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Derechos Humanos

Recuento trimestral de las violaciones a los DDHH en Cuba

Operativo policial en Lawton, La Habana, frente a la sede de las Damas de Blanco. (Foto: @jangelmoya)
Operativo policial en Lawton, La Habana, frente a la sede de las Damas de Blanco. (Foto: @jangelmoya)

El Centro Cubano de Derechos Humanos presentó este 10 de abril el Informe sobre Derechos Humanos del Primer Trimestre del 2020. El documento ha sido reproducido por varios organizaciones y entidades del exilio cubano, incluida la Fundación Nacional Cubano Americana.

La introducción del documento, a cargo de la economista y ex presa política Martha Beatriz Roque Cabello, quien supervisa el trabajo del centro y destaca las dificultades para la realización del mismo, por la pandemia, que afecta también a la isla.

En el informe se destaca que en la isla hay 12 presos por delitos contra la Seguridad del Estado que cumplen cadena perpetua y que "algunos de esos presos han estado tras las rejas desde el siglo pasado y los mismos no tienen derecho a ninguna de las posibilidades de libertad de cualquier otro tipo de preso y entre ellos hay dos mujeres".

Se señala en el docimento que en el mes de febrero comenzó una arremetida contra los disidentes que hacen periodismo independiente y escriben en las diferentes aplicaciones de las redes sociales.

Se agrega que como primera medida contra los periodistas les incautan los teléfonos y les ponen una multa de 3 000 cup por el Decreto Ley 370, sobre las comunicaciones, que no es más que una variante de la Ley Mordaza.

Asegura el informe que en los meses de enero y febrero, las Damas de Blanco no tuvieron actividad, debido a la situación de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz, la que finalmente pudo salir del país para ser ingresada en un hospital en Estados Unidos de América. En marzo volvieron a tener actividad los tres primeros domingos, pero producto de la pandemia cancelaron su salida a Misa.

Sobre estos pasados tres meses, se afirma que "se ha caracterizado por el incumplimiento de las leyes que la propia dictadura promulga". Como ejemplo presentaron que en el mes de enero no dejaban salir de sus residencias a los que el régimen considera disidentes. En ese caso cambiaban la técnica anterior que consistía en poner "chequeos por horas, después fue por días y se convirtió en prisión domiciliaria".

En febrero se pudo observar que el número de hombres hostigados duplica a las mujeres y de forma desafortunada en el mes de marzo no se tuvo acceso a la información del oriente del país, lo que hizo que se redujera el número de personas bajo hostigamiento.

Se hace énfasis la "constante vigilancia con un cerco policial de la Sede de las Damas de Blanco y la casa del disidente del Grupo de los 75, Iván Hernández Carrillo" y destacan que la "la forma principal de hostigamiento que están usando es la citación a diferentes lugares, sin cumplir con lo establecido", como el no hacerlo con 72 horas de anticipación, como estipulan las regulaciones.

En el caso de que el opositor citano no acuda a la cita, se le imponen una multa que debe pagar antes de reclamar.

La información de los regulados, cita el informe, llega a través del Instituto Patmos, quien mantiene una lista desde enero de 2019, acumulando las personas que se les ha negado la salida del país.

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"El Estado debe abstenerse de reprimir a las personas", dice el relator de la CIDH sobre protesta en Cienfuegos

En la noche del pasado 28 de mayo vecinos de Juraguá, una localidad ubicada en la abandonada Central Nuclear de la provincia de Cienfuegos, salieron a las calles a protestar
En la noche del pasado 28 de mayo vecinos de Juraguá, una localidad ubicada en la abandonada Central Nuclear de la provincia de Cienfuegos, salieron a las calles a protestar
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"El Estado debe abstenerse de reprimir a las personas que se expresan públicamente, y respetar y garantizar la libertad de expresión", comentó este miércoles en la red social X, Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Vaca dijo que había recibido con "preocupación" los reportes sobre "agresiones a manifestantes en Cuba, quienes se expresaban en contra de cortes de energía en Cienfuegos".

En la noche del pasado 28 de mayo vecinos de Juraguá, una localidad ubicada en la abandonada Central Nuclear de la provincia de Cienfuegos, salieron a las calles a protestar por los constantes cortes de energía.

Según el grupo de trabajo Justicia 11J, se produjeron detenciones arbitrarias de al menos seis personas, y se reportaron agresiones a los manifestantes.

"La ciudad nuclear es una de las comunidades más marginadas de Cienfuegos. Tras la cancelación de los planes de Fidel Castro de erigir la central atómica con subvenciones soviéticas, cayó en el abandono. Sus pobladores marcharon pacíficamente. Fueron desplegados agentes del Estado para frenar la protesta de decenas de ciudadanos, incluida la Brigada Especial del Ministerio del Interior (MININT), una fuerza élite conocida como boinas negras, respuesta que consideramos desproporcionada", recoge el comunicado de la organización.

"Imágenes muestran un arresto que fue repudiado por la comunidad. Pero fuentes en el lugar hablaron de la detención de al menos 6 manifestantes. No ha sido posible identificarlos", agregaron.

El grupo, que pidió ayuda para identificar a las personas que fueron arrestadas en Juraguá, dijo que habían recibido "reportes de un cacerolazo de protesta en el barrio de Reina, cerca del parque José Martí, en la ciudad de Cienfuegos, y una manifestación en el reparto Tulipán".

Vecinos de la localidad, que conversaron ayer con Martí Noticias, confirmaron también el fuerte despliegue policial, que se extendió durante todo el jueves.

Hasta la fecha, organizaciones independientes han contabilizado casi un centenar de protestas en Cuba.

"Reiteramos nuestro llamado a organizaciones internacionales de derechos humanos y delegaciones diplomáticas de la Unión Europea a que den seguimiento a la situación Cuba y pidan al Estado que cese la criminalización de quienes protestan", solicitó el grupo Justicia 11J.

Las autoridades del régimen de La Habana han reconocido públicamente que los apagones constituyen una de las causas fundamentales de las protestas en el país pero también han dicho que no tienen una solución a corto o mediano plazo para resolver los problemas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Info Martí | Protestas en La Ciudad Nuclear en Cienfuegos
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"Nosotros estamos conscientes que la electricidad es la chispa de cualquier estallido… Para que haya un incendio tienen que coincidir tres factores: tiene que haber combustible, tiene que haber oxígeno y tiene que haber una chispa", aseguró el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, durante su intervención en el programa inaugural del gobernante Miguel Díaz-Canel

"El combustible y el oxígeno estaban ahí: en la falta de alimento, en el transporte, en la falta de combustible… Pero si no hay la chispa, no se enciende. (…) La electricidad siempre ha sido el detonante de cualquier protesta", agregó.

Detenciones y multas en aniversario del Movimiento Opositores por una Nueva República

Activistas del MONR en una protesta en diciembre del 2017. (Redes Sociales).
Activistas del MONR en una protesta en diciembre del 2017. (Redes Sociales).

Este sábado, las autoridades arrestaron y mantuvieron bajo vigilancia a varios integrantes del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), en Guanabacoa, La Habana, en el 22 aniversario de la organización.

Dieciocho activistas estuvieron bajo vigilancia de la policía y la Seguridad del Estado, denunció la organización no gubernamental, Cubalex.

Ramón Rodríguez Gamboa, Jorge Luis López Cabrera y Luis Jesús Gutiérrez Campos fueron detenidos al salir de la sede del Movimiento, y amenazados y llevados a la cuarta unidad de la PNR en Guanabacoa, donde fueron multados con 150 pesos por supuestamente violar un dispositivo de seguridad.

Cubalex también dio a conocer este domingo que Gutiérrez Campos, de 71 años de edad, seguía detenido.

Otro activista, Lázaro Antonio Pérez González, fue detenido por varias horas en la unidad de la PNR en Aguilera.

Noel Díaz Matos, Julio Ortiz Matos, Elizabeth León Martínez e Idalmi Salazar también fueron detenidos en Guanabacoa y puestos en libertad poco después, denunció Cubalex.

Entretanto, otros integrantes del Movimiento están bajo vigilancia en la sede de la organización. Entre ellos, Maritza Concepción Sarmiento, el vicepresidente del grupo Mario Alberto Hernández Leyva, Lázaro Cárdenas Hernández, Arquímides Torres López, Alfredo Sabate Alcalde, Yusleidy Valero Concepción y Evelin Pineda Concepción.

El pasado día 13, Mario Alberto Hernández Leyva fue detenido y multado. Posteriormente las autoridades lo dejaron en libertad en un lugar remoto de Artemisa.

Hernández dijo a Radio Martí al día siguiente que le impusieron una multa de 100 pesos por "violar el dispositivo de seguridad".

“Fundada el 25 de mayo de 2002, con el objetivo de promover el activismo en las calles, MONR se enfoca en ofrecer programas educativos en los que se les informa a las personas sobre los derechos que tienen y no reclaman”, ha señalado la organización en redes sociales.

La coalición opositora cubana D Frente anuncia su primera convención

Conformada por 14 organizaciones y 120 integrantes individuales, D Frente anunció la celebración de su primera convención / Imagen de archivo (AP)
Conformada por 14 organizaciones y 120 integrantes individuales, D Frente anunció la celebración de su primera convención / Imagen de archivo (AP)

La coalición opositora cubana D Frente, conformada por 14 organizaciones y 120 integrantes individuales, anunció la celebración de su primera convención “Sociedad civil e Institucionalidad Democrática”.

“Hemos preparado una fase de profundización del trabajo para avanzar con mucha más cohesión, consistencia, sobre todo institucional y coherencia hacia el desafío mayor que es el de la democratización de Cuba”, indicó a Martí Noticias el politólogo habanero Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes de la plataforma cívica.

“Creemos que debemos afinar, ajustar y al mismo tiempo preparar, en mejores circunstancias, las ideas fundamentales que deben impulsar el trabajo en un momento en que la sociedad cubana está abierta profundamente al cambio”, agregó.

Cuesta Morúa subrayó que el desafío para la coalición no es solo el cambio democrático, “sino cómo facilitar que ese cambio sea inclusivo, pacífico, contenga todas las demandas básicas que tiene la sociedad cubana y que al mismo tiempo fortalezca la democracia al interior de la sociedad civil”.

El encuentro se celebrará en forma presencial y virtual, y podrán asistir medios de prensa, instituciones y público en general.

“D Frente nació con el objetivo de crear una plataforma ciudadana con voluntad de diálogo, que tuviera además la capacidad de cohesionar a distintos actores de la sociedad civil en aras de trabajar juntos para lograr un camino cívico hacia la democracia en Cuba. Su fortaleza deriva de la pluralidad y su capacidad de consenso en esta fase actual, fase clara de crecimiento”, señaló desde Madrid, Elena Larrinaga, presidenta de la alianza de organizaciones cubanas.

“Estamos profundizando en la institucionalidad para proyectar la importancia de esta para construir y consolidar el futuro democrático para Cuba”, apuntó.

En un comunicado, la concertación informó sobre una reforma de su organigrama y la creación de ocho equipos de trabajo formados por opositores que residen dentro y fuera del país, Marthadela Tamayo, Elsa Litsy Reyes, Mauricio de Miranda y Julio Antonio Fernández Estrada, entre otros.

En este sentido, Larrinaga resaltó que se están impulsando grupos en distintas áreas y temas políticos internacionales, sociales, económicos, legales y constitucionales.

De igual modo la plataforma pretende integrar temas de género e identidad, de comunidad, de derechos humanos y ciudadanía, además de la reconciliación nacional y la memoria histórica.

“Todo ello está a cargo de académicos y profesionales que conocen la temática y son personas de reconocido prestigio”, precisó la directiva.

D Frente nació en 2022 para aglutinar grupos e individuos del espectro político opositor.

CIDH adopta medidas cautelares a favor del preso político Daniel Moreno de la Peña y de la abogada Marienys Pavó

Daniel Moreno de la Peña. (Facebook/Evelyn Suñe)
Daniel Moreno de la Peña. (Facebook/Evelyn Suñe)
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Daniel Moreno de la Peña, quien atraviesa “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

Moreno de la Peña, encarcelado sin juicio desde enero de 2023, ha llevado a cabo varias huelgas de hambre y denunciado las continuas transgresiones del personal de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, a los derechos de los presos.

En el mes de marzo, “guardias del penal le dieron golpes adentro, y varios presos juntos intentaron ‘encuadrillarlo’ para violarlo”, relató a Martí Noticias Evelyn Suñe, la esposa.

Cuando Moreno trató de defenderse de los reclusos que lo acorralaban con el presunto propósito de violarlo, los guardias del penal le propinaron porrazos y bastonazos que dejaron marcas visibles en su cuerpo.

La CIDH, organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), concluyó que los actos de los funcionarios de la prisión y su complicidad con los reclusos que intentaron agredir al preso político “tendrían como objetivo que se auto incriminara o incriminara a otros por delitos contra la seguridad del Estado”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró “de especial seriedad los alegatos de connivencia entre los agresores del beneficiario y los agentes penitenciarios, sumada a la falta de atención médica adecuada”.

Moreno es diabético y está internado en un destacamento para reos con desnutrición severa. Ha perdido casi la mitad de su peso al entrar a prisión.

El opositor está bajo un proceso penal acusado de "Actos contra la seguridad del Estado" e "Instigación a delinquir", por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado "X Cuba", y también por exhortar a los cubanos en redes sociales a levantarse contra el régimen cubano.

“Daniel va a cumplir 17 meses en prisión y no tiene ni petición fiscal. El abogado dice que no tiene acceso al expediente porque lo tienen ‘bajo secretismo’”, indicó Suñe.

La resolución adoptada por la CIDH alega que la situación de desprotección de Moreno de la Peña “se ve acentuada por las acciones que toman los agentes responsables de su seguridad para ponerlo en riesgo”.

Desde el 25 de diciembre de 2023, Suñe no puede ver a su marido. Los mandos de la cárcel de Boniato prohibieron su entrada al recinto penitenciario valiéndose del pretexto de que no están casados legalmente.

Moreno de la Peña fue detenido el 10 de enero de 2023 en Santiago de Cuba y estuvo casi un mes en el centro de detención Versalles, el cuartel de la Seguridad del Estado de la provincia santiaguera. Luego fue trasladado a Villa Marista, en La Habana, como se conoce la sede nacional del órgano represivo.

En abril lo ubicaron en la cárcel Combinado del Este y posteriormente lo trasladaron a Boniato.

Tras analizar los fundamentos presentados en defensa, la Comisión decidió solicitar al gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del preso, que asegure que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

También este 15 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas cautelares a la abogada Marienys Pavó Oñate, esposa del abogado independiente Julio Ferrer, quien vive en Estados Unidos desde hace unos meses.

Pavó Oñate cumplió seis años y tres meses de prisión por "tráfico de influencias", delito por el que la condenaron a ocho años en un juicio denunciado como fraudulento por su esposo.

Al salir de la cárcel, declaró que su encarcelamiento fue en represalia contra su esposo por su trabajo en la independiente Asociación Jurídica Cubana (AJC). Ferrer reaccionó por la vía legal ante el proceso contra su esposa hasta llevar a juicio a la ministra de Justicia de entonces, María Ester Reus.

En los últimos meses, Pavó Oñate, residente de La Habana, ha sido víctima de interrogatorios, represión y coacción psicológica y emocional, tras la salida del país de su pareja.

“La situación de la beneficiaria se inserta en el contexto de agudización de la represión de la disidencia en Cuba y que ella sería objeto de seguimientos por parte de agentes estatales, quienes no solo tendrían pleno conocimiento de su centro de labores, sino también de su horario de trabajo y oficina particular”, precisó la CIDH.

“El día 26 de febrero [fecha en que salió de Cuba su esposo] empezaron oficiales de la Seguridad del Estado a visitarme en el trabajo, a llamarme por teléfono, a hacerme esas amenazas que incluso son hasta absurdas o veladas para atemorizar como ¿cuál es la escuela de los niños?”, señaló Pavón Oñate a nuestra redacción.

La entidad de la OEA reseñó que los agentes estatales trataron de obtener información sobre Julio Ferrer, y buscar que no retorne a Cuba.

La CIDH requirió a las autoridades cubanas que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la abogada.

Asimismo, pidió a La Habana entregar información sobre las personas responsables de amenazar y hostigar a la jurista independiente y sobre las acciones implementadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.

Madre cubana recibe amenazas de la policía por sus publicaciones en redes sociales

Raiza Velázquez (Tomada de Facebook)
Raiza Velázquez (Tomada de Facebook)
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Agentes de la Policía amenazaron con llevar a la cárcel a Raiza Velázquez, una madre cubana crítica del régimen que se niega a enviar a su hijo al Servicio Militar, por sus publicaciones en redes sociales.

La mujer fue trasladada a la unidad de Alamar, al este de La Habana, luego de que no asistiera a las citaciones que de manera informal le entregaron los agentes de la Seguridad del Estado días antes.

"Vinieron a mi casa... el jefe de Sector con otro policía y una instructora vestida de civil en una patrulla”, explicó.

Durante el interrogatorio le dijeron que si volvía a negarse a acudir a las citaciones, aunque estas fueran informales, "me iban a poner una multa de 10.000 pesos”.

Raiza Velázquez habla con Martí Noticias
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A Velázquez la amenazaron por cuestionar a las autoridades en redes sociales.

"Me dijeron que me esté tranquila y que no publicara más, que eso es un delito y que me pueden meter presa... y que si sigo, no van a hablar más conmigo".

En julio de 2019 entró en vigor el Decreto-Ley 370 "Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba", empleado para juzgar a personas que expresen en redes sociales informaciones contrarias al régimen.

Uno de los artículos más polémicos es el 68, inciso i) según el cual está prohibido "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

Periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil han sido amenazado y juzgados por ello desde entonces.

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