Cuba
Cuba: 60 años sin derechos humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplió este año el 70 aniversario de su creación. Cuba, que fue uno de los países inspiradores de ese texto, tiene todavía por delante un largo trecho que andar en el cumplimiento de esa tarea.
Siete décadas después que los delegados de 56 gobiernos aprobaron en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus postulados son todavía una quimera en un buen número de países.
La Declaración que surgió ese 10 de diciembre de 1948 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), tras años de un arduo estudio, múltiples reuniones, debates, decenas de borradores y enmiendas.
En ocasión de este 70 aniversario la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, destacó en una declaración que desde su aprobación, la Declaración “ha servido de base a innumerables transformaciones positivas en la vida de millones de personas en el mundo entero y ha influido en unas 90 Constituciones nacionales y numerosas leyes e instituciones nacionales, regionales e internacionales”.
“Pero, 70 años después de su aprobación, la tarea a la que la Declaración Universal de Derechos Humanos nos convoca está lejos de haber terminado. Y nunca concluirá”, concluyó Bachelet.
En el ámbito internacional de derechos humanos Cuba tiene tres compromisos pendientes con Naciones Unidas:
Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos firmados el 28 de febrero de 2008.
Tampoco ha firmado la Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ni el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, la dictadura comunista cubana no es signataria del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Que fue adoptado en la capital italiana, el 17 de julio de 1998, durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional".
En su más reciente informe 2017/2018 sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, Amnistía Internacional describe así la realidad que la dictadura comunista ha impuesto a los cubanos.
“La detención arbitraria, los despidos discriminatorios de empleados y empleadas estatales y el hostigamiento de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia seguían empleándose para silenciar las críticas. La censura persistente tanto en Internet como fuera de la Red debilitaba los avances en materia de educación. Cuba continuaba básicamente cerrada para los mecanismos independientes de observación de los derechos humanos”, afirmó AI.
El informe de AI es uno de varios documentos sobre el tema en relación con Cuba elaborados a lo largo de 2018 por organizaciones internacionales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros, donde se reiteran las denuncias a las violaciones de los derechos por régimen comunista cubano.
Organizaciones no gubernamentales que monitorean la situación de los derechos humanos en Cuba, dan cuenta cada mes de los arrestos con marcados motivos políticos y las actos represivos que enfrentan los opositores en la isla.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), con sede en La Habana, difunde en su sitio web el trabajo de monitoreo que realizan sus activistas dentro de Cuba.
En su último informe correspondiente al pasado mes de noviembre la CCDHRN reporta 247 detenciones por motivos netamente políticos, una cifra superior a la registrada en el mes de octubre, de 202 arrestos.
La CCDHRN dice tener "certeza de que son muchos más los casos de arrestos u otras formas de hostigamiento que no pueden conocerse de inmediato debido a la opacidad con que actúan las fuerza represivas y al carácter cerrado del régimen totalitario".
Un monitoreo similar, utilizando sus fuentes en la isla, realiza desde Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que reportó al menos 210 detenciones arbitrarias realizadas en el mes de noviembre.
"Los arrestos impidieron la asistencia a reuniones convocadas por el propio gobierno sobre la reforma constitucional. Además, pretendían silenciar la libre expresión de personas que exhortaban a votar “no” en el próximo referéndum (sobre la Constitución). También fueron reprimidos, con detenciones incluidas, los intentos de (promover el “no” en algunas iglesias cristianas", dijo el OCDH en su sitio web.
Desde Miami, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) promueve y ofrece asistencia en materia de derechos humanos a los cubanos dentro y fuera de la isla.
A raíz del conflicto con los médicos cubanos que trabajaban en Brasil, la FDHC reveló que desde el pasado año ha investigado y recopilado "evidencias sobre la Trata y Tráfico de Personas por parte del gobierno cubano con el Programa Más Médicos (Mais Médicos). Dicha práctica expresa una modalidad moderna de esclavitud en la que miles de ciudadanos cubanos vienen siendo "exportados" por el régimen con la complicidad de otros gobiernos y organizaciones internacionales".
En una nota de prensa publicada en su sitio web la FDHC informó que ha otorgado "desde hace diez meses, apoyo legal a aquellas víctimas que decidieron reclamar una compensación denunciando ante los tribunales a los autores, cómplices, encubridores y facilitadores de este crimen internacional".
Un gran número de grupos de opositores, con mayor o menor capacidad organizativa, participan igualmente dentro y fuera de Cuba en el monitoreo y defensa de los derechos humanos en la isla, y en muchas ocasiones sus líneas de acción se mezclan entre la militancia política y el activismo cívico. Pero un recuento exhaustivo de cada uno de ellos, superaría los límites de este reportaje.
En la larga contienda sostenida por los cubanos durante 60 años contra la dictadura comunista, el movimiento de derechos humanos ocupa un lugar relevante y de características únicas.
Los orígenes del movimiento de derechos humanos en Cuba
La creación de organizaciones cívicas y no violentas, como método de lucha, no tiene antecedentes en la historia de Cuba durante el período republicano precastrista, ni mucho menos tampoco durante el de la colonia y las guerras independentistas.
El referente histórico de ese proceso en la isla hay que buscarlo en movimientos similares originados en los países de la Europa Oriental, dominados entonces por el comunismo soviético, así como en la propia Unión Soviética.
Fue dentro de este contexto que se comenzó a incubarse el Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH), que cumplirá por estos días 42 años de existencia, durante los cuales el movimiento disidente ha recorrido un inédito y complejo camino de logros y fracasos, pero siempre hacia adelante en el proceso de democratización del país.
El CCPDH se fundó formalmente el 28 de enero de 1976. Sus organizadores quisieron que la fecha coincidiera con el aniversario del natalicio de José Martí.
El grupo se creó bajo la dirección de Ricardo Bofill Pagés y un reducido grupo de colaboradores, ex presos políticos, todos procedentes de las filas del antiguo Partido Socialista Popular (Comunista), -Adolfo Rivero Caro, Elizardo Sánchez Santacruz, Edmigio López Castillo y Enrique Hernández Méndez --, quienes buscaron y encontraron el respaldo de una respetada figura revolucionaria de la época para su audaz proyecto: Marta Frayde.
Obstetra de profesión, Frayde fue una incansable activista por el adecentamiento de la república, amiga personal de Castro, y fungió como embajadora de Cuba ante la UNESCO en París hasta que renunció al cargo y regresó a La Habana, alarmada por la creciente represión política de la revolución devenida en dictadura marxista-leninista.
De aquella reunión formal, en su casa del reparto habanero de El Vedado, surgió el primer comunicado de prensa del CCPDH, que la propia Frayde entregaría a varias sedes diplomáticas y que se encuentra en los archivos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Meses después Frayde fue arrestada y condenada a 20 años de cárcel, acusada de ser agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Salió al exilio en España en 1979.
Hace una década, al conmemorarse el 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Bofill reflexionaba así sobre el tema, durante un taller celebrado en la Universidad Internacional de la Florida.
La institucionalización del CCPDH en 1976 no fue un acto improvisado, ni el resultado de una decisión entusiasta. Había sido la culminación de un proceso iniciado en 1967 en las cárceles, cuando Bofill y López cumplían condenas bajo cargos de ''diversionismo ideológico'' en una causa conocida como La Microfracción, en la cual fueron involucrados varios antiguos militantes de la Juventud y el Partido Socialista Popular.
Durante ese período en la prisión, la colaboración del abogado Aramís Taboada resultó de trascendental importancia. Compañero de la época estudiantil de Castro, Taboada estaba preso junto con un grupo de jueces y altos funcionarios del poder judicial bajo supuestos cargos de corrupción y facilitó a la CCPDH importantes datos sobre juicios políticos fraudulentos, que los activistas hicieron llegar a Naciones Unidas en Ginebra.
La creación del CCPDH abrió una nueva etapa en la lucha contra el castrismo. Los movimientos subversivos internos habían sido liquidados por el régimen y la opción cívica, abierta, en favor de los derechos humanos que planteaban sus partidarios, parecía cuando menos una utopía.
El movimiento de derechos humanos, que nacía con el CCPDH, descorrió la cortina de silencio y anonimato en que había quedado sumida la oposición anticastrista.
Incluso el propio régimen se tuvo que enfrentar a un discurso y una acción opositora muy diferente a la que había combatido hasta entonces. En ese sentido fue un reto para todos los sectores implicados en la política nacional.
Cuando en abril de 1980 se producen los sucesos de la Embajada del Perú y el consiguiente Exodo de El Mariel, el régimen encarcela de nuevo a Bofill y López, así como a Rivero y Sánchez, bajo diversos pretextos, relacionados con el cargo común de ``conductas antisociales''.
Es precisamente, en ese período de dos años, dentro de la prisión del Combinado del Este en La Habana, cuando el CCPDH se fortalece. Se organiza mejor dentro de la prisión, establecen contactos con otros disidentes en las calles y se establecen canales secretos para enviar denuncias y comunicados que llegan a los medios de prensa en el exterior y a organismos como Amnistía Internacional.
En el Combinado del Este se amplían también los contactos entre estos activistas de derechos humanos y varios integrantes del denominado presidio político histórico, entre ellos el ex comandante rebelde Ramón Guin Díaz, Alfredo Mustelier Nuevo, Ernesto Díaz Rodríguez y el ex combatiente del Moncada y expedicionario del Granma, Mario Chánes de Armas.
Otras figuras más jóvenes encarceladas en el Combinado, procedentes también de la nueva disidencia, se incorporan al CCPDH, como es el caso de Ariel Hidalgo, quien jugó un importante papel en la consolidación del movimiento de derechos humanos.
Fue durante esa etapa cuando el CCPDH se nutrió con figuras políticas, intelectuales y simpatizantes de otras corrientes opositoras del país, como Gustavo y Sebastián Arcos Bergnes, Jesús Yánez Pelletier, Oscar Peña, Tania Díaz Castro, Samuel Martínez Lara, Reinaldo Bragado, Roberto Bermúdez, Rolando Cartaya, Hiram Abí Cobas y Pablo Llabre Laurel, entre otros, al mismo tiempo que comenzaron a constituirse comités de apoyo en el exterior.
Entre los varios factores que contribuyeron a ese fortalecimiento está la creación de Radio Martí en 1985, la emisora oficial del gobierno estadounidense con una programación destinada a Cuba.
En un régimen donde la voz de la oposición no había tenido hasta entonces resonancia nacional, los activistas de derechos humanos comenzaron de inmediato a utilizar sus programas para divulgar sus denuncias.
Es así como el 5 de febrero de 1988 Radio Martí transmite por primera vez una entrevista grabada en La Habana a un grupo de dirigentes del CCPDH. Se trata de una ''mesa redonda'', titulada Coloquio en La Habana, dirigida por Rolando Cartaya. En el programa participan Bofill, Bragado, Díaz Castro, Eddie López, Raúl Montesinos y Rafael Saumell.
En su libro La Fisura, apuntes para una historia del movimiento de derechos humanos en Cuba, el escritor Reinaldo Bragado, fallecido prematuramente, deja constancia también de esa colaboración, al referirse a un artículo suyo, "Una misa en busca de su ceiba", fragmentos del cual la emisora Radio Martí transmitió hacia la isla en el programa "Los Derechos Humanos al día", del periodista Jorge Ríopedre, constituyendo el primer documento periodístico redactado en Cuba que la emisora difundió hacia Cuba.
Aunque los principales dirigentes del movimiento de derechos humanos de Cuba han tenido la precaución de archivar y catalogar documentos, comentarios y artículos periodísticos que recogen su desarrollo a lo largo de estos 42 años, buen número de los cuales han sido reseñados por este autor, es imposible resumir en un análisis periodístico un proceso tan complejo.
Esa es una tarea que corresponde a los historiadores.
En las últimas cuatro décadas han surgido en Cuba decenas de grupos cívicos y de derechos humanos. De todo signo y color político. La mayoría sin una militancia masiva, que en ocasiones intercambian liderazgos y títulos.
Algunos han querido ver en tal diversidad una fragmentación inútil de la oposición. Otros apuntan al quehacer de los servicios de inteligencia que han utilizado todo el arsenal disponible para obstaculizar el desarrollo del movimiento opositor.
Quizás nada defina mejor el camino recorrido por el movimiento de derechos humanos y la oposición interna, que las notas publicadas por Bragado, en La Fisura, que reúne importantes documentos para la historia de ese proceso y su reconocimiento nacional e internacional:
``Ha sido difícil conseguir este reconocimiento pero, una vez conseguido, entra a formar parte de una nueva realidad. La correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición sigue a favor del gobierno aunque también sigue cambiando, lenta pero inexorablemente, a favor de la oposición. La lucha por hacer cada vez más visible la oposición de la isla sigue teniendo una importancia decisiva'', comentó Bragado.
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Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
A uno le negaron el Parole pero otra alta dirigente entró por CBPOne por “miedo al socialismo” (VIDEO)
Mientras a Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud le negaban el parole humanitario para entrar a Estados Unidos, su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se instalaba en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur, mediante la aplicación CBPOne en la que alegó “miedo al socialismo”, según conoció Martí Noticias.
Casañola Quintana fue presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2012 y 2018 y diputada al parlamento cubano. Antes, fue dirigente de la Federación oficialista de Mujeres Cubanas, jefa en la Unión de Jóvenes Comunistas y otras empresas estatales, e incluso llegó a graduarse en la Escuela Superior del Partido Ñico López con especialidad en Defensa Nacional.
Un reporte de la prensa local en 2018 da cuenta de su “liberación por petición propia” de sus cargos, debido a que permanecería “por un largo período de tiempo en el exterior, que la imposibilita cumplir las tareas asignadas”.
"Numerosos reconocimientos de organismos y organizaciones recibió, entre ellos la réplica del buque Pinero, atributo de mayor rango que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular", reseñó entonces el Periódico Victoria.
La ex dirigente no quiere hablar de su pasado comunista
Casañola Quintana, de 56 años, viajó a México con su hijo Fidel Alejandro Espinosa Casañola y durante meses esperaron su cita de CBPOne, la única vía legal para pedir asilo en la frontera estadounidense. Medios independientes habían reportado su presencia en México, pero aún así logró obtener su cita y entrar a Estados Unidos alegando “miedo al socialismo”, dijeron fuentes cercanas a la exfuncionaria, que fueron consultadas por Martí Noticias.
Mediante las citas programadas en CBPOne han entrado a Estados Unidos más de 500,000 inmigrantes, quienes alegan miedo a regresar a sus países por persecución y en teoría deben pelear un asilo en cortes norteamericanas.
Madre e hijo eliminaron sus perfiles de Facebook tras ser contactados por Martí Noticias para esta historia.
Un perfil a nombre de Casañola Quintana en la red social X fue muy activo en compartir propaganda favorable al régimen cubano hasta mayo de 2023.
Martí Noticias conversó telefónicamente con un familiar de Casañola Quintana, quien confirmó que ella entró a Estados Unidos por CBPOne y que no quiere hablar con la prensa sobre su pasado comunista.
Recientemente Martí Noticias reveló en exclusiva cómo le fue negada la entrada a Estados Unidos a Liván Fuentes Álvarez, quien trabajó mano a mano con Casañola Quintana, primero como vicepresidente de la Asamblea Municipal en Isla de Pinos y luego la sustituyó cuando ella decidió irse al extranjero.
Reacciones ante su llegada a Estados Unidos
“Ella iba por los pueblos pidiéndole a la gente que confiara en la revolución y el socialismo. Pedía mano dura contra las ilegalidades. Hablaba maravillas de Fidel, de Raúl y de Díaz-Canel y mira dónde está ahora. Todo el mundo está indignado en la Isla ¿Cómo pueden dejar entrar a Estados Unidos alguien así?”, dijo María Antonia Guerra desde la Isla de la Juventud.
El activista Ramón Salazar, reprimido por manifestarse el 11 de julio de 2021, dijo a Martí Noticias que es una “vergüenza” que se le permitiera la entrada a EEUU a alguien “con esas credenciales”.
“Queremos ponerle asunto a las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacerle llegar que esta señora, en el tiempo que estuvo como presidenta del Poder Popular, ordenó y participó en actos de repudio en contra de opositores y también es miembro del Partido Comunista de Cuba”, dijo.
“Pedimos que se analice su caso y sea devuelta a territorio cubano. Disfrutó de los beneficios de la dictadura y ahora también quiere hacerlo con Estados Unidos de Norteamérica”, insistió Salazar, quien preside el opositor Partido Autónomo Pinero.
¿Quién tiene derecho a pedir asilo?
Según el derecho estadounidense e internacional, cualquiera que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo, dijo el abogado Ángel Leal.
“Las leyes actuales permiten que cuando cientos de miles de personas cruzan la frontera estadounidense puedan buscar esa protección. Es la sección 208 del Código de Inmigración”, dijo Leal.
Para ganar un caso de asilo, el inmigrante debe demostrar persecución o temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
De acuerdo con fuentes cercanas a Casañola Quintana, las autoridades le entregaron un Formulario I-94, considerado un Registro de Entrada al país.
El Departamento de Seguridad Nacional expide este documento a los extranjeros que son admitidos, a los que están en proceso de ajusta su estatus en EEUU o a quienes extienden su estadía.
Con el Formulario I-94 podrá obtener un Parole que le permitirá acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, al año y un día de llegar a EEUU y hacer su camino a la residencia permanente.
“Su residencia y ajuste de estatus dependerá de si es admisible o no y hay un sinnúmero de motivos por la que la podrían descalificar, por ejemplo delitos contra la moral, fraudes migratorios o la pertenencia a un partido totalitario. En el caso de Cuba tanto la pertenencia a la Unión de Jóvenes Comunistas como el Partido Comunista podrían impedirle hacerse residente”, añadió Leal.
De acuerdo al abogado, quienes participaron en un partido político totalitario deben esperar al menos cinco años para obtener la residencia permanente y en el caso de la ciudadanía deberá demostrar al menos 10 años de no tener vínculos con este tipo de organizaciones.
Organizaciones religiosas piden a Biden cambios en relaciones con Cuba
Unos 20 grupos religiosos con sede en Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden la semana pasada instándolo a realizar cambios importantes en las relaciones bilaterales con Cuba, informó la publicación Baptist News Global.
Además, criticaron la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, opinando que esto es un factor importante en la crisis económica del país caribeño y que ha tenido un efecto en la capacidad de estas organizaciones religiosas de colaborar con grupos religiosos dentro de Cuba y de brindar ayuda humanitaria en la isla.
“Para nosotros es muy difícil mandar apoyo en forma de recursos financieros, en forma de apoyo para hacer proyectos allá en Cuba. No se puede hacer por medio de los bancos, porque Cuba está en esta lista. No se puede hacer por medio de Western Union. Es una situación muy difícil, entonces nosotros hemos tenido que llevar pocas cantidades de efectivo. En realidad, es la única manera de llevar apoyo y llevar asistencia a nuestros amigos”, declaró Jason Smith, Director Ejecutivo de Bautistas por la Paz, uno de los grupos que se unió a la misiva.
En entrevista con Martí Noticias, señaló que otra dificultad que enfrentan estos grupos de fe es que los pastores cubanos que colaboran con Bautistas por la Paz y otras organizaciones no pueden viajar a Estados Unidos para participar en conferencias.
“Estamos en colaboración con amigos en México, en Puerto Rico, hasta Uganda y la República de Georgia y en ninguna de esas situaciones está tan difícil como Cuba, que solo queda a 90 millas, a 150 kilómetros de los Estados Unidos”, opinó Smith.
Además de Bautistas por la Paz, la carta fue firmada por el Consejo Nacional de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, Pax Christi USA, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Metodista Unida, Comité Central Menonita de EE. UU., Comité de Amigos de la Legislación Nacional, Iglesia Evangélica Luterana en América e Iglesia de los Hermanos, la Alianza de Bautistas y Sociedades Misioneras Bautistas Americanas.
En la carta enviada a Biden también piden al presidente que tome medidas adicionales destinadas a aliviar la crisis económica en Cuba y opinan que el embargo contra el gobierno cubano es moralmente inaceptable y va en contra de los derechos humanos.
“No estamos en solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el gobierno de Cuba. Estamos en solidaridad con el pueblo cubano”, subrayó Smith.
Aunque La Habana insiste en que el embargo es la principal razón de la crisis económica, las importaciones desde Estados Unidos han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Sólo en alimentos y productos agrícolas, Cuba alcanzó en 2023 los 342.6 millones de dólares, según estadísticas del Departamento de Agricultura.
La Administración del presidente Biden ha señalado anteriormente que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana.
El 12 de enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo tras determinar “que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”.
Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según conoció Martí Noticias.
Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso, dice que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como País que No Coopera Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas.
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