Cuba
SIP condena detenciones contra comunicadores independientes en Cuba
La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que sesionó en la ciudad de Salt Lake, Estados Unidos, entre los días 27 y 30 de octubre, condenó las agresiones a la prensa en países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Colombia, Brasil y Perú entre otros.
“Durante el año 2017 parece haberse consolidado un patrón de conducta de agresiones en contra de la prensa, tanto de parte del crimen organizado como de las autoridades y los gobiernos. Esta conducta de persecución y acoso se manifiesta en agresiones físicas que en algunos casos llega hasta el asesinato o el intento de asesinato”, expresa el comunicado general de la organización donde desglosa ejemplos en las naciones antes mencionadas.
En el caso de Cuba, refiere el organismo, “no puede ser peor. A las agresiones contra los periodistas se han agregado ahora sus familiares y los usuarios de las redes sociales”, señala el informe.
La argumentación legal del régimen cubano para coartar la libertad de expresión, se basa en la misma Constitución, que indica “la prensa debe estar conforme a los fines de la revolución socialista”. En el país, recalca la SIP, se “prohíbe la propiedad privada de los medios de comunicación”
En un mismo párrafo las conclusiones de la Asamblea General apuntan a que el gobierno de Cuba “castiga a quien pudiera haber indagado secretos del Estado, con lo cual queda eliminada toda posibilidad de acceso a información que debiera ser pública. Continúa restringido el acceso a internet y quienes se dedican al periodismo sufren detenciones arbitrarias y condenas absolutamente inaceptables”.
Casos puntuales
En un informe anterior, que data del día 26 de octubre, el organismo regional detalló el ambiente de represión bajo el que laboran los periodistas independientes en Cuba, agravado por las difíciles condiciones económicas y el control estricto del Ministerio del Interior (MININT) sobre las voces discordantes del diiscurso oficial.
Entre los caso son citados los de los periodistas Sol García Basulto y Henry Constantín Ferreiro (Vice-Presidente regional de la SIP), que elaboran el medio independiente La Hora de Cuba, desde la ciudad central de Camagüey.
Otros de los casos que citan son los de Maykel González Vivero, detenido en varias ocasiones mientras realizaba entrevistas para su labor como reportero y el de Karla Pérez Sánchez, colaboradora de Somos +, expulsada de la universidad y que finalmente debió salir del país.
A continuación el informe detallado de la SIP para el caso de Cuba:
La situación de la libertad de prensa se ha agravado en este período debido al incremento de las agresiones en contra de periodistas independientes y hasta sus familiares y usuarios de las redes sociales por parte de los órganos policiales del Ministerio del Interior y la colaboración del Ministerio de Justicia.
El crecimiento de las agresiones se debe también al contexto político; por un lado, el traspaso poder en febrero de 2018 a alguien fuera de la familia Castro y, por el otro, las relaciones más tensas con el gobierno de Donald Trump. A esto se suma un cada vez más tenso clima social debido a la situación económica como parte de mayores restricciones a la actividad privada.
El gran problema es que el ciudadano carece del mínimo control sobre las leyes. No puede cuestionarlas en público, usarlas para su defensa en contra del gobierno o sus agentes. La impunidad es absoluta.
El freno legal primario reside en el artículo 53 de la Constitución que reconoce la libertad de palabra y prensa siempre y cuando se use "conforme a los fines de la revolución socialista", y prohíbe la propiedad privada de los medios de difusión.
El Código Penal es el artilugio más empleado por las autoridades para restringir las libertades. El Art. 149 del Código Penal sobre "Usurpación de capacidad legal" es el que está siendo más usado para procesar o amenazar periodistas que carecen del título universitario.
El Art. 103.1 sobre propaganda enemiga estipula que castigará a quienes confeccionen o distribuyan propaganda, lo cual el gobierno considerará a todo trabajo crítico, y entre tantas otras disposiciones, castiga a quien difunda noticias falsas.
El Art. 130 castiga a quienes puedan haber indagado secretos del Estado, con lo que toda concepción de acceso a la información pública queda solo a discreción del Estado. El Art 144. 1. Penaliza a quien le falte el respeto a la autoridad, o a los funcionarios públicos. El Art. 147, a quien desobedezca las órdenes de las autoridades; y el 204 a quien denigre a las instituciones oficiales. El Art. 210 penaliza a los que impriman y circulen publicaciones, y el 228, a quien practique actividades comerciales sin licencia del Estado.
Respecto del Reglamento Escolar vigente desde 2012 para todos los estudiantes de 5 a 18 años, establece que deben "amar y estar dispuestos a defender la Patria Socialista" y no pueden entrar a la escuela materiales subversivos, bajo la advertencia de perder el derecho a estudiar en una universidad.
Respecto de la educación superior, los estudiantes de Periodismo deben afiliarse a la Unión de Jóvenes Comunistas - brazo político juvenil del Partido Comunista de Cuba - y deben realizar durante dos meses cada curso prácticas laborales obligatorias en los medios de prensa oficiales.
Los incipientes medios de prensa no solo enfrentan la agresividad de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado. También se suman las limitantes legales y las precarias condiciones económicas en las que un paquete de 500 hojas tamaño carta cuesta un tercio del salario promedio del país, dos horas de conexión a internet valen 3 dólares y una laptop o una impresora son productos que solo pueden comprarse en el mercado negro.
También la ley 88, o Ley Mordaza, un instrumento legal cuyos artículos 4.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10, 11 y 12 están redactados en forma ambigua, permiten condenar a prácticamente cualquier persona que hable de libertad, aunque las autoridades prefieren censurar mediante el Código Penal.
El internet sigue estando controlada por el monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA, que cobra precios descomunales (casi 2 USD por hora de conexión, y unos 40 centavos de dólar por minuto de llamada en la telefonía celular, en un país con salario medio de 25 USD) y viola permanentemente la seguridad y privacidad de los usuarios, llegando incluso a permitir que agentes del Ministerio del Interior accedan a las cuentas personales de determinados usuarios y suplanten su identidad.
Tanto el contrato de acceso a Internet como el de telefonía celular contienen advertencias al usuario de que perderá el servicio si viola "las normas de comportamiento ético que promueve el Estado cubano" o la usa "contra la moral, el orden público, la seguridad del Estado", respectivamente.
La agresiones también están dirigidas contra nuevos proyectos de comunicación, como Convivencia (Pinar del Río), Palenque Visión (Guantánamo) y La Hora de Cuba (Camagüey) lo cual las hace más vulnerables por razones policiales y tecnológicas.
Estos son los hechos más sobresalientes del período:
En septiembre fue condenada a tres años de cárcel (prisión domiciliaria) Karina Gálvez Chiu, miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia y su principal articulista de temas económicos. Su casa, sede de la revista fue confiscada, por un supuesto delito de evasión fiscal. Por la compra de su casa ya había sido multada por más de mil dólares.
Sol García Basulto, periodista y diseñadora gráfica de la revista La Hora de Cuba, se encuentra oficialmente en arresto domiciliario desde el 24 de julio, como medida cautelar. Se mantiene la investigación en su contra por el supuesto delito de "usurpación de capacidad legal" (artículo 149 del Código Penal cubano, sancionado con hasta 1 año de prisión) al "hacer entrevistas en la vía pública sin estar autorizada", acusación que le fue hecha el 20 de marzo. Desde entonces se le impide salir del país. A esto se suman seguimientos en la vía pública, uso de sus vecinos como vigilantes, interrogatorios policiales a sus fuentes periodísticas y amistades, espionaje de su teléfono celular y navegación por internet, y ciber-acoso desde blogs anónimos y en las redes sociales.
Maykel González Vivero, periodista, ha sido detenido en dos ocasiones mientras hacía entrevistas, y en ambas Seguridad del Estado borró su trabajo. Junto a su pareja, también periodista, fue conminado a desnudarse para revisación y se les tomó fotografías.
Karla Pérez Sánchez, estudiante de primer año de Periodismo en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, y colaboradora del movimiento político Somos Más, fue expulsada de la universidad luego de un proceso político por haber publicado opiniones críticas en sitios digitales independientes, contra Somos Más.
Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, está bajo investigación, desde el 17 de marzo, debido a "usurpación de capacidad legal" por hacer entrevistas en la calle. Se le prohíbe viajar fuera del país y cuando intenta viajar a otras partes del país se le cita a la policía para impedirle el viaje. Además, su teléfono y el de sus principales colaboradores, su acceso a internet y su domicilio están vigilados. La Hora de Cuba es víctima de ciber-acoso desde blogs anónimos y cuentas de Facebook de funcionarios oficiales.
Además, existen decenas de personas que cumplen prisión –en condiciones higiénicas y alimenticias graves, con pésima atención médica y mezclados con presos comunes de los que reciben frecuentes agresiones- solo haberse expresado en medios. El caso más relevante es de Eduardo Cardet, del Movimiento Cristiano Liberación, detenido, juzgado y condenado luego de emitir opiniones tras la muerte de Fidel Castro.
En este período, además, los juicios y las amenazas de juicio afectaron a Karina Gálvez, Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Sol García Basulto, Jorge Bello, Manuel León y Henry Constantín.
Varios periodistas fueron impedidos de viajar al extranjero, entre ellos, Regina Coyula, Sol García Basulto, Maykel González Vivero, Yoandy Izquierdo, Anderlay Guerra, Raúl Velázquez, Roberto de Jesús Quiñones, Iván Hernández Carrillo, Abel Estrada y Henry Constantín.
Otros como Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Rolando Rodríguez Lobaina fueron requisados exhaustivamente en aeropuertos.
A muchos se les dictaron actas de emergencia: Iris Mariño, Sol García Basulto, Irina León, Lisandra Orraca, Iván García Quintero, Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Jorge Bello y Ramón Góngora).
Numerosos periodistas vieron confiscados sus herramientas de trabajo y borrados imágenes, audios y registros: Karina Gálvez, Martínez Jerez, Maykel González Vivero, Rolando Rodríguez Lobaina e Iván Hernández Carrillo.
Varios periodistas como Iris Mariño, Sol García Basulto, Serafín Morán, Maykel González Vivero, Mario Echevarría y Esteban Ajete denunciaron ser perseguidos en la vía pública.
También los familiares de varios periodistas como Iris Mariño, Sol García Basulto, Iván García Quintero, Rolando Rodríguez Lobaina y Henry Constantín fueron molestados por las autoridades.
Ante eventos públicos especiales, las autoridades prohibieron salir de sus viviendas y en algunos casos de sus provincias a los siguientes periodistas: Sol García Basulto, Karina Gálvez, Tania de la Torre, Santiago Márquez, Yordani Blanco, Roberto Moreno, Yuniel Blanco, Carlos Torres, Raúl Velázquez, Osniel Carmona y Henry Constantín).
Los periodistas Iris Mariño, Sol Basulto y Henry Constantin fueron espiados permanentemente, sufriendo casos de ciber-acoso a través de redes sociales y redes sociales anónimas.
Existen algunos hechos positivos.
La perseverancia de algunos proyectos comunicativos y periodistas que, no obstante haber sido especialmente agredidos, insisten en trabajar desde dentro de Cuba y sus provincias.
El envío de delegaciones europeas de alto nivel hasta provincias del interior del país, para que visitaran al equipo del proyecto Convivencia y a la sede de la revista La Hora de Cuba.
La extensión del acceso a internet a barrios en varias ciudades del país. Pese a los altos precios, por lo menos se rompió la hegemonía de que los únicos que podían acceder a internet eran aquellos en puestos de jerarquía en el gobierno.
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Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
A uno le negaron el Parole pero otra alta dirigente entró por CBPOne por “miedo al socialismo” (VIDEO)
Mientras a Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud le negaban el parole humanitario para entrar a Estados Unidos, su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se instalaba en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur, mediante la aplicación CBPOne en la que alegó “miedo al socialismo”, según conoció Martí Noticias.
Casañola Quintana fue presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2012 y 2018 y diputada al parlamento cubano. Antes, fue dirigente de la Federación oficialista de Mujeres Cubanas, jefa en la Unión de Jóvenes Comunistas y otras empresas estatales, e incluso llegó a graduarse en la Escuela Superior del Partido Ñico López con especialidad en Defensa Nacional.
Un reporte de la prensa local en 2018 da cuenta de su “liberación por petición propia” de sus cargos, debido a que permanecería “por un largo período de tiempo en el exterior, que la imposibilita cumplir las tareas asignadas”.
"Numerosos reconocimientos de organismos y organizaciones recibió, entre ellos la réplica del buque Pinero, atributo de mayor rango que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular", reseñó entonces el Periódico Victoria.
La ex dirigente no quiere hablar de su pasado comunista
Casañola Quintana, de 56 años, viajó a México con su hijo Fidel Alejandro Espinosa Casañola y durante meses esperaron su cita de CBPOne, la única vía legal para pedir asilo en la frontera estadounidense. Medios independientes habían reportado su presencia en México, pero aún así logró obtener su cita y entrar a Estados Unidos alegando “miedo al socialismo”, dijeron fuentes cercanas a la exfuncionaria, que fueron consultadas por Martí Noticias.
Mediante las citas programadas en CBPOne han entrado a Estados Unidos más de 500,000 inmigrantes, quienes alegan miedo a regresar a sus países por persecución y en teoría deben pelear un asilo en cortes norteamericanas.
Madre e hijo eliminaron sus perfiles de Facebook tras ser contactados por Martí Noticias para esta historia.
Un perfil a nombre de Casañola Quintana en la red social X fue muy activo en compartir propaganda favorable al régimen cubano hasta mayo de 2023.
Martí Noticias conversó telefónicamente con un familiar de Casañola Quintana, quien confirmó que ella entró a Estados Unidos por CBPOne y que no quiere hablar con la prensa sobre su pasado comunista.
Recientemente Martí Noticias reveló en exclusiva cómo le fue negada la entrada a Estados Unidos a Liván Fuentes Álvarez, quien trabajó mano a mano con Casañola Quintana, primero como vicepresidente de la Asamblea Municipal en Isla de Pinos y luego la sustituyó cuando ella decidió irse al extranjero.
Reacciones ante su llegada a Estados Unidos
“Ella iba por los pueblos pidiéndole a la gente que confiara en la revolución y el socialismo. Pedía mano dura contra las ilegalidades. Hablaba maravillas de Fidel, de Raúl y de Díaz-Canel y mira dónde está ahora. Todo el mundo está indignado en la Isla ¿Cómo pueden dejar entrar a Estados Unidos alguien así?”, dijo María Antonia Guerra desde la Isla de la Juventud.
El activista Ramón Salazar, reprimido por manifestarse el 11 de julio de 2021, dijo a Martí Noticias que es una “vergüenza” que se le permitiera la entrada a EEUU a alguien “con esas credenciales”.
“Queremos ponerle asunto a las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacerle llegar que esta señora, en el tiempo que estuvo como presidenta del Poder Popular, ordenó y participó en actos de repudio en contra de opositores y también es miembro del Partido Comunista de Cuba”, dijo.
“Pedimos que se analice su caso y sea devuelta a territorio cubano. Disfrutó de los beneficios de la dictadura y ahora también quiere hacerlo con Estados Unidos de Norteamérica”, insistió Salazar, quien preside el opositor Partido Autónomo Pinero.
¿Quién tiene derecho a pedir asilo?
Según el derecho estadounidense e internacional, cualquiera que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo, dijo el abogado Ángel Leal.
“Las leyes actuales permiten que cuando cientos de miles de personas cruzan la frontera estadounidense puedan buscar esa protección. Es la sección 208 del Código de Inmigración”, dijo Leal.
Para ganar un caso de asilo, el inmigrante debe demostrar persecución o temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
De acuerdo con fuentes cercanas a Casañola Quintana, las autoridades le entregaron un Formulario I-94, considerado un Registro de Entrada al país.
El Departamento de Seguridad Nacional expide este documento a los extranjeros que son admitidos, a los que están en proceso de ajusta su estatus en EEUU o a quienes extienden su estadía.
Con el Formulario I-94 podrá obtener un Parole que le permitirá acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, al año y un día de llegar a EEUU y hacer su camino a la residencia permanente.
“Su residencia y ajuste de estatus dependerá de si es admisible o no y hay un sinnúmero de motivos por la que la podrían descalificar, por ejemplo delitos contra la moral, fraudes migratorios o la pertenencia a un partido totalitario. En el caso de Cuba tanto la pertenencia a la Unión de Jóvenes Comunistas como el Partido Comunista podrían impedirle hacerse residente”, añadió Leal.
De acuerdo al abogado, quienes participaron en un partido político totalitario deben esperar al menos cinco años para obtener la residencia permanente y en el caso de la ciudadanía deberá demostrar al menos 10 años de no tener vínculos con este tipo de organizaciones.
Organizaciones religiosas piden a Biden cambios en relaciones con Cuba
Unos 20 grupos religiosos con sede en Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden la semana pasada instándolo a realizar cambios importantes en las relaciones bilaterales con Cuba, informó la publicación Baptist News Global.
Además, criticaron la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, opinando que esto es un factor importante en la crisis económica del país caribeño y que ha tenido un efecto en la capacidad de estas organizaciones religiosas de colaborar con grupos religiosos dentro de Cuba y de brindar ayuda humanitaria en la isla.
“Para nosotros es muy difícil mandar apoyo en forma de recursos financieros, en forma de apoyo para hacer proyectos allá en Cuba. No se puede hacer por medio de los bancos, porque Cuba está en esta lista. No se puede hacer por medio de Western Union. Es una situación muy difícil, entonces nosotros hemos tenido que llevar pocas cantidades de efectivo. En realidad, es la única manera de llevar apoyo y llevar asistencia a nuestros amigos”, declaró Jason Smith, Director Ejecutivo de Bautistas por la Paz, uno de los grupos que se unió a la misiva.
En entrevista con Martí Noticias, señaló que otra dificultad que enfrentan estos grupos de fe es que los pastores cubanos que colaboran con Bautistas por la Paz y otras organizaciones no pueden viajar a Estados Unidos para participar en conferencias.
“Estamos en colaboración con amigos en México, en Puerto Rico, hasta Uganda y la República de Georgia y en ninguna de esas situaciones está tan difícil como Cuba, que solo queda a 90 millas, a 150 kilómetros de los Estados Unidos”, opinó Smith.
Además de Bautistas por la Paz, la carta fue firmada por el Consejo Nacional de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, Pax Christi USA, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Metodista Unida, Comité Central Menonita de EE. UU., Comité de Amigos de la Legislación Nacional, Iglesia Evangélica Luterana en América e Iglesia de los Hermanos, la Alianza de Bautistas y Sociedades Misioneras Bautistas Americanas.
En la carta enviada a Biden también piden al presidente que tome medidas adicionales destinadas a aliviar la crisis económica en Cuba y opinan que el embargo contra el gobierno cubano es moralmente inaceptable y va en contra de los derechos humanos.
“No estamos en solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el gobierno de Cuba. Estamos en solidaridad con el pueblo cubano”, subrayó Smith.
Aunque La Habana insiste en que el embargo es la principal razón de la crisis económica, las importaciones desde Estados Unidos han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Sólo en alimentos y productos agrícolas, Cuba alcanzó en 2023 los 342.6 millones de dólares, según estadísticas del Departamento de Agricultura.
La Administración del presidente Biden ha señalado anteriormente que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana.
El 12 de enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo tras determinar “que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”.
Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según conoció Martí Noticias.
Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso, dice que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como País que No Coopera Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas.
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