Cuba
Human Rights Watch: Cuba continuó reprimiendo la libre expresión y el disenso en 2017
El gobierno cubano continuó reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública en 2017 y la cantidad de detenciones arbitrarias, aunque menor que el año anterior, se mantuvo alta, señala el apartado sobre Cuba del Informe Mundial 2018 de la organización.
El gobierno cubano continuó reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública en 2017, y aunque la cantidad de detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente inferior comparada con 2016, todavía fue alta, encabeza su apartado sobre Cuba la organización Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2018 publicado este jueves.
El reporte consigna que el gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos.
Destaca las detenciones arbitrarias de activistas opositores como las Damas de Blanco, Eliécer Avila y los miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos que protestaron el 26 de julio en la catedral de Santiago de Cuba, así como las de periodistas independientes como Henry Constantín y Sol García Basulto.
También toma nota del encarcelamiento, por ejercer sus derechos de libre expresión, de decenas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba, y del doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Destaca la sobrepoblación de las prisiones y la indefensión de los reclusos, que solo pueden acudir a huelgas de hambre para reclamar sus derechos.
El informe 2018 de Human Rights Watch también expone la situación de los derechos laborales en Cuba; la amplia discrecionalidad con que el gobierno está aplicando el derecho a viajar legalizado por la reforma migratoria del 2013; la frágil situación de los defensores de los derechos humanos; y también estudia el papel de actores internacionales clave como Estados Unidos, la Unión Europea, los países latinoamericanos y los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
A continuación, el texto completo en español:
Cuba
Eventos de 2017
El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente inferior que en 2016, pero igualmente alta, y hubo más de 3.700 señalamientos de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2017. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos.
En junio, el Presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que revertiría la política del gobierno anterior con respecto a Cuba, al restablecer las restricciones comerciales y de viajes que se habían relajado en 2015.
Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración
El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración aumentó de manera drástica entre 2010 y 2016, de un promedio mensual de 172 incidentes a 827, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organización de derechos humanos independiente que no cuenta con autorización oficial y la cual es considerada ilegal por el gobierno.
La cantidad de detenciones disminuyó significativamente en 2017, con 4.537 detenciones arbitrarias reportadas entre enero y octubre, lo cual supone una reducción del 50 % respecto del mismo período en 2016.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que luego los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.
A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Al igual que la Comisión Cubana de Derechos Humanos, la organización Damas de Blanco —fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos— no tiene autorización oficial y, por ende, es considerada ilegal por el gobierno. Policías o agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a sus miembros antes o después de asistir a la misa de domingo.
En abril, el activista político Eliécer Ávila del grupo Somos+ fue detenido dos veces en tres días por grabar y transmitir un mensaje de protesta, luego de que las autoridades confiscaran su computadora en el aeropuerto de La Habana. La primera detención se produjo el 6 de abril, cuando llegó de Colombia. Fue liberado la mañana siguiente y regresó al aeropuerto para reclamar su computadora. Al día siguiente, sus documentos y equipos electrónicos fueron confiscados y la policía lo detuvo en su domicilio, según transcendió en los medios de comunicación. Fue liberado ese mismo día bajo fianza.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. El gobierno bloquea sistemáticamente el acceso a estos sitios web dentro de Cuba y solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. En septiembre de 2017, Cuba anunció que ampliaría progresivamente el servicio domiciliario de Internet a todas las provincias del país.
Los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser objeto de campañas de desprestigio y detenciones arbitrarias. Lo mismo sucede a artistas y académicos que exigen mayores libertades. Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, fue detenido el 20 de febrero en el aeropuerto de Camagüey, junto con la periodista Sol García Basulto, una colega del medio La Hora de Cuba y corresponsal del sitio web de noticias independiente 14ymedio.
García Basulto fue liberada sin que se presentaran cargos en su contra. Constantín permaneció incomunicado cerca de 36 horas por haber presuntamente fomentado “propaganda enemiga”, sobre la base de información extraída de una computadora que había sido confiscada en una oportunidad en la cual fue detenido por un breve período, en noviembre de 2016. Aunque el cargo se retiró en febrero, en marzo ambos periodistas fueron acusados de ejercer el periodismo sin la correspondiente certificación, según trascendió en la prensa, y se les prohibió viajar al extranjero. Basulto quedó bajo arresto domiciliario el 24 de julio.
Los miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos José Carlos Girón Reyes, los hermanos Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró fueron detenidos el 26 de julio tras llevar a cabo una protesta pública en reclamo de “justicia, libertad y democracia”. Los activistas manifestaron haber sido golpeados mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades. El 2 de agosto, Girón fue puesto en libertad sin que se formularan cargos, y los otros tres quedaron encarcelados hasta el 18 de octubre.
Presos políticos
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó sobre decenas de presos políticos —incluidos 54 miembros del grupo Unión Patriótica de Cuba— hasta mayo de 2017. El gobierno no permite que las prisiones del país sean visitadas por organizaciones de derechos humanos independientes, las cuales creen que habría más presos políticos, y cuyos casos no pueden documentar.
Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les reconocen las garantías al debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial.
El Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado a tres años de prisión el 20 de marzo. Fue detenido en noviembre de 2016 luego de que, en entrevistas concedidas a medios internacionales, expresara críticas contra el expresidente Fidel Castro poco después de su muerte.
El activista Jorge Cervantes García, de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido en mayo presuntamente por “desacato” y “resistencia”, apenas semanas después de haber publicado en línea algunos videos que denunciaban maltratos en una cárcel cubana y corrupción entre las autoridades del país. Luego de una huelga de hambre de 39 días, fue trasladado a un establecimiento de máxima seguridad. Cervantes fue liberado en agosto luego de permanecer 85 días retenido.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Las reformas a las reglamentaciones sobre viajes que entraron en vigor en enero de 2013 eliminaron la necesidad de solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla. Anteriormente, las visas de salida se habían usado para negar el derecho a viajar a personas que tenían una postura crítica sobre el gobierno y a sus familiares. Desde entonces, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes.
Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Estas medidas han permitido que las autoridades impidan la salida de personas que expresan desacuerdo con el gobierno.
El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones.
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el gobierno impuso restricciones principalmente a personas que viajaban a países latinoamericanos para asistir a conferencias. En junio, la comisión registró la mayor cantidad de restricciones a la libertad de circulación en varios años: se impidió que al menos 29 personas viajaran al extranjero para asistir a conferencias internacionales y otros eventos.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron antiguos presos políticos ya liberados. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.
Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.
Derechos laborales
Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación, negociación colectiva, protección salarial y prohibición del trabajo forzado. Si bien, técnicamente, la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Defensores de derechos humanos
El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Es común que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.
En septiembre de 2016, la sede de Cubalex, una organización que desde hace seis años investiga violaciones de derechos humanos y brinda asesoría legal gratuita a activistas de libertad de expresión, inmigrantes y defensores de derechos humanos, fue allanada por la policía. Los policías confiscaron expedientes, obligaron a desnudarse y palparon a cuatro hombres y una mujer y detuvieron a dos abogados, uno de los cuales todavía permanecía detenido para el momento en que se redactó el presente informe.
Actores internacionales clave
Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas en 2015, luego que Estados Unidos relajara las restricciones a los viajes y al comercio impuestas décadas antes. Sin embargo, en junio de 2017, el Presidente Trump declaró que revertiría lo acordado por el anterior gobierno.
El gobierno de EE. UU. expulsó a 15 diplomáticos cubanos de la embajada en Washington en octubre, luego que diplomáticos estadounidenses ubicados en Cuba manifestaran padecer diversas enfermedades misteriosas. En noviembre, el gobierno de EE. UU. restableció las restricciones al derecho de los estadounidenses de viajar a Cuba y realizar negocios con empresas vinculadas con las fuerzas militares y de seguridad o los servicios de inteligencia cubanos. También votó contra una resolución de la ONU que condena el embargo estadounidense sobre Cuba, revirtiendo así la anterior abstención en 2016.
Por primera vez en años, Cuba aceptó que un investigador de las Naciones Unidas visitara la isla. En abril, la Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas visitó Cuba e instó a que se adoptaran nuevas leyes y medidas más enérgicas contra la trata.
El experto independiente de la ONU sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional también visitó Cuba en julio de 2017, e instó a Cuba a ratificar tratados internacionales fundamentales, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus Protocolos Facultativos.
Al Secretario General de la OEA Luis Almagro se le negó el ingreso a Cuba debido a que funcionarios cubanos consideraron que el motivo de su visita constituía “una provocación inaceptable”. Estaba previsto que Almagro recibiera un premio a la democracia que lleva el nombre del opositor Oswaldo Payá, ya difunto, entregado por la organización latinoamericana Jóvenes por la Democracia. El gobierno también negó visas a la exministra chilena Mariana Aylwin, al expresidente mexicano Felipe Calderón y a miembros de Jóvenes por la Democracia.
En mayo, la Unión Europea celebró su tercer diálogo de alto nivel sobre derechos humanos con Cuba. En julio, el Parlamento Europeo aprobó el primer acuerdo con Cuba para afianzar los lazos económicos y políticos y poner fin a la “Posición Común sobre Cuba”, adoptada por la UE en 1996, que supedita la plena cooperación económica de la UE con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos. Aunque el acuerdo entró en vigencia en forma provisoria en noviembre de 2017, al momento de redactar este informe todavía no había sido aplicado plenamente por los países miembros.
En octubre de 2016, Cuba fue reelegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2017-2019.
(Con informacion de Human Rights Watch)
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Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
A uno le negaron el Parole pero otra alta dirigente entró por CBPOne por “miedo al socialismo” (VIDEO)
Mientras a Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud le negaban el parole humanitario para entrar a Estados Unidos, su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se instalaba en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur, mediante la aplicación CBPOne en la que alegó “miedo al socialismo”, según conoció Martí Noticias.
Casañola Quintana fue presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2012 y 2018 y diputada al parlamento cubano. Antes, fue dirigente de la Federación oficialista de Mujeres Cubanas, jefa en la Unión de Jóvenes Comunistas y otras empresas estatales, e incluso llegó a graduarse en la Escuela Superior del Partido Ñico López con especialidad en Defensa Nacional.
Un reporte de la prensa local en 2018 da cuenta de su “liberación por petición propia” de sus cargos, debido a que permanecería “por un largo período de tiempo en el exterior, que la imposibilita cumplir las tareas asignadas”.
"Numerosos reconocimientos de organismos y organizaciones recibió, entre ellos la réplica del buque Pinero, atributo de mayor rango que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular", reseñó entonces el Periódico Victoria.
La ex dirigente no quiere hablar de su pasado comunista
Casañola Quintana, de 56 años, viajó a México con su hijo Fidel Alejandro Espinosa Casañola y durante meses esperaron su cita de CBPOne, la única vía legal para pedir asilo en la frontera estadounidense. Medios independientes habían reportado su presencia en México, pero aún así logró obtener su cita y entrar a Estados Unidos alegando “miedo al socialismo”, dijeron fuentes cercanas a la exfuncionaria, que fueron consultadas por Martí Noticias.
Mediante las citas programadas en CBPOne han entrado a Estados Unidos más de 500,000 inmigrantes, quienes alegan miedo a regresar a sus países por persecución y en teoría deben pelear un asilo en cortes norteamericanas.
Madre e hijo eliminaron sus perfiles de Facebook tras ser contactados por Martí Noticias para esta historia.
Un perfil a nombre de Casañola Quintana en la red social X fue muy activo en compartir propaganda favorable al régimen cubano hasta mayo de 2023.
Martí Noticias conversó telefónicamente con un familiar de Casañola Quintana, quien confirmó que ella entró a Estados Unidos por CBPOne y que no quiere hablar con la prensa sobre su pasado comunista.
Recientemente Martí Noticias reveló en exclusiva cómo le fue negada la entrada a Estados Unidos a Liván Fuentes Álvarez, quien trabajó mano a mano con Casañola Quintana, primero como vicepresidente de la Asamblea Municipal en Isla de Pinos y luego la sustituyó cuando ella decidió irse al extranjero.
Reacciones ante su llegada a Estados Unidos
“Ella iba por los pueblos pidiéndole a la gente que confiara en la revolución y el socialismo. Pedía mano dura contra las ilegalidades. Hablaba maravillas de Fidel, de Raúl y de Díaz-Canel y mira dónde está ahora. Todo el mundo está indignado en la Isla ¿Cómo pueden dejar entrar a Estados Unidos alguien así?”, dijo María Antonia Guerra desde la Isla de la Juventud.
El activista Ramón Salazar, reprimido por manifestarse el 11 de julio de 2021, dijo a Martí Noticias que es una “vergüenza” que se le permitiera la entrada a EEUU a alguien “con esas credenciales”.
“Queremos ponerle asunto a las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacerle llegar que esta señora, en el tiempo que estuvo como presidenta del Poder Popular, ordenó y participó en actos de repudio en contra de opositores y también es miembro del Partido Comunista de Cuba”, dijo.
“Pedimos que se analice su caso y sea devuelta a territorio cubano. Disfrutó de los beneficios de la dictadura y ahora también quiere hacerlo con Estados Unidos de Norteamérica”, insistió Salazar, quien preside el opositor Partido Autónomo Pinero.
¿Quién tiene derecho a pedir asilo?
Según el derecho estadounidense e internacional, cualquiera que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo, dijo el abogado Ángel Leal.
“Las leyes actuales permiten que cuando cientos de miles de personas cruzan la frontera estadounidense puedan buscar esa protección. Es la sección 208 del Código de Inmigración”, dijo Leal.
Para ganar un caso de asilo, el inmigrante debe demostrar persecución o temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
De acuerdo con fuentes cercanas a Casañola Quintana, las autoridades le entregaron un Formulario I-94, considerado un Registro de Entrada al país.
El Departamento de Seguridad Nacional expide este documento a los extranjeros que son admitidos, a los que están en proceso de ajusta su estatus en EEUU o a quienes extienden su estadía.
Con el Formulario I-94 podrá obtener un Parole que le permitirá acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, al año y un día de llegar a EEUU y hacer su camino a la residencia permanente.
“Su residencia y ajuste de estatus dependerá de si es admisible o no y hay un sinnúmero de motivos por la que la podrían descalificar, por ejemplo delitos contra la moral, fraudes migratorios o la pertenencia a un partido totalitario. En el caso de Cuba tanto la pertenencia a la Unión de Jóvenes Comunistas como el Partido Comunista podrían impedirle hacerse residente”, añadió Leal.
De acuerdo al abogado, quienes participaron en un partido político totalitario deben esperar al menos cinco años para obtener la residencia permanente y en el caso de la ciudadanía deberá demostrar al menos 10 años de no tener vínculos con este tipo de organizaciones.
Organizaciones religiosas piden a Biden cambios en relaciones con Cuba
Unos 20 grupos religiosos con sede en Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden la semana pasada instándolo a realizar cambios importantes en las relaciones bilaterales con Cuba, informó la publicación Baptist News Global.
Además, criticaron la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, opinando que esto es un factor importante en la crisis económica del país caribeño y que ha tenido un efecto en la capacidad de estas organizaciones religiosas de colaborar con grupos religiosos dentro de Cuba y de brindar ayuda humanitaria en la isla.
“Para nosotros es muy difícil mandar apoyo en forma de recursos financieros, en forma de apoyo para hacer proyectos allá en Cuba. No se puede hacer por medio de los bancos, porque Cuba está en esta lista. No se puede hacer por medio de Western Union. Es una situación muy difícil, entonces nosotros hemos tenido que llevar pocas cantidades de efectivo. En realidad, es la única manera de llevar apoyo y llevar asistencia a nuestros amigos”, declaró Jason Smith, Director Ejecutivo de Bautistas por la Paz, uno de los grupos que se unió a la misiva.
En entrevista con Martí Noticias, señaló que otra dificultad que enfrentan estos grupos de fe es que los pastores cubanos que colaboran con Bautistas por la Paz y otras organizaciones no pueden viajar a Estados Unidos para participar en conferencias.
“Estamos en colaboración con amigos en México, en Puerto Rico, hasta Uganda y la República de Georgia y en ninguna de esas situaciones está tan difícil como Cuba, que solo queda a 90 millas, a 150 kilómetros de los Estados Unidos”, opinó Smith.
Además de Bautistas por la Paz, la carta fue firmada por el Consejo Nacional de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, Pax Christi USA, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Metodista Unida, Comité Central Menonita de EE. UU., Comité de Amigos de la Legislación Nacional, Iglesia Evangélica Luterana en América e Iglesia de los Hermanos, la Alianza de Bautistas y Sociedades Misioneras Bautistas Americanas.
En la carta enviada a Biden también piden al presidente que tome medidas adicionales destinadas a aliviar la crisis económica en Cuba y opinan que el embargo contra el gobierno cubano es moralmente inaceptable y va en contra de los derechos humanos.
“No estamos en solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el gobierno de Cuba. Estamos en solidaridad con el pueblo cubano”, subrayó Smith.
Aunque La Habana insiste en que el embargo es la principal razón de la crisis económica, las importaciones desde Estados Unidos han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Sólo en alimentos y productos agrícolas, Cuba alcanzó en 2023 los 342.6 millones de dólares, según estadísticas del Departamento de Agricultura.
La Administración del presidente Biden ha señalado anteriormente que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana.
El 12 de enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo tras determinar “que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”.
Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según conoció Martí Noticias.
Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso, dice que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como País que No Coopera Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas.
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