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Venezuela

EEUU reafirma su compromiso con la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó de Venezuela

Juan Guaidó.

El secretario de Estado, Michael Pompeo, declaró este viernes que Estados Unidos reafirma su compromiso con la Asamblea Nacional legítima de Venezuela y los 100 diputados en todas las líneas del partido bajo el liderazgo provisional del presidente, Juan Guaidó, que diariamente enfrentan amenazas e intimidación por parte del ex régimen ilegítimo de Maduro.

Agregó que su país condena enérgicamente el intento más reciente del ex régimen ilegítimo de Maduro de destruir la última institución democrática que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional, y deponer al vicepresidente interino de la Asamblea Nacional y presidente de Venezuela y Juan Guaidó.

La falsa decisión del 26 de mayo de Maduro, asegura Pompeo, pretende conferir la presidencia a un diputado de la Asamblea Nacional que recibió sobornos para orquestar un pretendido control de la institución por parte del régimen y eso es espantoso.

Maduro, sus fuerzas de seguridad y sus lacayos en la Corte Suprema ilegítima han liderado un asalto sostenido a la Asamblea Nacional. Emitieron sentencias falsas contra docenas de parlamentarios, forzándolos al exilio. Continúan la detención arbitraria de prisioneros políticos, incluidos el jefe de gabinete Roberto Marrero y los diputados de la Asamblea Nacional Gilber Meat Tony Gears, Ismael Leon, Renzo Prieto y Juan Requesens, declaró el canciller estadounidense.

Estados Unidos reitera su apoyo a una solución pacífica a la crisis de Venezuela e insta a todas las partes interesadas a considerar el marco de una transición democrática para Venezuela como un camino hacia un país pacífico, estable y próspero.

Esto solo puede ocurrir con el fin de los ataques del régimen contra funcionarios elegidos democráticamente, concluyó Pompeo.

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Oposición denuncia falta de voluntad de Maduro para respetar DDHH

Michelle Bachelet recibida por Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Palacio Presidencial de Miraflores el 21 de junio de 2019. AFP/ YURI CORTEZ

La oposición venezolana denunció este lunes la "falta de voluntad" del Gobierno socialista de Nicolás Maduro para atender las recomendaciones en materia de garantías fundamentales que hiciera hace un año la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, después de su visita a Venezuela.

A través de un informe, la comisión para los derechos humanos que responde ante el opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino, aseveró que hay "falta de voluntad política de las autoridades de facto -en referencia al Gobierno de Maduro- por cumplir y hacer cumplir el mandato" de Bachelet.

En julio de 2019, la oficina de Bachelet hizo a Venezuela 23 recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos, que de acuerdo con la oposición son vulnerados con frecuencia en el país caribeño.

Entre las recomendaciones, la alta comisionada pidió disolver un cuerpo policial conocido como FAES, acusado de ejecuciones extrajudiciales, liberar a los llamados presos políticos y garantizar el acceso a los alimentos básicos y servicios públicos.

"No existe ningún síntoma de mejoría, sino de acentuación de la crisis que parece no detener su constante maximización. Muchas opciones de sencilla ejecución podrían haberse adoptado hasta este punto", continuó la oposición en su informe.

La semana pasada, Bachelet señaló en su reporte actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos que la detención de líderes, periodistas y ciudadanos críticos con el Gobierno de Maduro continúa, pese a que reconoció algunos avances.

En este sentido, la oposición detalló hoy varios arrestos que consideró ilegales así como amenazas a la libertad de algunos colaboradores de Guaidó, como su jefe de comunicaciones, Edward Rodríguez, quien, de acuerdo con el documento, "se trasladó a la Embajada de Francia, donde actualmente se encuentra resguardado".

OIM-ONU: Refugiados y migrantes venezolanos se enfrentan a pérdida de medios de vida, desalojos y discriminación

Migrantes venezolanos en un campo para refugiados en Bogotá, Colombia. (Raul Arboleda / AFP).

La ONG venezolana Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) expresó en su cuenta de twitter que desde el brote de COVID-19, los refugiados y migrantes venezolanos se enfrentan a la pérdida de medios de vida, desalojos y discriminación. Muchos no pueden acceder a instalaciones de salud e higiene y cumplir con las medidas de distanciamiento físico.

La organización venezolana incluyó en el mensaje una publicación hecha por la Organizacón Internacional para las Migraciones (OIM) -integrada como parte del sistema de la ONU en el año 2016- titulada Mientras la COVID-19 profundiza las dificultades de refugiados y migrantes de Venezuela, la necesidad de ayuda es cada vez más urgente.

La publicación describe la situación que atraviesan los migrantes y refugiados venezolanos producto del COVID-19 y explica que con la pandemia amenazando la seguridad y el futuro de millones de refugiados y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida, más de 150 organizaciones que trabajan en 17 países de América Latina y el Caribe están pidiendo a la comunidad internacional un incremento urgente de apoyo.

Desde el brote de COVID-19, los refugiados y migrantes de Venezuela se enfrentan a numerosos desafíos, incluida la pérdida de medios de vida, los desalojos y el aumento de la estigmatización.

La OIM explica que a menudo muchos no pueden acceder a instalaciones básicas de salud e higiene y cumplir con las medidas de distanciamiento físico. Agrega que quienes viven en una situación irregular y sin documentación también corren el riesgo de quedar excluidos de los programas nacionales de salud y asistencia social.

“El coronavirus está presionando a nuestras sociedades de formas que nunca hubiéramos imaginado. A los refugiados y migrantes venezolanos, la pandemia los expone a dificultades aún mayores, ya que muchos ahora luchan por sobrevivir, lejos de casa ", dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes de Venezuela.

Stein agregó que "los venezolanos en toda la región ahora se enfrentan al hambre, la falta de acceso a la atención médica, las perspectivas de la falta de vivienda y la xenofobia".

Cada vez más vulnerables, muchos también corren el riesgo de quedar expuestos a la violencia de género, la estigmatización, la explotación y el abuso, sostiene la publicación.

La OIM dijo que en respuesta, las organizaciones humanitarias revisaron el Plan de Respuesta Regional a Refugiados y Migrantes (RMRP), lanzado en noviembre de 2019. El plan regional de 1.350 millones de dólares priorizó actividades para abordar las necesidades más urgentes de protección, asistencia e integración de refugiados y migrantes de Venezuela. Los requerimientos actualizados del RMRP ahora ascienden a 1.410 millones de dólares, alrededor de un tercio están destinados a actividades específicas de COVID-19.

A esto agregaron que los principales incrementos apoyarán a refugiados y migrantes en situaciones extremadamente precarias, sobre todo aquellos que necesitan urgentemente alimentos, vivienda y servicios de salud. También cubrirá la provisión de equipos de protección personal y actividades destinadas a proporcionar información vital sobre la pandemia y los servicios disponibles.

El ente de la ONU sobre migraciones expresó que el RMRP complementa los esfuerzos que los gobiernos de la región han puesto en marcha para aliviar las necesidades de las comunidades de acogida. La inclusión de refugiados y migrantes en las respuestas y programas nacionales, que van desde la entrega de bienes básicos y canastas de alimentos, los esfuerzos de bienestar social y los destinados a detener los desalojos, ha sido y sigue siendo vital.

Dadas las medidas de cuarentena implementadas en toda la región, muchas de las actividades en el plan de respuesta se han ajustado para proporcionar asistencia remota, incluso a través de una mayor asistencia en efectivo.

Otras actividades priorizadas incluyen el establecimiento de instalaciones móviles de salud para la prueba y derivación de casos de COVID-19 y la adaptación de albergues con espacio físico adecuado y mejores condiciones sanitarias, expresaron.

Esto se suma a la prestación de apoyo técnico a las autoridades nacionales para complementar sus esfuerzos en la respuesta a la COVID-19 y el establecimiento de sistemas de alerta temprana y mecanismos de respuesta rápida para contener la propagación de la pandemia entre refugiados y migrantes.

La OIM hizo énfasis en que "resulta crucial que los refugiados y los migrantes, independientemente de su condición, sean incluidos en las respuestas nacionales de salud".

“Si bien la pandemia de la COVID-19 aún no ha alcanzado su punto máximo en América Latina, los servicios de salud pública ya sobrecargados continuarán siendo desafiados en los próximos meses. Instamos a la comunidad internacional a brindar generosamente apoyo a través de este plan de respuesta revisado”, sostuvo Stein.

La OIM alertó además que el plan de respuesta regional para los venezolanos tiene un grave déficit de financiación. Hasta la fecha, solo se ha cubierto el 4% de los fondos requeridos. Para respaldar el trabajo de las 151 organizaciones que forman parte de la respuesta de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V), se convocará una conferencia virtual de donantes a finales de mes.


Expulsa Maduro a embajadora de la UE tras sanciones a funcionarios del régimen

La embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa.

El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes en la tarde que la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilhante Pedrosa, tiene 72 horas para salir del país.

La acción ocurre después de que el Consejo de la Unión Europea impusiera sanciones a 11 funcionarios chavistas, entre ellos, la directiva paralela de la Asamblea Nacional encabezada por el diputado disidente Luis Parra.

Las nuevas medidas europeas elevan a 36 los funcionarios ligados al régimen de Maduro; las sanciones incluyen una prohibición de viajar y el congelamiento de activos. Están señalados de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, despojando la inmunidad parlamentaria de varios de sus miembros.

Entre los sancionados figuran: Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, a quienes el Tribunal Supremo de Justicia declaró en mayo como presidente y vicepresidentes del Parlamento y son reconocidos por Maduro, pero no por la mayoría de los integrantes de la Asamblea, que reeligió en enero al líder opositor Juan Guaidó como el jefe del legislativo.

También aparecen en la lista de los sancionados Juan José Mendoza, presidente de la sala constitucional del Tribunal Supremo, y el general José Ornelas, jefe del Consejo de Defensa de la Nación.

Estatal PDVSA se apodera de gasolineras privadas

Colas para reabastecerse de combustible en Maracaibo, Venezuela, mayo 17 de 2019. (Reuters).

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ordenó la entrega en 72 horas de estaciones de servicio en algunas ciudades del país operadas por privados, una medida unilateral que llegó luego que el gobierno autorizó subir el precio de la gasolina y venderla en ciertos sitios en divisas.

La notificación que PDVSA envió por escrito y fue vista por Reuters el sábado, tomó por sorpresa a operadores de las gasolineras que mantuvieron la concesión de estos negocios por décadas, dijeron dos fuentes conocedoras de este proceso.

"En Caracas son una decena (las que han recibido la carta de PDVSA)", dijo una de las fuentes. El desalojo de las estaciones de servicio, añadió, se produce sin recibir ninguna indemnización.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de más información. El documento de notificación indica que la petrolera "podrá rescindir el contrato en forma unilateral y en cualquier momento".

El cambio de control de las estaciones surge una vez que el gobierno abandonó este mes los fuertes subsidios a la gasolina que por años la hicieron la más barata del mundo, a la par que recibía por primera vez unos 1,53 millones de barriles de combustible iraní como medida para enfrentar las sanciones de Estados Unidos que dificultan sus operaciones en el extranjero.

Fenegas, la asociación que agrupa a las empresarios de las gasolineras, estaría solicitando reuniones con PDVSA y el ministerio de Petróleo para comprender el alcance de las medidas, agregaron las fuentes.

En los últimos días la petrolera estatal también tomó control de otras 17 estaciones de servicio en el central estado Carabobo y notificó de un cambio similar a cuatro operadores de gasolineras en el oriental estado Sucre.

En el país funcionan unas 1.680 estaciones de servicio, la mayoría propiedad de privados y PDVSA es dueña de unas 200 de ellas, que hasta ahora han venido operando compañías privadas con permisos especiales.

No está claro si PDVSA delegará en otros operadores o asumirá control de la venta de gasolina en las estaciones de servicio que reciben la notificación.

Desde inicios de junio los conductores pueden adquirir 120 litros al mes a un precio subsidiado y el resto deben pagarlo a un precio de 0,5 dólares por litro. El Banco Central había ordenado a los bancos vender las divisas que recibieran de esas ventas en las estaciones de servicio en el mercado cambiario.

EEUU impone sanciones a empresas mexicanas por ayudar a Maduro

La refinería Ñico López, en La Habana.

La administración estadounidense puso el jueves en su lista negra a la empresa mexicana Libre Abordo y a una firma relacionada, a las que acusó de ayudar a Caracas a evadir sus sanciones, en la primera medida formal del Departamento del Tesoro contra compañías mexicanas involucradas en el comercio de petróleo venezolano.

Esta empresa despojó a millones de fondos que supuestamente fueron para ayuda humanitaria, pero no entregó la comida prometida al pueblo venezolano, dice el parte de prensa del Departamento de Estado.

"El ilegítimo régimen de Maduro", declaró el secretario de Estado, Michael Pompeo, "continúa robando recursos venezolanos para reforzar su control autoritario sobre el pueblo". "El régimen corrupto de Maduro es directamente responsable de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela", dijo Pompeo.

El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que impuso sanciones a tres individuos, ocho entidades extranjeras y dos embarcaciones por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones estadounidenses a Venezuela, con las que Washington busca presionar a Nicolás Maduro.

En la lista negra figuraban la empresa mexicana Libre Abordoy Schlager Business Group, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.

El Tesoro también apuntó al mexicano Joaquín Leal Jiménez, aquien acusó de haber trabajado con Alex Saab - recientementedetenido en Cabo Verde -, Libre Abordo y Schlager Business Group,para negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.

Libre Abordo y Schlager Business Group comenzaron a recibir crudo venezolano para su reventa en los mercados asiáticos a finales del año pasado, después de firmar dos contratos con el gobierno de Maduro a mediados de 2019.

El acuerdo se enmarcó en un pacto de petróleo por alimentos exento de las sanciones de Estados Unidos. Las empresas mexicanas pretendían suministrar a Venezuela 210.000 toneladas de maíz como parte del acuerdo.

Desde que comenzaron los envíos de petróleo, Libre Abordo ySchlager recibieron unos 30 millones de barriles de petróleo venezolano, según los documentos de exportación de PDVSA.

A pesar de que el petróleo se cambió por unos 500 camiones cisterna, nunca se suministraron alimentos, ya que los bajísimos precios del crudo afectaron el calendario de entrega acordado originalmente, según las empresas.

"El ilegítimo régimen de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones que el Tesoro ha expuesto ahora", dijo el subsecretario del Tesoro Justin Muzinich en el comunicado."Estados Unidos continuará persiguiendo sin descanso a los evasores de sanciones", añadió.

Tras darse a conocer las sanciones, Libre Abordo dijo a Reuters que recurrirá a asesores legales para evaluar los parámetros bajo los que Washington la sancionó y que el acuerdo de ayuda humanitaria con Venezuela no debería ser objeto de sanción, de acuerdo a la propia licencia del Tesoro.

"Desconocemos la razón por la que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluye, en la sanción hacia Libre Abordo, nombres que carecen de relación con la participación accionaria de la empresa o con la operación de la misma", dijo la empresa en su respuesta a una consulta.

Reuters informó el mes pasado, citando a cuatro personas familiarizadas con el asunto, que el FBI estaba investigando a varias compañías mexicanas y europeas supuestamente involucradas en el comercio de petróleo venezolano, reuniendo información para una investigación del Departamento del Tesoro para la posible imposición de sanciones.

En enero de 2019, Estados Unidos reconoció al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó como el legítimo presidente interino del país de la OPEP y ha endurecido las sanciones y la presión diplomática tras la reelección de Maduro en 2018, que Estados Unidos y otros países europeos han desconocido.

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