América Latina
Maduro invoca a "la furia bolivariana"; temen cruzada contra la oposición con vista a las presidenciales
Expertos en derechos humanos prevén una nueva ola de detenciones arbitrarias y persecuciones a la disidencia en Venezuela. Comparan la “invocación” con otros planes represivos. Ya hay nuevas detenciones por un presunto plan conspirativo, según el chavismo.
El gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado a sus cuadros políticos, sociales y sindicales reaccionar ante un presunto plan golpista con la llamada “furia bolivariana”, un plan del chavismo que los expertos en derechos humanos asocian con persecuciones, detenciones arbitrarias y control social, en pleno inicio de un año electoral.
Días después de denunciar ante la Asamblea Nacional el desmantelamiento de hasta cuatro planes golpistas en su contra en 2023, Maduro llamó a la “máxima vigilancia” del alto mando militar para defender “la estabilidad” del país.
Prometió que los presuntos golpistas se enfrentarían a lo que llamó “la furia bolivariana de un pueblo que sabrá defender su democracia, su Constitución”.
Maduro usó ese término por primera vez en 2020 para referirse a medidas “drásticas, audaces y valientes” de su gobierno durante el primer año de la pandemia de COVID-19, entre las que mencionó el confinamiento forzado de pacientes positivos.
Entonces, especialistas en derechos humanos lo señalaron de copiar el modelo autoritario chino para ejercer control social y político, en momentos en el que, además, sus opositores denunciaban su usurpación del cargo de la presidencia.
Cuatro años después, Maduro vuelve a invocar “la furia bolivariana” como estrategia para defender al chavismo de lo que ha calificado como “un plan conspirativo”.
Plantea que civiles y militares habrían planificado en Colombia y Estados Unidos que un grupo de mercenarios” concretaran un “asalto” contra el gobernador del estado fronterizo de Táchira, Freddy Bernal, la madrugada del 1 de enero.
Luego, de acuerdo con su versión, ese grupo iría “en caravana” hasta Caracas para tratar de derrocarlo. El fiscal general y ex gobernador del chavismo, Tarek William Saab, anunció el lunes su solicitud de arrestos contra 14 personas por ese plan.
“Plan furia bolivariana frente al golpismo”, dijo Maduro a sindicalistas de la industria petrolera la semana pasada, durante una conversación telefónica con ellos que fue televisada. Les ordenó mantener “la guardia arriba” ante esas presuntas intentonas.
Política estatal de persecución
Marino Alvarado, activista de derechos humanos y directivo de la ONG venezolana Provea, dijo comprender el anuncio presidencial sobre la “furia bolivariana” como la “continuidad” de una política estatal de “persecución” contra la disidencia.
Alvarado comentó a la Voz de América que esa estrategia “abarca detenciones; perseguir para obligar al exilio a líderes políticos y sociales, e intimidar. Se trata de meterle miedo a la gente” para que no forme parte de ningún voluntariado de cara a las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año.
Carlos Lusverti, profesor de derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que la “furia bolivariana” provocó hace cuatro años amedrentamientos, “cuarentenas forzadas” y criminalización de contagiados de COVID-19.
Este año, dijo a la VOA, Maduro desempolva el término para sugerir “medidas de acoso” e “intentos de intimidación” contra protestas sociales, especialmente las emprendidas para demandar al gobierno mejores salarios y pagos de pensiones.
“La complejidad es definir si efectivamente tiene la forma de un plan o protocolo establecido para generar determinado tipo de acciones. Los comentarios de Maduro hacen suponer que sí, pero formalmente no se ha verbalizado como tal”, dijo.
Lusverti dijo interpretar las menciones a la “furia bolivariana” como “una invocación” a futuras acciones del Estado frente a expresiones de disidencia en su contra.
“Es un término interno de ellos”, dijo, y señaló que el chavismo activó los planes Guaicaipuro y Zamora para defender la continuidad del gobierno frente a las protestas de miles de manifestantes que exigían cambios en el poder, en 2014 y 2017.
“Estaríamos en una situación muy preocupante. Esos planes fueron utilizados para reprimir a la disidencia, perseguir, el uso excesivo de la fuerza, el uso de tribunales militares” para condenar penalmente a manifestantes y opositores, apuntó Lusverti.
Esas estrategias del Estado se tradujeron en "detenciones arbitrarias, muertes de decenas de personas, denuncias de torturas y tratos crueles" en el país, destacó.
Alvarado, por su parte, coincidió en que la “furia bolivariana” de este año buscaría “frenar la protesta social” en un momento donde, a su entender, el gobierno “no tiene ninguna voluntad” de mejorar salarios y pensiones o discutir convenciones colectivas.
Según el experto en derechos humanos, otro resultado sería que el gobierno de Maduro sume nuevos presos políticos para negociarlos como “fichas” de canje.
"Es un gobierno que aumenta el número de presos políticos para después negociar en Barbados. Es la política de la puerta giratoria” en los centros de detención, una tesis según la cual el Estado libera a algunos presos para detener a otros, aseguró Alvarado.
El fiscal Saab confirmó el arresto la semana pasada de Víctor Venegas, un profesor y sindicalista de 57 años, por presuntamente “estar involucrado en actividades contra la paz de la república” y querer convertir al estado de Barinas en epicentro de violencia.
Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos concretaron en diciembre un canje de detenidos en el marco de esas conversaciones directas, que incluyó al empresario colombiano Alex Saab y un grupo de estadounidenses encarcelados.
Los arrestos recientes son "una jugada política que demuestra la mala fe con que el gobierno está debatiendo en la mesa de negociación”, valoró Alvarado, por su lado.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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