por el gobierno cubano niega al pueblo el derecho de vivir en democracia, y que por ello hacía un llamado a que “Cuba sea expulsada del organismo".

“Instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia. Señor vicepresidente, es hora de ponerse de parte del pueblo cubano y expulsar de este Consejo a la dictadura cubana”, declaró la fundadora de la iniciativa Cuba Decide.

Además, señaló que el gobierno cubano emplea el terrorismo de Estado usando la ejecución extrajudicial de sus oponentes, “tal como sentenció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” cuando responsabilizó al estado cubano por el asesinato de los opositores Oswaldo Payá, y Harold Cepero.

Asimismo añadió que el régimen “reprime, encarcela y tortura a los que piensan distinto” y que hay más de 1000 personas en prisión en Cuba por manifestar su opinión públicamente, incluyendo al líder opositor José Daniel Ferrer, que es sistemáticamente torturado y está en peligro de muerte.

Expresó además que el régimen viola los derechos humanos e impide a los cubanos prosperar con el fruto de su trabajo, “forzando al pueblo a una profunda crisis humanitaria”.

Añadió que “a pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles, reclamando el cambio democrático” e instó al Consejo a exigirle “a los dirigentes cubanos que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía”.

Payá fue una de varias activistas que testificaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal examinó el historial de Cuba en materia de derechos humanos.

Kirenia Nuñez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, dijo que la población cubana continúa enfrentándose a represión, arrestos arbitrarios y desapariciones forzosas cuando se manifiesta. Señaló ademas que en marzo de este año se realizaron protestas en varias ciudades del país, principalmente en el este, y que hasta ahora conocen de 10 personas privadas de libertad como parte de la represión de las manifestaciones.

Una representante de Amnistía Internacional dijo en una intervención por video que la organización está profundamente preocupada por los continuos desafíos a los derechos humanos en Cuba, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión y de reunión.

Después de las intervenciones, el Representante Permanente Adjunto de Cuba ante las Naciones Unidas, Embajador Yusnier Romero Puentes, calificó de acusaciones falsas las declaraciones de los que expusieron las violaciones de derechos humanos en Cuba.

“No podemos estar aquí escuchando acusaciones falsas de quienes reciben dinero de una potencia extranjera para intentar subvertir el orden interno de nuestro país”, dijo.

Régimen permite 111 procesiones salvo en Bayamo y una en El Vedado (VIDEO)

El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz, junto a sus feligreses, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el Vedado.
El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz, junto a sus feligreses, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el Vedado.

Las autoridades cubanas autorizan más de un centenar de procesiones de Semana Santa en Cuba, pero deniegan las de la diocésis de Bayamo-Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en La Habana.

El padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, informó que el gobierno autorizó 111 procesiones religiosas de Viernes Santo y Pascua de Resurrección.

“En la diócesis de Bayamo-Manzanillo no aprobaron ninguna y no aprobaron las del padre Lester en La Habana”, dijo el padre Reyes.

“Si la procesión no les va a suponer a ellos un peligro, no hay por qué impedirlas, o sea el problema es eso, cuando ellos ven que la procesión puede complicarle las cosas (...) En ningún lugar de Bayamo hay procesión porque Bayamo acaba de levantarse en protesta, entonces tú ten en cuenta que aquí la prioridad es el sistema, el filtro de todas las decisiones es el sistema”, agregó el sacerdote.

Otro lugar donde ocurrieron protestas recientemente es en Santiago de Cuba. Pero el arzobispo de esa ciudad, Dionisio García Ibáñez, dijo a Martí noticias que allí no hay tradición de procesión de Viernes Santo. La hubo en otra época, pero después de la revolución no se hizo ninguna más, precisó.

"En ningún lugar de Bayamo hay procesión porque acaban de levantarse en protesta"
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Por otra parte, la prohibición de la procesión a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la barriada habanera del Vedado, fue denunciada el lunes como una violación a la libertad religiosa por su párroco, Fray Lester Rafael Zayas Díaz.

En un detallado post en Facebook, el líder religioso informó a sus feligreses y a la comunidad que había sido informado a través de "los canales pertinentes" que no sería aprobada la procesión del Santo Entierro por las calles del Vedado, a pesar de que fue solicitada oportunamente.

"Lamento que se vea maltratada la libertad religiosa de una parcela del pueblo de Dios, por cosas que podrían ser tratadas en un diálogo franco y sereno", escribió.

"La solicitud de la procesión no es una iniciativa del párroco, es fruto del deseo de la feligresía y por tanto del pueblo que quiere manifestar públicamente su fe, quiere llevar la religión que profesan a sus barrios, a sus calles, a sus casas, a su vida diaria, es por tanto un derecho soberano del Santo Pueblo Fiel de Dios. Negarla como castigo a un párroco es además de absurdo, una violación de la libertad religiosa. El párroco es solo el portavoz del deseo del pueblo, es quien la solicita a la autoridad competente pero no es un deseo personal suyo", explicó el sacerdote.

El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz.
El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz.

Zayas Díaz es firmante de la carta “He visto la aflicción de mi pueblo”, publicada en enero de 2021, en la que un grupo de sacerdotes, laicos y feligreses alientan a romper “las cadenas” frente a la crisis política, económica y socia en la isla y en noviembre de ese mismo año, ante los temores de que la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba fuera reprimida como ocurrió con los manifestantes del 11 de julio, estuvo entre los sacerdotes cubanos que dirigieron un mensaje a militares, reclutas y población civil de abstenerse de emplear la violencia contra los cubanos, con la exhortación "¡No alces la mano contra tu hermano!".

En el mensaje de esta semana, el religioso admite que el contenido de alguna de sus homilías "pueda resultar incómodo" pero defiende que "jamás ha sido usado el púlpito para hacer política, al estilo de los partidos políticos o como ellos entienden la política pues no es competencia del predicador hacer eso".

"Si alguien ha querido ver en mis homilías otra cosa, ya sea de dentro o de fuera, no es correcta ni bien intencionada su visión. Nunca en mis años de sacerdocio he hecho uso del espacio público, dígase durante las procesiones para exhortar a nada que no sea la piedad. Soy muy consciente del espacio público y máxime defensor de un estado laico, como para saber distinguir entre el espacio público que lleva un tipo de tratamiento y el espacio religioso que lleva otro. Es por ello que no comprendo los temores que pudieran haber llevado a la negativa de la procesión. Como sacerdote y hombre adulto conocedor de las leyes y de la actual Constitución de la República sé qué me es permitido y qué no", agregó en su comentario.

[Incluye reporte radial de José Luis Ramos]

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